España estrena Ley de lobbies y con ella el sector de los asuntos públicos se adentra en una nueva fase. Desde este jueves está en vigor el Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés que establece un registro público y obligatorio, exige la identificación de esos contactos y crea una huella normativa.
Con esta norma, España empieza a regular formalmente lo que hasta ahora era de los espacios menos visibles del proceso de toma de decisiones públicas: quién intenta influir, sobre quién y con qué propuestas.
El Real Decreto-ley, que ahora tendrá que ser convalidado en el Congreso, tiene como ámbito de actuación la Administración General del Estado y su sector público institucional. Es decir, alcanza a ministros, altos cargos, gabinetes, directivos y empleados públicos con capacidad de intervenir en decisiones o en la elaboración normativa, pero su alcance termina donde empieza el poder parlamentario.
Ni diputados ni senadores están sujetos al nuevo texto, y precisamente es en el Congreso y en el Senado donde continúa buena parte de la negociación cuando un proyecto de ley abandona la mesa del Consejo de Ministros y llega a las Cortes.
Entre el Ejecutivo y el Legislativo
Hasta la fecha, una empresa, asociación, ONG o consultora de asuntos públicos podía intentar influir sobre un ministerio mientras el Gobierno preparaba un proyecto aportando documentos, solicitando reuniones, proponiendo cambios... con más o menos éxito, y con más o menos publicidad. Pero desde ahora, esas interacciones quedan sometidas al nuevo régimen estatal si reúnen los requisitos para considerarse actividad de influencia.
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El "problema" que surge con el nuevo escenario es que una ley no termina de construirse cuando sale del Consejo de Ministros, sino que cuando la iniciativa llega al Congreso comienza otra negociación que estará al margen de la regulación de los lobbies.
Desde la Carrera de San Jerónimo
Aunque Moncloa se ha adelantado con este Real Decreto-ley, la Cámara Baja también tramita su propia reforma del Reglamento para regular la relación de los diputados con los grupos de interés. El pasado mes de junio, se reactivó la comisión que estudia este cambio y que aspira a incorporar un sistema de sanciones para los parlamentarios que no respeten las obligaciones fijadas en las normas internas y a limitar puertas giratorias e influencia política, entre otras cuestiones.
Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo entre los grupos antes de las vacaciones. Fuentes del Grupo Socialista consultadas por DEMÓCRATA deslizan que la idea es retomar las negociaciones en el nuevo período de sesiones que inicia la próxima semana.