El Tribunal de Cuentas afea en el Congreso el uso excesivo de contratos menores en universidades públicas en 2022

El Tribunal de Cuentas denuncia en el Congreso el uso masivo de contratos menores en universidades públicas y exige mejorar la planificación y el control.

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El Tribunal de Cuentas ha reiterado este martes ante las Cortes el “uso excesivo” de la contratación menor detectado en 2022 en las universidades públicas de Cantabria, Murcia y Extremadura.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha intervenido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso, donde ha presentado el Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las universidades y sus entidades dependientes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio correspondiente al ejercicio 2022.

En este documento, el órgano fiscalizador constata un recurso intensivo a la contratación menor por parte de diversas universidades públicas y de sus entidades vinculadas en comunidades sin Órgano de Control Externo (OCEX) propio.

Se trata de una de las principales conclusiones del informe de fiscalización aprobado por el Pleno, referido a 2022, en el que se examinan 198 contratos de cinco universidades públicas y 154 contratos de seis entidades dependientes.

Durante su exposición, Chicano ha subrayado que, en 2022, las universidades formalizaron más de 34.500 contratos por un importe global que supera los 67 millones de euros.

El informe detalla que la contratación menor representó un peso muy elevado sobre el total adjudicado en cuatro de las cinco universidades analizadas: el 58% en la Universidad de Murcia, el 51% en la de Cantabria, el 37% en la Politécnica de Cartagena y el 30% en la Universidad de Extremadura. Solo la Universidad de La Rioja presenta un porcentaje sensiblemente inferior, del 18%.

Esta modalidad contractual, aunque amparada por la normativa vigente, “conlleva riesgos específicos derivados de la no exigencia de publicidad ni concurrencia”, advierte el Tribunal de Cuentas, lo que puede derivar en adjudicaciones fraccionadas o reiteradas.

Pese a ello, el informe valora de forma favorable que las universidades hayan empezado a implantar medidas para programar mejor su contratación y limitar el recurso sistemático a los contratos menores.

Entre estas iniciativas se incluyen una mayor anticipación en la detección de necesidades, el refuerzo de los procedimientos internos y la posible utilización de contratos de prestación sucesiva, considerados más adecuados para la cobertura de servicios continuados.

Además del examen técnico, la fiscalización ha tenido un impacto directo en la mejora del cumplimiento de la normativa por parte de las entidades afectadas.

En concreto, ha logrado que las entidades dependientes que no remitían su información contractual al Tribunal de Cuentas —en algunos casos por desconocer esta obligación legal— hayan comenzado a enviar estos datos.

El Tribunal de Cuentas ha formulado también un conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a las universidades como a sus entidades vinculadas.

Entre otras, insta a las universidades de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena a adoptar las medidas necesarias, en especial en el caso de la Universidad de Extremadura, para asegurar que la remisión de la información sobre la contratación celebrada se lleve a cabo en los términos fijados en la legislación aplicable y conforme a la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.

A todas las entidades dependientes fiscalizadas, el Tribunal de Cuentas también aconseja que adopten las medidas oportunas para garantizar que el envío al organismo de la información sobre la contratación celebrada se realice en los términos establecidos en la legislación aplicable y en la forma que determina la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.

Igualmente, recomienda que se lleve a cabo una planificación adecuada de la cobertura de las necesidades recurrentes, evitando la suscripción de contratos sucesivos para atender requerimientos continuados, lo que “permitiría la contratación de los servicios y suministros necesarios a través de los procedimientos ordinarios de adjudicación, con plena garantía de los principios de publicidad y concurrencia”.