La Comisión Constitucional del Congreso abordará y someterá a votación el próximo miércoles una proposición no de ley del PP con la que pretende impedir que la Mesa de la Cámara, presidida por la socialista Francina Armengol, siga recurriendo a prórrogas “automáticas y reiterada” del plazo de presentación de enmiendas para “bloquear” iniciativas legislativas que no cuentan con el respaldo del Gobierno.
La propuesta, enmarcada en la defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos y a la que ha tenido acceso Europa Press, persigue que el Congreso reafirme su compromiso con la protección del derecho constitucional de los ciudadanos a intervenir en la vida pública, ya sea de forma directa o a través de representantes elegidos libremente en comicios periódicos por sufragio universal.
En línea con la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, el texto reclama que la Cámara Baja se comprometa a salvaguardar ese derecho, garantizando un desarrollo ordinario de la función legislativa y evitando que vuelvan a registrarse “vulneraciones del derecho de participación política mediante la prórroga automática y reiterada” del plazo de enmiendas de aquellas iniciativas legislativas cuya tramitación haya sido acordada por el Pleno.
Sentencia reciente del Tribunal Constitucional
La iniciativa recuerda que el Tribunal Constitucional estimó el pasado 14 de abril un recurso de amparo del PP contra acuerdos de la Mesa del Congreso de la anterior legislatura, por los que se llegó a ampliar en más de 70 ocasiones el periodo para registrar enmiendas a un proyecto de ley.
De acuerdo con el escrito, la resolución del TC dejó claro que la decisión de la Mesa “no favorece que los diputados puedan ejercer con mayores garantías su labor parlamentaria, sino que, por el contrario, dificulta y obstruye dicha tarea al impedir que el procedimiento legislativo siga su curso debido y se dé cumplimiento a la decisión del Pleno de la Cámara”.
El PP sostiene asimismo que este modo de proceder “viene a ser la tónica habitual de esta legislatura” y argumenta que el normal ejercicio de la función legislativa se ve frustrado cuando la Mesa “subvirtió la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas y la utiliza, de manera mecánica y sistemática, para bloquear determinadas fases del procedimiento parlamentario”.
Libertad de expresión y críticas al Gobierno
En esa misma sesión de la Comisión Constitucional se discutirá otra proposición, en este caso de Vox y también recogida por Europa Press, orientada a la defensa de la libertad de expresión “frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez” o el “uso expansivo del llamado delito de odio”.
El texto de Vox plantea rechazar cualquier iniciativa que busque imponer “la censura en las redes sociales”, así como garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones mediante cualquier medio de reproducción; y reclama además impulsar el fin de “la cultura de la cancelación, en especial la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología woke dominante”.