El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores por la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación semanal de 17 euros que percibían los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad autónoma, mientras mantiene esa prestación para los menores de nacionalidad española.
Según ha informado el departamento que dirige Sira Rego, la medida establece un trato diferenciado entre menores tutelados en función de su origen, por lo que solicita a la Fiscalía que valore si procede la adopción de medidas para garantizar la protección de los afectados.
Aragón justifica la medida por la revisión del gasto
La decisión parte de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), y ha sido articulada mediante una instrucción interna del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Desde el Ejecutivo autonómico explican que la asignación carecía de una regulación específica y que fue detectada durante una auditoría interna de gastos impulsada por la consejería.
Según el Gobierno de Aragón, la ayuda suponía un coste anual de 180.000 euros, financiado con cargo al presupuesto autonómico, y se abonaba de forma semanal y con el mismo importe a todos los menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros dependientes de la comunidad.
Nolasco ha calificado estas asignaciones de "propinas" y ha defendido que ese importe permitiría financiar nuevas plazas en residencias para personas mayores.
El Gobierno recurre a la Fiscalía de Menores
Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores al considerar que la medida podría vulnerar derechos fundamentales de los menores, así como el principio de igualdad recogido en la Constitución.
En el escrito, el departamento sostiene que la retirada de la asignación en función del origen de los menores podría constituir una discriminación por razón de nacimiento o raza, además de afectar al interés superior del menor y, en su caso, dar lugar a otras responsabilidades que corresponderá valorar a la Fiscalía.
El Ministerio recuerda además que las administraciones públicas que ejercen la tutela de menores en situación de desamparo deben garantizar su protección y favorecer su integración sin discriminación, incluyendo las medidas orientadas a fomentar su autonomía y desarrollo.
Rego carga contra la decisión del Ejecutivo aragonés
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado públicamente la medida y ha asegurado que supone un trato discriminatorio hacia los menores migrantes tutelados.
En declaraciones difundidas por su departamento, la ministra ha calificado la decisión de "racista" y ha sostenido que vulnera los principios de igualdad y protección de la infancia recogidos en la Constitución.
Por el momento, corresponde a la Fiscalía de Menores analizar la denuncia presentada por el Ministerio y determinar si procede abrir actuaciones en relación con la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón.