El Gobierno redefine el depósito legal para la era digital: así afectará a webs, libros, plataformas y series

El Ministerio de Cultura saca a audiencia pública un real decreto que permitirá a la BNE ignorar las restricciones al rastreo automatizado de las webs, concreta la entrega de archivos digitales por las editoriales y desarrolla las reglas para conservar contenidos de plataformas, películas y series

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa literario y cultural de 'España País Invitado de Honor', en la Biblioteca Nacional de España, a 21 de octubre de 2024, en Madrid (España) |  Alejandro Martínez Vélez (EP)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa literario y cultural de 'España País Invitado de Honor', en la Biblioteca Nacional de España, a 21 de octubre de 2024, en Madrid (España) | Alejandro Martínez Vélez (EP)

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El Ministerio de Cultura ha sacado a audiencia pública un real decreto por el que se regula el depósito legal de las publicaciones. La futura norma parte en buena medida de la reforma de la Ley de Depósito Legal aprobada en 2022, que actualizó la norma de 2011 para adaptarla a los cambios en la producción editorial y digital. Aquella reforma introdujo obligaciones como el depósito de los archivos digitales previos a la impresión de libros, folletos y publicaciones seriadas, pero dejó parte de su aplicación pendiente de desarrollo reglamentario.

El proyecto que prepara ahora el departamenteo de Ernest Urtasun da ese siguiente paso: concreta cómo deben cumplirse esas obligaciones, simplifica algunos procedimientos y reúne en una misma norma la regulación de las publicaciones físicas, en línea y audiovisuales. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 28 de septiembre.

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Viaje en el tiempo

El depósito legal es el sistema que permite conservar una muestra de todo lo que se publica en España para que pueda seguir siendo consultado en el futuro. Se basa en la obligación de editores, responsables de determinadas publicaciones y productores de entregar ejemplares de sus obras a los centros de conservación. Su alcance va mucho más allá de los libros: comprende publicaciones periódicas, carteles, mapas, obras sonoras y audiovisuales, videojuegos y contenidos digitales, entre otros materiales.

Su historia en España se remonta varios siglos atrás. Los primeros antecedentes datan de 1616, con la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y de 1716, con la Real Librería Pública creada por Felipe V, origen de la actual Biblioteca Nacional de España (BNE). El sistema moderno comenzó a organizarse con el Reglamento del Servicio de Depósito Legal de 1957. El proyecto de real decreto que prepara ahora Cultura da un paso más en ese desarrollo y pretende reunir en un único reglamento las reglas aplicables a publicaciones físicas, contenidos en línea y obras audiovisuales.

Borradores y formatos

La reforma de 2022 ya introdujo la obligación de que libros y folletos en papel, así como revistas, periódicos, anuarios, memorias y otras publicaciones continuadas, depositen también el archivo digital previo a su impresión y este texto viene a concretar cómo deberán cumplirla los editores. La copia digital seguirá siendo complementaria: su entrega no sustituirá a los ejemplares físicos que correspondan.

El borrador fija también las características que deberá reunir ese archivo. Tendrá que corresponderse con la versión definitiva de la publicación, incorporar todas sus partes (desde la cubierta y la contraportada hasta el cuerpo del texto y las páginas preliminares) y mostrar de forma visible el número de depósito legal. Cuando sea posible elegir el formato, se dará preferencia al PDF y, especialmente, al PDF/A, diseñado para la conservación de documentos a largo plazo. No se admitirán archivos protegidos con permisos que impidan su consulta futura y se evitarán elementos como marcas de agua o referencias a ficheros externos.

Además, el nuevo reglamento busca evitar que los editores tengan que duplicar la entrega de los archivos digitales. Aunque la obligación de depositar la versión previa a impresión existe desde 2022, el borrador establece ahora que la BNE y las comunidades autónomas deberán habilitar un sistema que permita entregarla una sola vez. A partir de ahí, serán los centros de conservación los encargados de intercambiar los archivos.

Sobre la Biblioteca Nacional

La propuesta, que estará tres semanas en audiencia pública, refuerza la conservación de páginas web y publicaciones digitales. La BNE y los centros autonómicos serán los encargados de decidir qué contenidos archivar y podrán realizar capturas masivas de dominios españoles, seleccionar webs por su relevancia histórica, social o cultural, preservar páginas en riesgo de desaparecer o recopilar publicaciones digitales que no puedan archivarse automáticamente. Para hacerlo, podrán ignorar los robots.txt y otros protocolos con los que una web indica a los rastreadores automáticos qué contenidos no deben recorrer.

El sistema será diferente para los contenidos de pago o acceso restringido. Cuando una publicación de este tipo sea seleccionada para su conservación, su editor o productor deberá facilitar su recopilación y, si resulta necesario, proporcionar las claves que permitan acceder y reproducir todo el contenido o transferir directamente los archivos. También tendrá que garantizar que puedan conservarse y consultarse en el futuro sin depender de una contraseña.

Nuevos formatos

El proyecto dedica también un apartado específico a películas, series y otras obras audiovisuales para concretar cómo deberán conservarse. En el caso de las películas rodadas en digital y destinadas a las salas de cine, los centros de conservación recibirán dos copias técnicas: un DCP sin encriptar (el formato utilizado habitualmente para distribuir y proyectar películas en los cines) y un DCDM, que contiene los materiales de la obra en alta resolución, o un formato equivalente destinado a garantizar su preservación.

La regulación alcanza a su vez a películas y series de televisión, incluidas las distribuidas mediante servicios de comunicación audiovisual, televisión conectada o agregadores de contenidos. De estas producciones deberá conservarse una copia que permita preservar a largo plazo la versión original, íntegra y emitida. En el caso de las series, el borrador simplifica además el procedimiento al establecer que todas las temporadas compartirán un único número de depósito legal.

De acuerdo con la redacción planteada por el Ejecutivo, quedan fuera de este régimen audiovisual los vídeos creados por usuarios y publicados en plataformas abiertas sin control editorial (YouTube, TikTok...), así como determinadas grabaciones meramente técnicas o automáticas

Por último, el borrado prevé la creación del Consejo Asesor del Depósito Legal, un órgano consultivo ya previsto en la ley que estará presidido por la Dirección General de la Biblioteca Nacional. En él participarán representantes de Cultura, la Filmoteca Española, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los sectores editorial, audiovisual, de derechos de autor y de edición electrónica. Entre sus funciones estarán coordinar actuaciones, asesorar al sector y proponer mejoras en la gestión del depósito legal

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿Cuál es el procedimiento parlamentario para la aprobación definitiva de un real decreto como el del depósito legal?

Un real decreto “ordinario” como el de depósito legal (por ejemplo, el Real Decreto 635/2015 sobre publicaciones en línea) no se aprueba por un procedimiento parlamentario, sino por el Gobierno en ejercicio de su potestad reglamentaria. Las Cortes Generales intervienen de forma indirecta y de control, a través de la ley habilitante y de los instrumentos de control político, pero no votan ni “convalidan” el real decreto, a diferencia de lo que ocurre con los reales decretos-leyes.

1. Marco constitucional y legal básico

La Constitución atribuye al Gobierno la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Esa potestad se ejerce mediante reglamentos, entre ellos los reales decretos, que desarrollan y ejecutan las leyes. Al mismo tiempo:

  • Las leyes las aprueban las Cortes Generales mediante procedimiento legislativo (Congreso y Senado).
  • Los reglamentos del Gobierno deben respetar la Constitución y las leyes, y están sometidos a control judicial (art. 106.1 CE).

La Ley 50/1997, del Gobierno, concreta ese esquema: el Consejo de Ministros puede aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes y otras disposiciones reglamentarias, normalmente en forma de real decreto, siguiendo un procedimiento interno de elaboración.

2. Fases gubernamentales en la aprobación del real decreto

Aunque tu pregunta se centra en el Parlamento, conviene ver, paso a paso, qué hace el Gobierno, porque ahí es donde se produce realmente la “aprobación definitiva” del real decreto:

  • a) Habilitación legal previa
    El real decreto debe apoyarse en una ley aprobada por las Cortes que fija el marco material. En el caso del depósito legal, la Ley 23/2011, de depósito legal, establece el régimen básico y en su disposición final faculta expresamente al Gobierno para que, “mediante real decreto”, regule el procedimiento de gestión de las publicaciones electrónicas.
  • b) Elaboración técnica en el ministerio competente
    El ministerio (en este caso, Cultura) redacta un anteproyecto de real decreto, recaba los informes internos y externos necesarios (entre ellos, normalmente, del Consejo de Estado) y puede someter el texto a consulta o audiencia pública, conforme a la regulación de la potestad reglamentaria recogida en la Ley 50/1997 y en la legislación de procedimiento administrativo.
  • c) Deliberación y aprobación en Consejo de Ministros
    El texto final se eleva al Consejo de Ministros, que lo debate y, en su caso, lo aprueba mediante acuerdo. La decisión se plasma en un real decreto que firma el Rey y refrenda el ministro competente o el presidente del Gobierno.
  • d) Publicación en el BOE y entrada en vigor
    El real decreto se publica en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, y en la fecha que señale el propio texto, entra en vigor. Esa publicación es el momento que, en la práctica, marca su “aprobación definitiva”.
3. Papel del Parlamento: antes y después del real decreto

Aunque no existe un “trámite parlamentario” específico para aprobar un real decreto, las Cortes Generales intervienen en tres planos:

  • a) La ley habilitante
    Todo real decreto de desarrollo como el de depósito legal necesita una ley previa que defina la materia y habilite al Gobierno para regularla. Ahí sí hay procedimiento parlamentario completo: proyecto o proposición de ley, tramitación en Congreso y Senado, sanción y promulgación. En nuestro ejemplo, la Ley 23/2011 fija qué es el depósito legal, qué se deposita, quién está obligado, etc., y ordena al Gobierno dictar un real decreto para concretar el procedimiento de gestión de las publicaciones electrónicas.
  • b) Control político del real decreto ya aprobado
    Una vez publicado el real decreto, los grupos y diputados pueden ejercer control parlamentario sobre el Gobierno:
    • Preguntas orales y escritas al Gobierno sobre el contenido, alcance o aplicación del real decreto.
    • Interpelaciones y subsiguientes mociones pidiendo cambios o instando a su modificación o derogación.
    • Comparecencias del ministro competente en comisión para explicar el reglamento.
    • Incluso comisiones de investigación si el asunto adquiere especial relevancia.
    Todo ello forma parte de la función de control parlamentario, pero no altera directamente la vigencia del real decreto.
  • c) Reacción legislativa frente al reglamento
    Las Cortes pueden, en cualquier momento, modificar la ley habilitante o aprobar una nueva ley que:
    • Restrinja lo que el Gobierno puede regular reglamentariamente.
    • Derogue o vacíe de contenido el real decreto al cambiar el marco legal que desarrolla.
    Además, si se considera que el real decreto excede de la ley o vulnera la Constitución, puede ser objeto de control jurisdiccional ante la jurisdicción contencioso-administrativa e, indirectamente, ante el Tribunal Constitucional.
4. Resumen

En síntesis, el procedimiento “de aprobación definitiva” de un real decreto como el del depósito legal es gubernamental y reglamentario: se elabora en el ministerio, se aprueba en Consejo de Ministros y se publica en el BOE. El Parlamento actúa antes, al aprobar la ley que habilita al Gobierno y delimita el contenido del reglamento, y después, mediante el control político del Gobierno y, si lo estima necesario, mediante nuevas leyes que condicionen, corrijan o dejen sin efecto ese real decreto. Pero las Cámaras no participan en una votación específica para su aprobación ni existe una “convalidación” parlamentaria de los reales decretos ordinarios.

¿Qué competencias tiene el Ministerio de Cultura y, en particular, la Dirección General de la Biblioteca Nacional en materia de depósito legal?

En materia de depósito legal, el reparto competencial se articula entre el Ministerio de Cultura como responsable de la política estatal y la Biblioteca Nacional de España (BNE), dirigida por una Dirección General con rango de director general, como centro de conservación y órgano técnico de referencia. La Ley 23/2011, de depósito legal, modificada por la Ley 8/2022, y la normativa orgánica del Ministerio y de la BNE perfilan esas funciones.

1. Competencias del Ministerio de Cultura en depósito legal

A partir del Real Decreto 2/2020 y del Real Decreto 139/2020, sobre estructura de los departamentos ministeriales, y del Real Decreto 509/2020 (desarrollo de la estructura del Ministerio de Cultura y Deporte) modificado por los Reales Decretos 124/2022, 98/2023 y 313/2023, se atribuye al Ministerio de Cultura la política estatal sobre libro, lectura, bibliotecas y patrimonio bibliográfico. En ese marco:

  • La Ley 23/2011 sitúa al Estado como responsable de garantizar un sistema de depósito legal que preserve el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España, respetando la distribución competencial con las comunidades autónomas.
  • El Ministerio propone y tramita la legislación y el desarrollo reglamentario. La disposición final de la Ley 23/2011 ordenó al Gobierno regular, a propuesta del Ministerio de Cultura, el depósito de publicaciones electrónicas; de ahí deriva el Real Decreto 635/2015, de depósito legal de las publicaciones en línea.
  • El artículo 9 de la Ley 23/2011, según la redacción de la Ley 8/2022, define los centros de conservación de la Administración General del Estado: la Biblioteca Nacional de España y la Filmoteca Española, además de los centros que determinen las comunidades autónomas en su ámbito.
  • A través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, el Ministerio ejerce funciones de coordinación y mantenimiento del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, como explicitan distintos convenios publicados en el BOE (con Madrid, Navarra, Andalucía, Illes Balears, La Rioja, etc.), en los que se indica que, en virtud del Real Decreto 323/2024 sobre estructura orgánica del Ministerio, esa Dirección General coordina y financia trabajos de catalogación y descripción del patrimonio bibliográfico.
  • El Ministerio impulsa los desarrollos reglamentarios de la Ley 23/2011. Un ejemplo es el proyecto de real decreto por el que se regula el depósito legal de las publicaciones que, según recoge el periódico Demócrata, ha sido sometido a audiencia pública por Cultura para reunir en una sola norma el régimen de publicaciones físicas, en línea y audiovisuales y concretar la entrega de archivos digitales previos a la impresión.
  • En la Conferencia Sectorial de Cultura, Cultura negocia con las comunidades convenios para que desde los centros autonómicos de depósito legal pueda consultarse el patrimonio digital conservado por la BNE, reforzando así la cooperación interadministrativa en este ámbito.
2. Competencias de la BNE y de su Dirección General en depósito legal

La Ley 1/2015, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, y el Real Decreto 640/2016, que aprueba su Estatuto, definen a la BNE como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y centro depositario del patrimonio bibliográfico y documental español. Entre sus fines esenciales, el Estatuto (art. 3) recoge:

  • Actuar como centro depositario y de conservación de la producción cultural española en cualquier soporte, incluidos documentos electrónicos y sitios web, “en los términos establecidos por la legislación sobre depósito legal”.
  • Reunir, describir, preservar y transmitir ese patrimonio, elaborando la bibliografía del Estado y garantizando la accesibilidad a las colecciones físicas y digitales.

