El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital de los centros de datos, con el objetivo de evitar que el crecimiento de estas instalaciones encarezca la factura eléctrica de los hogares y las empresas. Según los cálculos presentados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la ausencia de esta regulación supondría un sobrecoste de 5.000 millones de euros para los consumidores, mientras que, en uno de los escenarios analizados, la industria podría pagar hasta un 25% más por la electricidad.
La nueva norma obliga a que los centros de datos cubran el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable adicional, introduce los máximos estándares europeos de eficiencia en el consumo de agua y electricidad y establece mecanismos para garantizar que los datos permanezcan en el espacio europeo y limitar el acceso desde terceros países.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Aagesen ha defendido una regulación que considera pionera a escala internacional y necesaria para anticiparse a los problemas que ya han sufrido otros países por la rápida expansión de estas infraestructuras. España, según los datos facilitados por la ministra, ya ha concedido 15 gigavatios (GW) de permisos de acceso a la red eléctrica para centros de datos y acumula solicitudes por más de otros 20 GW.
Un sobrecoste de 5.000 millones
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para justificar la aprobación del decreto es el efecto que podría tener el crecimiento de los centros de datos sobre el precio de la electricidad si no se acompaña de nueva capacidad de generación renovable.
Aagesen ha advertido de que, en ausencia de esta regulación, los consumidores tendrían que asumir un impacto económico estimado en 5.000 millones de euros en sus facturas. Ese incremento estaría relacionado tanto con una subida de los precios del mercado mayorista como con unas mayores necesidades de financiación del mecanismo de capacidad, destinado a garantizar la disponibilidad de electricidad cuando el sistema lo requiera.
Los efectos podrían ser especialmente importantes para el tejido productivo. Entre los escenarios estudiados por el Gobierno, la ministra ha destacado uno en el que los consumidores industriales tendrían que pagar un 25% más por la energía eléctrica consumida.
Con estas previsiones, el Ejecutivo justifica la necesidad de condicionar la llegada de grandes proyectos de centros de datos al cumplimiento de requisitos energéticos que impidan trasladar sus costes al resto de consumidores.
La ministra ha vinculado esta regulación con la modernización y electrificación de la economía española, la competitividad industrial y la protección de los hogares. El objetivo es permitir la expansión de las infraestructuras digitales sin comprometer los avances conseguidos mediante el despliegue de energías renovables y la reducción de los precios eléctricos.
Las cifras de 5.000 millones y del 25% corresponden a estimaciones gubernamentales sobre escenarios sin regulación, no a incrementos que ya se hayan producido.
El 80% de la electricidad deberá proceder de renovables adicionales
Entre las principales exigencias del decreto, el Gobierno mantiene la obligación de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable adicional.
La adicionalidad significa que el suministro deberá contribuir a incorporar nueva generación renovable al sistema eléctrico, evitando que la llegada de grandes consumidores absorba electricidad limpia que ya estaba destinada a cubrir otras necesidades.
Durante la tramitación, esta condición ha sido una de las más discutidas por las empresas del sector. Aagesen ha confirmado que el Ejecutivo ha introducido modificaciones después de estudiar las alegaciones, aunque ha decidido conservar el porcentaje del 80%.
Las modificaciones incluyen una mayor flexibilidad para determinadas tecnologías, especialmente la solar fotovoltaica, cuyo despliegue ha crecido considerablemente en España durante los últimos años.
El proyecto normativo había incorporado también otras posibilidades para acreditar el suministro renovable, incluida la utilización de almacenamiento con baterías y una flexibilización de las condiciones aplicables a determinadas instalaciones de generación y contratos eléctricos.
Según la ministra, el propósito es garantizar que los centros de datos puedan desarrollar su actividad sin incrementar la presión sobre el mercado eléctrico y, en consecuencia, sobre los precios que pagan los consumidores.
Eficiencia hídrica
El consumo de agua constituye otro de los ejes centrales del real decreto. El Gobierno exigirá a los centros de datos que entren en funcionamiento bajo la nueva regulación el cumplimiento de la categoría A de eficiencia hídrica, la más exigente del sistema europeo de clasificación.
Aagesen ha explicado que la Unión Europea dispone de una escala que clasifica la eficiencia de estas instalaciones mediante etiquetas comprendidas entre la A y la G, tanto en materia de agua como de consumo energético.
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Para la máxima categoría de eficiencia hídrica, la ministra ha señalado como referencia 0,1 litros de agua por kilovatio hora (kWh), un nivel de consumo que ha considerado prácticamente nulo y técnicamente viable gracias a las tecnologías de refrigeración disponibles.
La exigencia responde a las características climáticas de España, especialmente vulnerable a las sequías y a la disminución de los recursos hídricos.
Durante su intervención, Aagesen ha advertido de que los escenarios asociados al cambio climático apuntan a una menor disponibilidad de agua en el futuro, por lo que considera necesario exigir a las nuevas instalaciones los estándares más elevados desde el inicio de su actividad.
Los centros de datos necesitan sistemas de refrigeración para mantener sus equipos informáticos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Dependiendo de la tecnología empleada, estos sistemas pueden requerir cantidades importantes de agua, una circunstancia especialmente delicada en territorios con estrés hídrico.
En función del clima
Además de los límites al consumo de agua, la nueva regulación incorpora requisitos de eficiencia energética adaptados a las condiciones climáticas de cada territorio.
El Ejecutivo exigirá los estándares más altos de eficiencia, pero tendrá en cuenta las diferencias geográficas y climáticas que afectan a las necesidades de refrigeración de las instalaciones.
