El Gobierno ha aprobado este viernes un paquete de medidas energéticas, científicas y medioambientales, junto a una declaración institucional para reforzar la protección de los derechos de la infancia. Entre los principales acuerdos del Consejo de Ministros destaca la nueva planificación de la red de transporte de electricidad hasta 2030, con inversiones previstas de 17.142 millones de euros, así como un real decreto ley para impulsar la investigación en tecnologías estratégicas y nuevas disposiciones relacionadas con las emisiones y las energías renovables.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, celebrada a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha presentado los acuerdos acompañada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Más de 17.000 millones para modernizar la red eléctrica hasta 2030
Con la aprobación de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030, el Ejecutivo da luz verde a una inversión de 17.142 millones de euros destinada a modernizar y ampliar las infraestructuras eléctricas españolas.
La nueva planificación, que Aagesen presentó ante la Diputación Permanente del Congreso el pasado 12 de noviembre, contempla un incremento del 30% respecto a la propuesta sometida inicialmente a información pública. Su finalidad es adaptar la red al crecimiento de la demanda, facilitar la electrificación industrial y permitir la conexión de nuevas instalaciones de generación renovable.
El documento también busca mejorar la seguridad del suministro y responder a las necesidades de empresas y consumidores que requieren nuevas conexiones eléctricas. La disponibilidad de capacidad en la red se ha convertido en uno de los principales condicionantes para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y empresariales.
La inversión prevista se apoya en la revisión del marco normativo aprobada en julio, que habilitó hasta 17.900 millones de euros adicionales para las redes de transporte y distribución eléctrica hasta 2030.
Noticia destacada
El Gobierno aprueba el real decreto de centros de datos: todos los detalles
9 minutos
Nuevas normas sobre emisiones y energías renovables
También ha aprobado el Consejo de Ministros la transposición del nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera, una de las iniciativas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta adaptación normativa forma parte de los compromisos europeos de reducción de emisiones contaminantes y amplía el ámbito de aplicación de los mecanismos de comercio de emisiones a sectores que tienen una incidencia directa en el consumo energético de hogares y empresas.
Junto a esta disposición, el Ejecutivo ha dado luz verde a otra iniciativa para facilitar la integración de las energías renovables, dentro de su estrategia para avanzar en la electrificación y la descarbonización.
Un régimen especial para impulsar la investigación y crear empresas tecnológicas
En el ámbito científico, se ha aprobado un real decreto ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España, reducir la dependencia exterior y favorecer el desarrollo de tecnologías consideradas estratégicas, entre ellas la inteligencia artificial y los semiconductores avanzados.
La norma introduce un régimen especial para que determinados organismos públicos de investigación puedan transferir los resultados de sus trabajos y desarrollar proyectos empresariales vinculados a sus descubrimientos. Se pretende facilitar que los avances científicos puedan tener aplicaciones industriales y comerciales.
Inicialmente, podrán acogerse 20 centros de investigación, seleccionados mediante un procedimiento interministerial y cuya incorporación deberá aprobar el Consejo de Ministros. Entre las instituciones que podrán participar se encuentran consorcios, fundaciones y centros acreditados con los distintivos de excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu.
El régimen tendrá una duración inicial de cinco años, prorrogables por otros cinco, y será evaluado al tercer año para determinar sus resultados y estudiar una posible ampliación.
Noticia destacada
El Consejo de Ministros refuerza la soberanía científica y tecnológica de España
5 minutos
Nuevas medidas para las energías renovables y las emisiones
En materia medioambiental, el Ejecutivo también ha aprobado la transposición del nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión aplicable a los edificios y al transporte por carretera.
La iniciativa forma parte de la adaptación de la legislación española a las obligaciones climáticas europeas y afecta a dos sectores especialmente relevantes para la reducción de emisiones.
Junto a esta medida, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a otra iniciativa encaminada a facilitar la integración de las energías renovables en el sistema energético, dentro de las actuaciones para avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía española.
Una declaración institucional sobre los derechos de la infancia
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que reafirma su compromiso con la protección de los niños y adolescentes.
Saiz ha destacado la necesidad de combatir la pobreza infantil y reforzar los servicios públicos relacionados con la educación, la sanidad, la vivienda, la protección social y los cuidados. También ha insistido en prevenir todas las formas de violencia y discriminación contra los menores.
La portavoz ha dedicado especial atención a la protección de la infancia migrante, al defender que todos los niños deben disponer de las mismas garantías, independientemente de su origen o situación administrativa.
Asimismo, ha advertido de los riesgos asociados al entorno digital y ha defendido que "la seguridad, la privacidad y el bienestar de los menores estén por encima de cualquier interés comercial". La declaración reclama la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de la infancia y reforzar la protección de los menores frente a la desigualdad y la violencia.