El PP ha arremetido este martes contra la decisión de la Fiscalía de mantener la pena solicitada para el empresario Víctor de Aldama en el juicio del 'caso mascarillas', una postura que considera “contradictorio” incluso con la línea defendida por el propio Gobierno. Tras subrayar que el Ejecutivo sacó adelante la Autoridad Independiente de Protección del Informante para amparar a quienes colaboran con la Justicia frente a la corrupción, los populares han reclamado la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción ha ratificado su petición de siete años de prisión para el presunto conseguidor por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El PP, que ejerce la acusación popular, ha optado por rebajar su solicitud de condena para Aldama de siete a cinco años.
Mediante un comunicado, el PP ha acusado a la Fiscalía General del Estado de que “ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno” al negarse a revisar a la baja la pena de Víctor de Aldama, “pese a su colaboración con la Justicia” en el 'caso mascarillas', que “afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez”.
Evidencian una “contradicción” en el Gobierno
Para el PP, la postura del Ministerio Público vulnera el principio de que la colaboración con la Justicia en causas de corrupción debe traducirse en beneficios jurídicos a la hora de fijar las penas. A su juicio, esta actitud rompe con el mensaje que el propio Ejecutivo venía defendiendo en materia de protección a denunciantes.
“Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción”, ha subrayado el partido.
El PP ha incidido en que la aprobación de esa Autoridad coincidió con el día en que el ministro de Justicia “anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia”. “Hoy vemos la realidad: se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente si sus revelaciones incomodan al Gobierno”, ha remachado.
“Colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP”
Según los populares, “bajo el sanchismo colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno”. En esta línea, sostienen que, al no ofrecer garantías a quienes ayudan a esclarecer casos de corrupción, el Ministerio Fiscal “actúa como un apéndice político más, alineando sus decisiones con los intereses del Ejecutivo, en lugar de con los principios de legalidad e imparcialidad”.
“Esta postura por parte de la Fiscalía lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España, que redunda en los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno y en las declaraciones de Pedro Sánchez, presumiendo de su poder y manoseo sobre la Fiscalía”, han añadido desde el PP.
El PP reclama la comparecencia de Félix Bolaños
En este contexto, el Partido Popular ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes para que detalle la situación real de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, “ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos”.
En dicha petición, el PP pone el foco en las carencias estructurales de este organismo y demanda a Bolaños un calendario definido, los recursos económicos previstos y las herramientas normativas y de gestión necesarias para corregir esos déficits. El objetivo, subrayan, es asegurar una protección efectiva y homogénea de las personas informantes y un funcionamiento sólido en la lucha contra la corrupción, según el comunicado.
Además, el partido recuerda que el pasado fin de semana ya reclamó la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramano, por la “purga” que está suponiendo su política de nombramientos en el Ministerio Fiscal. Citan, entre otros ejemplos, la negativa a renovar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sustituyéndola por una fiscal situada 800 puestos por debajo en el escalafón; o el caso de la esposa del condenado Álvaro García Ortiz, propuesta para la plaza de Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia pese a concurrir con siete aspirantes más y haber quedado penúltima en el escalafón.
Denuncia de un “control político de la Fiscalía”
El PP sostiene que existe un “patrón preocupante de control político de la Fiscalía por parte del sanchismo en un país que no puede normalizar que el Ministerio Fiscal premia o castiga a colaboradores con la Justicia en función de si su colaboración beneficia o perjudica al Gobierno de Sánchez”.
En opinión de los populares, la regeneración institucional “pasa por garantizar la independencia real de la Fiscalía, proteger de verdad a los informantes y acabar con el uso partidista de las instituciones” porque “sin Justicia independiente, no hay Estado de derecho”.