La Ley 8/2022, que modifica la Ley 23/2011, refuerza este papel:

  • El nuevo artículo 9.2 de la Ley 23/2011 identifica expresamente a la Biblioteca Nacional de España como centro de conservación estatal.
  • El artículo 10 modificado precisa que la BNE es centro de conservación, al menos, de diversos tipos de publicaciones (libros, folletos, prensa, recursos multimedia, determinadas tipologías de material gráfico, etc.) y que debe recibir, además de los ejemplares físicos, el archivo digital previo a la impresión para libros, folletos y determinadas publicaciones seriadas.
  • La BNE asume un papel de coordinación y asesoramiento entre los centros de conservación y de seguimiento del cumplimiento de la normativa de depósito legal.
  • La misma ley modifica la regulación interna de la BNE para distinguir entre el inventario general del organismo y el Inventario del Patrimonio Documental y Bibliográfico, en el que se incluyen, en todo caso, los bienes procedentes del depósito legal, tanto tangible como intangible.

En el ámbito digital, la Ley 23/2011 y el Real Decreto 635/2015, sobre depósito de publicaciones en línea, se apoyan en la BNE como institución clave:

  • La BNE y los centros de conservación autonómicos deciden qué sitios web y recursos en línea se capturan; pueden realizar recolecciones masivas de dominios españoles o selecciones por relevancia cultural, social o histórica, así como preservar contenidos en riesgo de desaparición.
  • Los editores de contenidos de acceso restringido deben facilitar la entrega o transferencia de las publicaciones seleccionadas por la BNE o por los centros de conservación, en condiciones que permitan su conservación y consulta futura.
  • Conforme a la reforma de 2022, los editores deben depositar el archivo digital previo a la impresión en el servidor del centro autonómico competente y en el servidor que la BNE tenga dispuesto, pudiendo ésta facilitar la consulta segura de esos materiales desde otros centros de conservación.

Finalmente, el director de la BNE, con categoría de director general, ejerce la dirección y representación del organismo (Ley 1/2015), adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de estos fines. El proyecto de nuevo reglamento del depósito legal prevé, además, un Consejo Asesor del Depósito Legal presidido por la Dirección General de la BNE, encargado de coordinar actuaciones, asesorar al sector y proponer mejoras en la gestión del sistema. En conjunto, la Dirección General de la BNE es el núcleo técnico-operativo del depósito legal en España, mientras que el Ministerio de Cultura fija el marco normativo, político y de cooperación general del sistema.

¿Cuántos proyectos normativos sobre depósito legal han sido tramitados en España en la última década?

Con la información disponible en esta búsqueda, no es posible ofrecer una cifra exacta y exhaustiva de cuántos proyectos normativos sobre depósito legal se han tramitado en España en la última década. Las fuentes consultadas permiten, eso sí, identificar algunos expedientes concretos y extraer una conclusión prudente: el número de iniciativas específicamente centradas en el depósito legal de publicaciones parece reducido y muy concentrado en el plano reglamentario (reales decretos y decretos autonómicos), más que en grandes reformas legales.

1. Qué sí se ha podido identificar claramente

De la combinación de fuentes oficiales y periodísticas usadas en esta iteración se desprenden al menos estos hitos:

  • Proyecto de real decreto estatal sobre depósito legal de publicaciones: la newsletter «Quiero influir» de Demócrata, que monitoriza las consultas y audiencias públicas ministeriales, recoge en varias entregas de 2026 un «Real Decreto por el que se regula el depósito legal de las publicaciones» sometido a consulta pública y posteriormente audiencia pública. Esto indica que al menos un proyecto reglamentario estatal, de carácter básico, está en tramitación en la parte final de la década analizada.
  • Proyectos de decreto en Euskadi sobre la gestión del depósito legal: los Planes Anuales Normativos del Gobierno Vasco 2025 y 2026 incluyen, en el Departamento de Cultura y Política Lingüística, un Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 139/2019, de gestión del depósito legal en Euskadi. Eso supone, como mínimo, dos iniciativas reglamentarias autonómicas relacionadas directamente con el depósito legal en el periodo más reciente de la década.
  • Impulso de un reglamento estatal de desarrollo: una nota de prensa del Ministerio de Cultura de 2024, relativa al Plan de Acción de la Biblioteca Nacional, indica que «ya se está trabajando en el borrador de Reglamento de la Ley de Depósito Legal». Aunque no da un número de expedientes, confirma que el núcleo de la actividad normativa reciente se concentra en la elaboración de un reglamento estatal.

Solo con estos datos ya se pueden documentar al menos tres proyectos normativos específicos sobre depósito legal (uno estatal y dos autonómicos vascos) tramitados en la parte final de la década, sin contar con posibles ajustes menores en otras comunidades autónomas.

2. Por qué no se puede dar una cifra cerrada y fiable

El problema para contestar con un número exacto no es tanto la falta de normativa, sino la forma en que se registran y catalogan las iniciativas:

  • Las bases institucionales no ofrecen, en esta consulta, un recuento automático por materia «depósito legal» para todo el territorio y todos los tipos de normas (leyes, reales decretos y decretos autonómicos).
  • Muchas reformas que afectan al depósito legal pueden ir incrustadas en leyes o decretos de patrimonio cultural, archivos o patrimonio documental (como las nuevas leyes de patrimonio cultural autonómico de Cantabria o Navarra encontradas en la búsqueda), sin que el título de la norma las identifique claramente como “sobre depósito legal”.
  • Las referencias localizadas a planes normativos (estatales y autonómicos) muestran proyectos previstos o en elaboración, pero no siempre permiten seguir, en este único barrido, toda su tramitación hasta el final ni distinguir entre proyectos efectivamente aprobados y otros que pudieran quedar en el camino.

Por estos motivos, cualquier cifra que pretendiera abarcar todos los proyectos normativos sobre depósito legal en España entre 2016 y 2026 sería especulativa si se basara solo en esta ronda de resultados. El riesgo principal sería infra-contar iniciativas autonómicas o modificaciones puntuales en leyes amplias.

3. Qué puede inferirse con prudencia

A partir de lo que sí aparece documentado, se pueden extraer algunas ideas razonables:

  • El núcleo duro de la actividad normativa reciente sobre depósito legal se orienta a desarrollar y actualizar el régimen reglamentario, no tanto a aprobar nuevas grandes leyes ex novo.
  • En el Estado, la clave es el proyecto de real decreto de depósito legal de publicaciones sometido a consultas y audiencias en 2026.
  • En el plano autonómico, al menos el País Vasco ha impulsado reformas de su decreto de gestión del depósito legal, reflejadas en sus planes anuales normativos de 2025 y 2026.
  • Otras comunidades que están renovando sus leyes de patrimonio cultural y de archivos pueden estar introduciendo ajustes indirectos en la regulación del depósito legal, aunque sus proyectos no se identifiquen formalmente como «sobre depósito legal».

En resumen, con los datos recabados solo puede afirmarse con seguridad que existe un mínimo de varios proyectos normativos específicamente centrados en el depósito legal de publicaciones en la última década, pero no es posible fijar un número total preciso y robusto para todo el país sin un vaciado sistemático adicional de todas las bases normativas estatales y autonómicas.

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué formato digital se recomienda preferentemente para el archivo de publicaciones depositadas según el nuevo proyecto de real decreto?

Pregunta 1 de 3

¿Qué órgano consultivo prevé crear el borrador del real decreto sobre depósito legal?

Pregunta 2 de 3

¿Qué tipo de vídeos quedan excluidos del régimen de depósito legal audiovisual, según el borrador?

Pregunta 3 de 3