El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para su debate en el Pleno con la que busca suprimir la exigencia de cita previa obligatoria para realizar gestiones ante la Administración General del Estado, asegurar la atención presencial tanto con cita como sin ella y adoptar los ajustes organizativos necesarios que permitan compatibilizar los servicios presenciales con los telemáticos.
En la iniciativa, los 'populares' subrayan que la relación entre la ciudadanía y la Administración Pública debe regirse por los principios de “accesibilidad, eficacia, proximidad y servicio al interés general”.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce el derecho de las personas físicas a decidir si se relacionan con la Administración de forma presencial o electrónica, “salvo en los supuestos legalmente tasados”.
Además, insisten en que “en ningún caso la norma establece la obligatoriedad de la cita previa como condición exclusiva” para recibir atención presencial y que la “imposición” de este sistema se ha convertido en la práctica en un “obstáculo efectivo al ejercicio de derechos administrativos”.
No convertir la cita previa en una barrera
El PP admite que, especialmente desde la pandemia de coronavirus, la cita previa se ha revelado como una “herramienta útil de organización”, pero advierte de que “no debe convertirse en una barrera de acceso”.
En esta línea, denuncia que en muchos organismos dependientes de la Administración General del Estado resulta muy difícil obtener una cita previa o solo se consigue con “demoras prolongadas”, lo que provoca “inseguridad jurídica” e incluso, en algunos casos, “pérdida de derechos por vencimiento de plazos”.
“No se trata de eliminar la cita previa como instrumento de gestión, sino de devolverla a su naturaleza original: un sistema voluntario que facilite la organización del servicio a quien libremente desee utilizarlo”, sostienen los 'populares', que recalcan que la atención “directa, inmediata y presencial debe seguir siendo una opción real y efectiva”, en particular para las personas mayores afectadas por la brecha digital o para quienes requieren una respuesta urgente.
Por ello, la proposición reclama que el Pleno inste al Gobierno a suprimir la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, garantizar la atención presencial directa a cualquier ciudadano que la pida, con o sin cita previa, y adoptar las medidas organizativas oportunas para compatibilizar la atención presencial, la atención telemática y un sistema de cita previa de carácter voluntario.