El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, ha señalado este miércoles, tras conocerse el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha llegado el momento de “regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno, remarcando además que “cobrar por gestiones políticas es delito”.
En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reiterado esta posición y ha admitido que la resolución judicial “no pinta ni huele bien”, por lo que, a su juicio, se requieren como mínimo “muchas explicaciones” acerca de las actividades desarrolladas por Zapatero.
Si este martes varios portavoces de Sumar encuadraban la imputación de Zapatero en un posible caso de 'lawfare', tras hacerse público el auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, el portavoz de Justicia ha optado por enfatizar otros aspectos. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima”, ha recalcado Santiago.
En los pasillos del Congreso, ha lanzado además una advertencia adicional: “Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente”, ha dicho Santiago.
“Hacen falta muchas explicaciones” y reforma del estatuto
Por su parte, Ibáñez ha subrayado que en España “no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas” pero que ahora corresponde actuar con cautela, ya que el “auto no huele bien” y hacen “falta muchas explicaciones .
Al igual que su compañero de filas, el representante de Compromís ha reclamado que se revise el estatuto que regula las actividades de los expresidentes y ha opinado que “no es normal” que se desempeñe trabajo en compañías dedicadas a asesorar a multinacionales sobre cómo acceder a las administraciones públicas, “te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar”.
Preguntado sobre si esa exigencia de aclaraciones alcanza también al actual presidente, Pedro Sánchez, el diputado de Compromís ha precisado que este asunto “de momento no está en la parte del Gobierno” y se limita al ámbito del “lobbismo”, reclamando una ley efectiva que ordene y controle la actividad de los lobbies.