Aagesen ha utilizado los ejemplos de Andalucía y el País Vasco para explicar que un centro de datos no necesita la misma energía para refrigerarse en una región cálida que en otra con temperaturas generalmente más bajas.
En consecuencia, la aplicación de los criterios de eficiencia energética se ajustará a las distintas regiones climáticas, manteniendo como referencia la máxima categoría europea.
Con ello, el Gobierno busca combinar unas exigencias elevadas de ahorro energético con las diferencias técnicas y ambientales que condicionan el funcionamiento de estas infraestructuras.
15 GW y otros 20 GW esperan autorización
Las cifras de potencia solicitada por los centros de datos han superado ampliamente las previsiones que manejaban las empresas hace apenas dos años.
Según ha explicado Aagesen, actualmente existen 15 GW de permisos de acceso a la red eléctrica concedidos para estas instalaciones, de los cuales seis corresponden a la red de transporte y nueve a las redes de distribución.
Hace apenas tres meses, el volumen autorizado era de 12 GW. Desde entonces, se han añadido otros tres gigavatios, lo que refleja la rapidez con la que crecen los proyectos previstos en España.
La ministra ha destacado que esos 15 GW equivalen aproximadamente al 40% de la demanda eléctrica máxima del país, tomando como referencia la hora de mayor consumo. Se trata, no obstante, de potencia con permisos de acceso concedidos y no de consumo efectivo de instalaciones que ya estén funcionando.
A estos proyectos se añaden más de 20 GW adicionales en solicitudes pendientes, una cifra que multiplica las expectativas iniciales sobre las necesidades eléctricas del sector. Cuando se aprobó la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, las asociaciones de centros de datos estimaban que España necesitaría alrededor de cuatro gigavatios de potencia eléctrica para estas infraestructuras en 2030.
Con los permisos ya concedidos, esa previsión ha quedado ampliamente superada, incluso antes de que entren en funcionamiento buena parte de los proyectos previstos.
La ministra ha atribuido el atractivo de España para estas inversiones a la transformación del sistema energético y al despliegue de energías renovables, que, según ha defendido, permiten ofrecer precios eléctricos competitivos.
En este sentido, el Gobierno quiere aprovechar ese interés inversor, pero condicionándolo al cumplimiento de requisitos que protejan el suministro eléctrico, los recursos naturales y la competitividad del tejido productivo.
Irlanda, Países Bajos y Estados Unidos
Aagesen ha defendido la aprobación del decreto recurriendo a la experiencia de otros países en los que la expansión de los centros de datos ha provocado tensiones sobre el sistema eléctrico, el abastecimiento de recursos y la aceptación social de estas instalaciones.
En Irlanda, según los datos citados por la ministra, los centros de datos ya consumen el 23% de la electricidad nacional. El país ha tenido que introducir restricciones a nuevas conexiones ante las dificultades para compatibilizar el crecimiento del sector con la capacidad de su infraestructura energética.
También ha mencionado Países Bajos, donde estas instalaciones consumen aproximadamente el 5% de la electricidad y se han aprobado moratorias para grandes centros de datos y limitaciones en determinados territorios.
En Estados Unidos, la vicepresidenta ha señalado la existencia de restricciones o iniciativas de moratoria de distinto alcance en 15 estados. El crecimiento de las infraestructuras digitales y sus consecuencias para las comunidades locales también han generado controversia política.
Con estos ejemplos, el Ejecutivo pretende justificar la necesidad de intervenir antes de que los proyectos previstos en España comiencen a consumir grandes cantidades de electricidad y agua.
Aagesen ha insistido en que el país todavía dispone de margen para anticiparse a los problemas observados en otros mercados, dado que numerosos centros de datos con permisos concedidos aún no han entrado en funcionamiento.
Soberanía digital
La regulación no se limita a las condiciones energéticas y medioambientales. El Gobierno también ha incorporado obligaciones relacionadas con la soberanía digital, la protección de la información y el control sobre el acceso a los datos.
Según ha explicado la ministra, uno de los objetivos es garantizar que los datos permanezcan dentro de Europa y del Espacio Económico Europeo, limitando el acceso desde terceros países.
La norma introduce obligaciones y responsabilidades para los operadores de estas infraestructuras y contempla mecanismos de supervisión destinados a comprobar su cumplimiento. La intención del Ejecutivo es reforzar el control europeo sobre los datos en un contexto de creciente competencia internacional por el desarrollo de la inteligencia artificial y la infraestructura digital.
Aagesen ha defendido que Europa debe continuar participando en esta carrera tecnológica, pero con condiciones que protejan la privacidad, la seguridad de la información y la capacidad de decisión sobre su tratamiento.
El Gobierno considera que la sostenibilidad energética, la utilización responsable de los recursos hídricos y la soberanía digital deben avanzar conjuntamente para garantizar que el crecimiento de estas instalaciones resulte beneficioso para los territorios en los que se implantan.
Un decreto pionero y polémico
La ministra ha presentado la nueva norma como una regulación pionera en el ámbito internacional y ha expresado su deseo de que pueda servir como referencia para otros países europeos.
Durante su elaboración, sin embargo, el proyecto ha recibido numerosas alegaciones de empresas tecnológicas, operadores de centros de datos y compañías energéticas, especialmente por las exigencias relativas al suministro de electricidad renovable.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recomendó revisar algunos de estos requisitos, mientras que el Ejecutivo introdujo modificaciones en las condiciones de adicionalidad y en los mecanismos de cumplimiento.
El Consejo de Estado emitió su dictamen el pasado 6 de noviembre, despejando el camino para la aprobación de la norma, aunque formuló observaciones que debían tenerse en cuenta. Finalmente, el Gobierno ha aprobado el real decreto este viernes, a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre.