El Ministerio de Cultura ha sacado a audiencia pública un real decreto por el que se regula el depósito legal de las publicaciones. La futura norma parte en buena medida de la reforma de la Ley de Depósito Legal aprobada en 2022, que actualizó la norma de 2011 para adaptarla a los cambios en la producción editorial y digital. Aquella reforma introdujo obligaciones como el depósito de los archivos digitales previos a la impresión de libros, folletos y publicaciones seriadas, pero dejó parte de su aplicación pendiente de desarrollo reglamentario.
El proyecto que prepara ahora el departamenteo de Ernest Urtasun da ese siguiente paso: concreta cómo deben cumplirse esas obligaciones, simplifica algunos procedimientos y reúne en una misma norma la regulación de las publicaciones físicas, en línea y audiovisuales. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 28 de septiembre.
quiero influir:
Si deseas recibir en el correo los procesos de participación pública sobre proyectos normativos que van lanzando los ministerios, suscríbete a 'Quiero Influir', la newsletter que Demócrata envía cada martes y viernes con las consultas y audiencias públicas iniciadas en los últimos días.
Viaje en el tiempo
El depósito legal es el sistema que permite conservar una muestra de todo lo que se publica en España para que pueda seguir siendo consultado en el futuro. Se basa en la obligación de editores, responsables de determinadas publicaciones y productores de entregar ejemplares de sus obras a los centros de conservación. Su alcance va mucho más allá de los libros: comprende publicaciones periódicas, carteles, mapas, obras sonoras y audiovisuales, videojuegos y contenidos digitales, entre otros materiales.
Su historia en España se remonta varios siglos atrás. Los primeros antecedentes datan de 1616, con la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y de 1716, con la Real Librería Pública creada por Felipe V, origen de la actual Biblioteca Nacional de España (BNE). El sistema moderno comenzó a organizarse con el Reglamento del Servicio de Depósito Legal de 1957. El proyecto de real decreto que prepara ahora Cultura da un paso más en ese desarrollo y pretende reunir en un único reglamento las reglas aplicables a publicaciones físicas, contenidos en línea y obras audiovisuales.
Borradores y formatos
La reforma de 2022 ya introdujo la obligación de que libros y folletos en papel, así como revistas, periódicos, anuarios, memorias y otras publicaciones continuadas, depositen también el archivo digital previo a su impresión y este texto viene a concretar cómo deberán cumplirla los editores. La copia digital seguirá siendo complementaria: su entrega no sustituirá a los ejemplares físicos que correspondan.
El borrador fija también las características que deberá reunir ese archivo. Tendrá que corresponderse con la versión definitiva de la publicación, incorporar todas sus partes (desde la cubierta y la contraportada hasta el cuerpo del texto y las páginas preliminares) y mostrar de forma visible el número de depósito legal. Cuando sea posible elegir el formato, se dará preferencia al PDF y, especialmente, al PDF/A, diseñado para la conservación de documentos a largo plazo. No se admitirán archivos protegidos con permisos que impidan su consulta futura y se evitarán elementos como marcas de agua o referencias a ficheros externos.
Además, el nuevo reglamento busca evitar que los editores tengan que duplicar la entrega de los archivos digitales. Aunque la obligación de depositar la versión previa a impresión existe desde 2022, el borrador establece ahora que la BNE y las comunidades autónomas deberán habilitar un sistema que permita entregarla una sola vez. A partir de ahí, serán los centros de conservación los encargados de intercambiar los archivos.
Sobre la Biblioteca Nacional
La propuesta, que estará tres semanas en audiencia pública, refuerza la conservación de páginas web y publicaciones digitales. La BNE y los centros autonómicos serán los encargados de decidir qué contenidos archivar y podrán realizar capturas masivas de dominios españoles, seleccionar webs por su relevancia histórica, social o cultural, preservar páginas en riesgo de desaparecer o recopilar publicaciones digitales que no puedan archivarse automáticamente. Para hacerlo, podrán ignorar los robots.txt y otros protocolos con los que una web indica a los rastreadores automáticos qué contenidos no deben recorrer.
El sistema será diferente para los contenidos de pago o acceso restringido. Cuando una publicación de este tipo sea seleccionada para su conservación, su editor o productor deberá facilitar su recopilación y, si resulta necesario, proporcionar las claves que permitan acceder y reproducir todo el contenido o transferir directamente los archivos. También tendrá que garantizar que puedan conservarse y consultarse en el futuro sin depender de una contraseña.
Nuevos formatos
El proyecto dedica también un apartado específico a películas, series y otras obras audiovisuales para concretar cómo deberán conservarse. En el caso de las películas rodadas en digital y destinadas a las salas de cine, los centros de conservación recibirán dos copias técnicas: un DCP sin encriptar (el formato utilizado habitualmente para distribuir y proyectar películas en los cines) y un DCDM, que contiene los materiales de la obra en alta resolución, o un formato equivalente destinado a garantizar su preservación.
La regulación alcanza a su vez a películas y series de televisión, incluidas las distribuidas mediante servicios de comunicación audiovisual, televisión conectada o agregadores de contenidos. De estas producciones deberá conservarse una copia que permita preservar a largo plazo la versión original, íntegra y emitida. En el caso de las series, el borrador simplifica además el procedimiento al establecer que todas las temporadas compartirán un único número de depósito legal.
De acuerdo con la redacción planteada por el Ejecutivo, quedan fuera de este régimen audiovisual los vídeos creados por usuarios y publicados en plataformas abiertas sin control editorial (YouTube, TikTok...), así como determinadas grabaciones meramente técnicas o automáticas
Por último, el borrado prevé la creación del Consejo Asesor del Depósito Legal, un órgano consultivo ya previsto en la ley que estará presidido por la Dirección General de la Biblioteca Nacional. En él participarán representantes de Cultura, la Filmoteca Española, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los sectores editorial, audiovisual, de derechos de autor y de edición electrónica. Entre sus funciones estarán coordinar actuaciones, asesorar al sector y proponer mejoras en la gestión del depósito legal