El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España que contempla la creación de una red inicial de 20 centros públicos de investigación con un régimen especial de autonomía y flexibilidad administrativa. La medida permitirá agilizar la contratación de investigadores de prestigio internacional, ofrecer condiciones salariales más competitivas y facilitar la adquisición de equipamiento científico, además de impulsar la creación de empresas vinculadas a los descubrimientos desarrollados en estas instituciones.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha explicado que el objetivo es reducir la dependencia tecnológica de otros países y convertir los avances de la investigación pública en nuevas tecnologías, actividad empresarial y empleo de calidad. El decreto también incorpora medidas que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación y un tercer bloque destinado a estimular la inversión privada en I+D+i.
Régimen especial
La principal novedad del real decreto ley es la creación de un grupo de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, integrado inicialmente por 20 instituciones públicas de investigación de excelencia que trabajen en tecnologías consideradas estratégicas.
Podrán acogerse a este régimen instituciones públicas de distinta naturaleza, incluidos consorcios, fundaciones públicas y entidades acreditadas como centros de excelencia Severo Ochoa o unidades María de Maeztu. Su selección se realizará mediante un procedimiento interministerial y deberá recibir posteriormente la aprobación del Consejo de Ministros.
El régimen excepcional tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prorrogarse durante otros cinco. Además, se evaluará al tercer año para analizar sus resultados y estudiar una posible ampliación a nuevos centros.
Las ventajas administrativas no se aplicarán de forma indiscriminada a toda la actividad de las instituciones seleccionadas, sino únicamente a las líneas de investigación directamente relacionadas con las diez áreas tecnológicas estratégicas identificadas por la Comisión Europea y recogidas en las estrategias españolas.
Entre estas tecnologías se encuentran la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados, la biotecnología, las tecnologías cuánticas, la energía y el espacio. Según Morant, son ámbitos fundamentales para la seguridad económica, la competitividad internacional y la autonomía tecnológica de España.
Más flexibilidad para contratar investigadores y comprar equipamiento científico
Con el nuevo régimen, los centros seleccionados dispondrán de mayor autonomía para gestionar sus recursos y competir con las grandes instituciones científicas internacionales.
Morant ha explicado que uno de los obstáculos actuales es la dificultad para incorporar con rapidez a investigadores de reconocido prestigio y ofrecerles retribuciones comparables a las de otros centros extranjeros. El decreto pretende proporcionar herramientas para superar estas limitaciones y facilitar la atracción de talento.
También permitirá agilizar la adquisición de equipos científicos necesarios para desarrollar investigaciones estratégicas, reduciendo las demoras que pueden provocar determinados procedimientos administrativos.
La ministra ha defendido que España ya dispone de grupos de investigación capaces de competir y colaborar con las principales instituciones internacionales, pero considera necesario dotarlos de una estructura de gestión más flexible ante la aceleración tecnológica y la creciente competencia entre las grandes potencias.
Los investigadores públicos podrán crear empresas y desarrollar sus descubrimientos
Otra de las novedades es el impulso a la transferencia de conocimiento, con medidas destinadas a facilitar que los descubrimientos científicos puedan convertirse en productos, tecnologías y proyectos empresariales.
El régimen especial permitirá a los centros seleccionados crear empresas o participar en ellas para desarrollar comercialmente los resultados de sus investigaciones, favoreciendo que los avances científicos lleguen al tejido productivo.
A estas posibilidades se suman reformas de mayor alcance que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación. Entre ellas se encuentra la autorización para que los investigadores de los organismos públicos puedan establecer contratos con empresas destinados a desarrollar y aplicar sus descubrimientos.
Morant ha explicado que esta posibilidad ya existe para el profesorado universitario y que el Gobierno ha decidido extenderla a los investigadores de los organismos públicos de investigación.
También se simplificarán los procedimientos administrativos necesarios para suscribir acuerdos de colaboración entre centros públicos y entidades privadas, con el propósito de facilitar proyectos conjuntos y acelerar la aplicación industrial de los resultados científicos.
Mejores salarios para los investigadores que capten financiación externa
Las medidas del segundo bloque del decreto beneficiarán a instituciones que no formen parte de la nueva red de 20 centros. Entre ellas destaca la posibilidad de mejorar las retribuciones de investigadores distinguidos que consigan financiación externa, tanto de fuentes públicas como privadas.
Según ha detallado la ministra, los centros podrán aprovechar los recursos obtenidos por estos profesionales para aumentar sus salarios y mejorar así su capacidad para atraer investigadores internacionales.
El decreto también facilitará la doble afiliación de investigadores a distintas instituciones y su movilidad entre centros, con el objetivo de favorecer la colaboración científica y aprovechar mejor los recursos y capacidades del sistema público.
Estas reformas buscan reducir las dificultades administrativas que afectan a la contratación, la movilidad profesional y las relaciones entre las instituciones científicas y las empresas.
El Gobierno quiere aumentar la inversión privada en I+D+i
El tercer bloque de medidas está dedicado a incentivar la inversión empresarial en investigación, desarrollo e innovación.
Morant ha reconocido que España ha incrementado su inversión conjunta en I+D+i durante los últimos años, pero ha advertido de que la aportación del sector privado continúa por debajo de la media europea y de los niveles que considera necesarios.
La ministra ha defendido la utilización de la inversión pública como instrumento para atraer recursos empresariales y favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos industriales.
Esta orientación enlaza con la Estrategia Nacional Deep Tech 2026-2030, aprobada por el Gobierno en mayo, que contempla movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030 para reforzar el desarrollo de tecnologías avanzadas y su aplicación empresarial.
La soberanía tecnológica, una prioridad para el Gobierno
Durante su comparecencia, Morant ha vinculado la aprobación del decreto con las lecciones aprendidas durante la pandemia, cuando la capacidad científica y tecnológica propia resultó determinante para responder a la emergencia sanitaria.
Según ha explicado, España ha reforzado sus capacidades de investigación durante los últimos años, aunque la aceleración tecnológica y la competencia internacional exigen nuevas reformas para mantener ese avance. La ministra considera que disponer de tecnologías propias resulta esencial para reducir la dependencia exterior, mejorar la seguridad económica y reforzar la capacidad de decisión del país.
La norma tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días.