El 4,5% de las semilibertades en Euskadi son de presos de ETA y la Fiscalía impugna la mitad

El Gobierno Vasco detalla que un 4,5% de las semilibertades en Euskadi afectan a presos de ETA y que la Fiscalía ha recurrido la mitad de esos terceros grados.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José Iñaki Berasaluce - Europa Press

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El 4,5% de las progresiones a tercer grado o situaciones de semilibertad autorizadas entre el 5 de marzo y el 28 de octubre para internos que cumplen condena en Euskadi afectaron a presos de ETA. En ese mismo periodo se concedieron doce terceros grados a reclusos de la ya disuelta organización terrorista, de los cuales seis han sido recurridos por la Fiscalía.

Respecto a las flexibilizaciones de grado amparadas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el 46,6% de las decisiones adoptadas entre el 4 de julio y el 28 de octubre de este año han recaído sobre internos vinculados a ETA.

Estos datos figuran en una contestación, difundida por Europa Press, a una petición de información formulada por el PP a la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José.

La documentación remitida alude a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que establece que “con el fin de hacer el sistema más flexible”, se podrá elevar a la Junta de Tratamiento la propuesta de que, para cada penado, “se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados” penitenciarios.

En su contestación, la consejera detalla que, entre el 4 de julio y el 28 de octubre del presente año, se han dictado 28 resoluciones al amparo de este precepto, de las que 13 afectan a “personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA” y las 15 restantes al conjunto de internos no relacionados con esa organización.

En cuanto a las clasificaciones en tercer grado o régimen de semilibertad, entre el 5 de marzo y el 28 de octubre de 2026 constan 268 resoluciones, de las que 12 corresponden a “personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA” y 256 al resto de la población reclusa. De estas decisiones de tercer grado, seis han sido recurridas por el Ministerio Fiscal.