El Gobierno tiene previsto solicitar al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, aprobada por el Parlament el pasado 10 de marzo gracias a los votos favorables de PP y Vox.
Según ha indicado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota de prensa, la propuesta se elevará a un próximo Consejo de Ministros, sin precisar todavía la fecha concreta en la que se abordará.
De este modo, el Ejecutivo central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley autonómica de Memoria y Reconocimiento Democráticos, una norma que vio la luz en 2018 durante el Gobierno de Francina Armengol.
Tras consumarse la derogación, el ministro del área, Ángel Víctor Torres, instó al Govern balear a mantener un encuentro con el fin de explorar una posible solución. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio, el Ejecutivo autonómico "ha declinado" la propuesta que le plantearon "para la restitución íntegra de la ley".
Ante esta situación, y como ya ha ocurrido en otros territorios donde se han eliminado leyes autonómicas de memoria, el Gobierno ha remitido una consulta al Consejo de Estado con el objetivo de contar con su dictamen previo a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
Paralelamente, el Ejecutivo solicitará al TC que acuerde la suspensión cautelar de la norma que dejó sin efecto la legislación de memoria democrática balear mientras se tramita el procedimiento, una medida que ya se ha aplicado en ocasiones anteriores en contextos parecidos.
El recurso se basará en que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales básicos, así como compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El Ministerio sostiene que la desaparición de este marco legal implica un "menoscabo" del estatuto jurídico de las víctimas de la guerra civil española y de la dictadura franquista y que incide de forma directa en derechos ligados a la dignidad de la persona y a la integridad moral reconocidos en la Constitución Española.
Asimismo, el Gobierno ha remarcado que distintos relatores de Naciones Unidas han alertado sobre el peligro que pueden suponer las llamadas leyes de "concordia" para la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
Entre los ámbitos que se ven afectados por la derogación figuran las políticas de búsqueda y exhumación de desaparecidos, la señalización de 'Lugares de Memoria', los programas de enseñanza y formación en memoria democrática, así como los instrumentos de cooperación institucional y de apoyo a las asociaciones memorialistas.
Por último, el Ministerio ha recalcado que la eliminación de la legislación balear entra en conflicto con las obligaciones derivadas de la Ley estatal de Memoria Democrática, de aplicación en todo el país, que fija un deber de colaboración entre todas las administraciones públicas para asegurar los derechos de las víctimas.