La Diputación Permanente del Congreso, único órgano de la Cámara que sigue en funcionamiento tras la disolución de las Cortes, se reúne este miércoles para debatir y someter a votación siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes.
Estos decretos ley, reservados por la normativa para situaciones de urgencia, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben ser refrendados o derogados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Al estar el Pleno inactivo por la convocatoria electoral, esa función recae en la Diputación Permanente, que actúa como sustituto de la Cámara. En este órgano, el Ejecutivo y sus aliados pueden sacar adelante los decretos sin depender de Junts. La Diputación está formada por 69 miembros y PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, en representación del Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 34 de PP, Vox y Junts, por lo que el apoyo del PNV es clave para alcanzar la mayoría de 35.
El pasado jueves se sometieron a votación dos decretos en materia de vivienda: uno fue convalidado gracias al respaldo del PNV, mientras que el otro quedó derogado al unirse los nacionalistas vascos a PP, Vox y Junts.
Apoyo financiero a Ceuta y respuesta a la DANA Adam
Según el orden del día de la Diputación, recogido por Europa Press, este miércoles se examinarán siete decretos ley, comenzando por el relativo a medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, que prevé subvenciones directas por 45,32 millones de euros para cubrir actuaciones derivadas de aquella crisis.
También se votará el decreto de respuesta a los daños ocasionados por las inundaciones y otros sucesos registrados entre el 17 y el 19 de octubre de 2026 a causa de la DANA Adam, que incorpora medidas agrarias, de reparación de infraestructuras hidráulicas y del litoral marítimo-terrestre, así como apoyos específicos para el comercio, el turismo y la hostelería.
Medidas tras el accidente ferroviario de Urda
Asimismo, se incluyen los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo): uno de ayudas a las víctimas y otro de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.
El primero contempla indemnizaciones por fallecimiento y lesiones de entre 2.404 y 84.141 euros, además de medidas de defensa de los consumidores, como la limitación de precios abusivos en situaciones de emergencia por parte de determinados operadores de transporte.
El segundo introduce cambios en la regulación de los tiempos de conducción de trenes, en los coeficientes reductores de la edad de jubilación de ciertas categorías ferroviarias y en el control ejercido por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal y como explicó el ya exministro de Transportes Óscar Puente en la Diputación Permanente de la semana pasada.
Los decretos sociales previos a la campaña
Además, se abordarán tres de los decretos sociales impulsados por el Gobierno de coalición en las semanas previas al inicio de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
Uno de ellos amplía la protección de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. También introduce cambios en las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, en los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y en las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.
Otro decreto reúne medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados casos, como familias con dos o más hijos, con un solo hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. Igualmente, amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Por último, se debatirá un decreto ley para desplegar la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija cuantías mensuales mínimas de 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.