El exjuez Baltasar Garzón, al frente de la comisión encargada de esclarecer las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como “comisión de la verdad”, pretende que los jueces “se impliquen” en los trabajos de este órgano. Además, ha adelantado que la comisión deberá poder consultar documentación clasificada para desempeñar su labor y que, en consecuencia, podrá pedir su desclasificación.
Lo ha expuesto este jueves en unas jornadas celebradas en el Congreso con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, en su primera intervención pública desde que en marzo fuera designado para presidir esta comisión. El órgano prevé celebrar su primer pleno a comienzos de mayo, en el que se organizará internamente mediante diversas subcomisiones.
Garzón ha señalado que, al margen de las unidades de Memoria Democrática y Derechos Humanos de la Fiscalía, la judicatura “no está muy en línea” ni es “precisamente un ejemplo” en la investigación de los crímenes del franquismo, aunque ha insistido en que “habrá que conseguir que se implique”.
“No sé cómo, pero lo tenemos que conseguir, por lo menos que contribuyan a ese esclarecimiento de la verdad”, ha manifestado el exjuez, subrayando que el funcionamiento de una comisión de estas características “debe comportar una obligatoriedad de participación y de colaboración institucional”. “Eso es lo que se pretende y lo vamos a hacer con transparencia, para que quien no participe quede retratado frente a la sociedad”, ha advertido.
En la misma línea, ha recalcado que “no va a haber distingos”, puesto que este asunto debe abordarse “con seriedad pero también con sensibilidad social”, y ha enfatizado que “establecer o procurar determinar lo que sucedió también implica una justicia restaurativa para las víctimas y para la sociedad en general”.
Acceso a archivos y desclasificación de documentos
El exjuez ha anticipado que se encontrarán con “muchas reticencias” a la hora de acceder a determinados archivos y que podrían aparecer documentos con los nombres de los autores de informes policiales eliminados. “Probablemente sus eventuales responsabilidades estarán prescritas, pero habrá que indagar e investigar”, ha señalado.
En este contexto, ha añadido que, con independencia de las diligencias preprocesales o de investigación que lleve a cabo la Fiscalía sobre hechos del pasado, las instituciones y personas requeridas por la comisión deberán contestar a sus preguntas y facilitar la información que se les solicite.
Igualmente, ha precisado que “tendrá que haber un acceso a los archivos sin más limitación que la legal” y ha recordado que esa “limitación legal puede ser interpretada” y que es posible desclasificar documentos “con la finalidad específica del establecimiento de la verdad”.
“Cada cual va a tener que asumir el rol que le corresponde, porque esto lo hacemos en serio o no lo hacemos”, ha remarcado, insistiendo en que no se va a “prestar a hacer una faena de aliño” porque “el derecho a la verdad es sagrado”, ha “costado mucho tiempo muchas vidas y muchas luchas” y, en España, sólo las víctimas y las asociaciones memorialistas han trabajado por él.
Garzón calcula que la comisión dispone de “más de un año de margen” para culminar su labor y que deberá ofrecer resultados “firmes” y “sólidos” para impedir que “quien venga después” pueda “anular sus conclusiones”.
“Que cada cual sepa la responsabilidad que asume, porque esto no es solamente una cuestión personal, social, o nacional; es internacional y no podemos defraudar ni a las víctimas ni a la sociedad española”, ha afirmado, recalcando que esclarecer lo ocurrido durante el franquismo es esencial para garantizar el derecho a la no repetición.
Crímenes del franquismo y abusos en la zona republicana
En este punto, el exmagistrado ha admitido que se “navega en aguas turbulentas y al filo de la navaja” debido a que el PP ha anunciado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno. “Una comisión de esta envergadura necesitaría años y años, pero no los tenemos”, ha reconocido, tanto por la incertidumbre política como por el retraso con el que se afronta el esclarecimiento de estos crímenes.
Asimismo, ha recalcado que el órgano que preside “va a ser transparente” y que se pondrán en marcha mecanismos para que la ciudadanía pueda seguir sus trabajos “en tiempo real”.
El plan de trabajo abarca ámbitos como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos, las torturas, el sistema penitenciario, las deportaciones, los campos de concentración, el colaboracionismo de la Iglesia y de determinadas empresas y entidades bancarias, las confiscaciones y la represión específica contra las mujeres y el colectivo LGTBI.
En las jornadas también ha intervenido otro integrante de la comisión, el exdiputado socialista Manuel de la Rocha, que ha añadido a todos estos asuntos el de los abusos y muertes de víctimas en la zona republicana. Ha recordado, además, que la Ley de Memoria Democrática “no habla sólo de víctimas del franquismo”, sino también de la represión sufrida por minorías religiosas o culturales, entre ellas los hablantes de gallego, euskera y catalán.