La denominada 'flota fantasma' rusa se ha convertido en una amenaza para la seguridad marítima de España que obliga a redoblar la vigilancia en el mar y el control en los puertos. Así lo admite el Gobierno en el último Informe de Seguridad Nacional, donde se detalla que cada semana se localizan unos 50 buques de este tipo en aguas próximas al archipiélago canario.
El documento, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, recuerda que “aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa”, la “creciente acción” en el Mediterráneo de estos petroleros rusos, “que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas”, “añade riesgos”.
Según el informe consultado por Europa Press, se trata principalmente de “buques de transporte de hidrocarburos que se dedican a transbordar (de buques pequeños a buques de mayor porte) petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, para luego ser transportado a países asiáticos”. Seguridad Nacional precisa que la actividad de la 'flota fantasma' “se focaliza en aguas cercanas al archipiélago de las islas Canarias y en el tránsito por el mar de Alborán y por el estrecho de Gibraltar”.
El texto oficial advierte de “riesgos de accidentes, contaminación, daños a infraestructuras submarinas y un eventual, pero a la vez muy poco probable, uso como plataforma para el lanzamiento de drones”, lo que obliga, reconoce, “a reforzar la vigilancia naval, el control portuario y la inteligencia marítima”.
El Gobierno subraya que a lo largo de 2025 “se ha quintuplicado la presencia de barcos rusos transitando próximos a las costas canarias”, hasta el punto de que el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), responsable del seguimiento de estos buques, “informa de una media de 50 buques semanales, tomando como criterio la lista de buques sancionados por la UE”, que incluye ya cerca de 600 embarcaciones.
Dificultades legales y refuerzo de la vigilancia
A pesar del aumento de esta presencia, el Ejecutivo reconoce que “la posibilidad legal de actuar” contra estos barcos “en la mar es un asunto de difícil resolución”, por las limitaciones del marco jurídico internacional y las banderas de conveniencia bajo las que operan muchas de estas naves.
No obstante, el informe advierte de que, dado que “también pueden emplearse en actividades ilícitas o incluso en acciones de sabotaje contra infraestructuras críticas”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “intensifican la vigilancia de zonas sensibles mediante sus capacidades navales, como gasoductos submarinos, puertos y áreas de fondeo”.
Para reforzar este control se utilizan medios como el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, concebido para detectar, identificar y seguir en tiempo real embarcaciones sospechosas próximas a la costa. A ello se suman “sensores costeros y patrullas oceánicas, además de cooperar con la Armada y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en la identificación de flotas fantasmas y el control del tráfico marítimo anómalo”.