Vox ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que pretende forzar una votación en la Comisión Mixta para la UE, integrada por diputados y senadores, para que se rechace el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y los Veintisiete sobre Gibraltar, al considerar que el tratado resulta “perjudicial” para los intereses de España.
La formación que lidera Santiago Abascal ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que, si sale adelante, instará al Ejecutivo de Pedro Sánchez “a rechazar en tantas instancias como sea requerido” el pacto relativo al Peñón “por entenderlo perjudicial para los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa”.
Está previsto que la propuesta se discuta en las próximas semanas en esta comisión mixta, donde se sientan tanto diputados como senadores, y servirá para que las Cortes españolas se pronuncien sobre un tratado que, al ser de naturaleza internacional, según han sostenido tanto Bruselas como el propio Gobierno, no requiere el visto bueno de los parlamentos nacionales de los Estados miembro.
El acuerdo, que fijará el marco de relaciones de Gibraltar con la UE tras el Brexit y cuyo elemento más visible será la eliminación de la Verja, solo necesita, del lado comunitario, la ratificación del Consejo (los gobiernos) y del Parlamento Europeo, mientras que en el Reino Unido deberá ser refrendado por la Cámara de los Comunes.
En este contexto, y teniendo en cuenta que el PP ya manifestó, cuando se hizo público el texto el pasado 26 de febrero, que “cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático”, aumenta la posibilidad de que la iniciativa promovida por Vox prospere y que Congreso y Senado se posicionen formalmente en contra del tratado.
INICIATIVA DEL PP
Al mismo tiempo, conviene recordar que los 'populares' habían presentado previamente otra proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno que aplique el artículo 94.1 de la Constitución, donde se detallan los supuestos en los que es imprescindible la autorización previa de las Cortes para este tipo de acuerdos internacionales.
En ese texto, los de Alberto Núñez Feijóo sostienen que “su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado” y reprochan al Ejecutivo que la negociación se desarrollara “con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático: ni las Cortes Generales ni el primer partido de España fueron informados de los aspectos sustantivos que finalmente han quedado recogidos en el texto”.