Amnistía Internacional reúne 61 casos para denunciar el “uso excesivo de la fuerza policial” en la huelga del 11N

Amnistía Internacional denuncia 61 casos de “uso excesivo de la fuerza policial” en la huelga del 11N y exige revisar armamento y protocolos de Interior.

Agente de la Policía durante la huelga general del 11N Rafael Bastante - Europa Press

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Amnistía Internacional ha recopilado 61 casos con los que denuncia el “uso excesivo de la fuerza policial” contra manifestantes y periodistas que actuaban de forma “pacífica” durante la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. La organización reclama al Ministerio del Interior que las pesquisas internas para aclarar la actuación policial se hagan públicas “al detalle” y que se revise “todo el armamento menos letal usado en protestas”.

Según explica en un comunicado, a partir de los equipos de observación desplegados sobre el terreno, del análisis de abundante material audiovisual y de 24 entrevistas personales con testigos que denuncian un uso desproporcionado de la fuerza, Amnistía Internacional ha podido registrar “golpes de porra contra personas que no suponían una amenaza”, muchos de ellos “en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, y también contra personas de espaldas que huían o se alejaban de los agentes”.

La organización documenta asimismo “el uso indiscriminado de espray pimienta contra personas y grupos de manifestantes pacíficos”, en algunos casos lanzado “a muy corta distancia”, además de botes de gas lacrimógeno dirigidos contra “una multitud pacífica que acabó encapsulada” y disparos de pelotas de goma “por la espalda”.

“Estas actuaciones son incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación”, recalca Amnistía Internacional, que subraya que la jornada del 11 de noviembre “fue, en su inmensa mayoría, una protesta pacífica” y que los “hechos aislados” de violencia registrados, sobre todo en Barcelona, no legitiman el empleo de la fuerza “contra quienes se manifiestan pacíficamente”.

Actuación policial en la protesta de Madrid

En este marco, la organización centra parte de su análisis en la manifestación del 11 de noviembre en Madrid por la tarde. Según detalla, la marcha “transcurría de forma pacífica por la Gran Vía y tenía previsto finalizar en la Plaza de España”, pero la Policía Nacional “bloqueó el paso de la mayoría de los participantes mediante un cordón policial y varios furgones, impidiendo que continuaran su recorrido”.

Amnistía Internacional sostiene que esta intervención se llevó a cabo sin avisos claros de dispersión, de modo que muchos asistentes desconocían por qué se les impedía avanzar. A partir de ese momento, y siempre según la organización, los agentes iniciaron la dispersión mediante cargas, golpes de porra, lanzamiento de botes de gas lacrimógeno y disparos de pelotas de goma, mientras en las calles cercanas las salidas estaban restringidas por el propio despliegue policial.

La entidad recuerda que la Observación General nº37 del Comité de Derechos Humanos “establece que el gas lacrimógeno tiende a tener efectos indiscriminados, y que solo pueden emplearse como último recurso” y, en consecuencia, “solo debe utilizarse en situaciones de violencia tan generalizada que no es posible actuar contra las personas concretas que la ejercen”.

“Su uso debe ir precedido de avisos claros, dejar tiempo y vías de salida seguras, y nunca producirse donde las personas no pueden dispersarse. En Madrid no se dio ninguna de esas condiciones”, insiste Amnistía Internacional, que vincula el uso desproporcionado de este material con golpes, sensación de quemazón y dificultades respiratorias entre quienes participaban en la protesta.

Exigencias al Ministerio del Interior

Ante estos hechos, Amnistía Internacional reclama a las autoridades que garanticen el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y que las intervenciones policiales potencialmente lesivas contra manifestantes pacíficos desde el 11 de noviembre sean objeto de una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial”, cuyas conclusiones se hagan públicas. Además, pide que estas pesquisas alcancen a la cadena de mando, incluidas las órdenes transmitidas a los agentes.

La organización solicita al Ministerio del Interior y a las Delegaciones del Gobierno una revisión “en profundidad ” de los protocolos y normas que regulan la actuación policial en manifestaciones y protestas, con especial atención al uso de armamento menos letal, para garantizar que “cumple los estándares internacionales de derechos humanos”.

En lo relativo a los botes de gas lacrimógeno, Amnistía reclama que la orden de no utilizarlos “se concrete en un protocolo público” y que, mientras sigan en servicio, solo se empleen ante una violencia generalizada que no pueda afrontarse actuando contra las personas responsables. También exige que su uso vaya siempre precedido de “avisos claros, con tiempo y vías de salida seguras”, que no se disparen en lugares donde la gente no pueda dispersarse ni contra multitudes encapsuladas y que los botes nunca se dirijan de forma directa contra las personas.

En cuanto al espray pimienta, la organización plantea que la Policía Nacional y la Guardia Civil aprueben y difundan un protocolo específico que contemple aviso previo, un margen de tiempo para apartarse, la prohibición de utilizarlo frente a la resistencia pasiva y de proyectarlo a los ojos, así como la obligación de garantizar rutas de salida seguras.

Respecto al uso de porras, Amnistía Internacional sostiene que solo deberían emplearse contra quien cause o amenace con causar un daño inminente y nunca “contra la cabeza, el cuello o la parte superior del cuerpo”. Reitera también la necesidad de prohibir las balas de goma “por ser intrínsecamente imprecisas” y, mientras no se retiren, que en ningún caso se disparen a corta distancia, a la parte superior del cuerpo, contra personas que huyen ni con el objetivo de dispersar a una multitud pacífica.