Qué necesitaría Feijóo para cambiar la ley de eutanasia

El candidato del PP promete modificar la norma si llega a La Moncloa, aunque no concreta qué artículos cambiaría. La Constitución exige mayoría absoluta para reformar sus disposiciones orgánicas, mientras que otros cambios podrían aprobarse por mayoría simple

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña|  H.Bilbao - Europa Press

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La ley de eutanasia volvió a la campaña de las elecciones generales del 29N este jueves, cuando Alberto Núñez Feijóo aseguró durante el cara a cara con Pedro Sánchez que la modificaría si llega al Gobierno. Para derogarla por completo o cambiar sus artículos de carácter orgánico necesitaría el respaldo de al menos 176 diputados, la mayoría absoluta del Congreso. Una reforma limitada a las disposiciones de rango ordinario podría salir adelante por mayoría simple.

"Estoy diciendo que voy a modificar la ley de eutanasia, no tenga ninguna duda, sí", respondió el candidato del PP después de que Sánchez le atribuyera la intención de derogarla. Un día antes, durante su entrevista en el pódcast El sentido de la birra, había abierto la puerta tanto a una derogación total como parcial de la norma. Sin embargo, en el debate electoral dejó sin concretar la profundidad de los cambios que introduciría si consigue formar Gobierno.

Qué mayoría necesita Feijóo para derogar la ley de eutanasia

Según establece el artículo 81.2 de la Constitución, la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. En una Cámara de 350 diputados, ese requisito se traduce en 176 votos afirmativos, independientemente del número de abstenciones o ausencias.

No todas las modificaciones de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, requieren necesariamente esa mayoría. La propia norma distingue entre las disposiciones de carácter orgánico y las que tienen rango ordinario, una diferencia determinante para conocer qué apoyos parlamentarios necesitaría el PP.

Su artículo 4 reconoce el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir a las personas que cumplan los requisitos legales. Al tener carácter orgánico, una reforma de este precepto exigiría mayoría absoluta, al igual que la derogación completa de la ley.

En cambio, la disposición final tercera atribuye rango ordinario a determinados artículos, entre ellos el 18, que regula las funciones de las comisiones de garantía y evaluación. Si una eventual reforma afectara exclusivamente a estas disposiciones, bastaría con obtener mayoría simple, es decir, más votos favorables que contrarios.

Qué propone el PP sobre la eutanasia y los cuidados paliativos

Aunque Feijóo ha confirmado su intención de modificar la regulación vigente, el programa electoral del Partido Popular para el 29N no recoge expresamente su derogación ni detalla una reforma de sus artículos.

En su lugar, el punto 226 del documento, titulado "Garantizaremos los cuidados paliativos y una vida digna hasta el final", propone aprobar una ley nacional de cuidados paliativos, reforzar los equipos especializados, garantizar el tratamiento del dolor y mejorar la atención domiciliaria y el acompañamiento a las familias.

La formación defiende esta iniciativa con el objetivo de que ninguna persona se vea empujada a acelerar su muerte por falta de alternativas.

Una ley aprobada con 202 votos y 574 prestaciones en 2025

El Congreso aprobó definitivamente la ley de eutanasia el 18 de marzo de 2021, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. La norma entró en vigor el 25 de junio de aquel año y fue posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional.

Desde entonces, su aplicación ha aumentado progresivamente. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado el 18 de noviembre, 574 personas recibieron la prestación de ayuda para morir durante 2025, frente a las 423 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 35,7%.

El documento contabiliza también 1.284 nuevas solicitudes durante el pasado año. Desde la entrada en vigor de la legislación hasta el cierre de 2025, se realizaron 1.698 prestaciones de ayuda para morir en España.

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¿En qué fase parlamentaria se encuentra actualmente la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia?

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ya no se encuentra en tramitación parlamentaria: su procedimiento legislativo terminó en 2021 y está vigente. A fecha de 20 de noviembre de 2026, no está pendiente de aprobación en el Congreso ni en el Senado. Conviene distinguir esta ley de las iniciativas posteriores que han planteado modificarla.

Cuándo terminó su tramitación

La norma procede de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada el 24 de enero de 2020 y tramitada en la XIV Legislatura con el expediente 122/000020. Su recorrido puede consultarse en el expediente del Congreso.

Estos son los principales hitos que explican su situación actual:

  • El 11 de febrero de 2020, el Congreso acordó su toma en consideración, es decir, decidió comenzar a tramitar la propuesta.
  • Durante 2020 se desarrollaron el examen de las enmiendas y los trabajos de la Comisión de Justicia. El 10 de diciembre se aprobó el dictamen de la comisión, el texto que esta elevó al Pleno.
  • El 17 de diciembre de 2020, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta, que continuó su tramitación en el Senado.
  • El 18 de marzo de 2021, tras su paso por el Senado, el Congreso aprobó definitivamente la ley.
  • La norma, fechada el 24 de marzo, se publicó en el BOE del 25 de marzo de 2021. Su entrada en vigor general tuvo lugar el 25 de junio de 2021.

Por tanto, no corresponde situarla ahora en comisión, en periodo de enmiendas o pendiente de una votación final. El texto definitivamente aprobado ya fue publicado y su contenido puede consultarse en el texto consolidado del BOE, que no muestra modificaciones posteriores.

Qué ocurre con las propuestas de reforma

En 2026 sí hubo una iniciativa distinta: la Proposición de Ley de modificación de algunas disposiciones normativas procesales con relación al derecho de morir dignamente, procedente del Parlamento de Cataluña. Pretendía modificar aspectos de la legislación de eutanasia y de la jurisdicción contencioso-administrativa para reducir los tiempos de los recursos judiciales.

El Congreso acordó tomarla en consideración el 11 de junio de 2026. Posteriormente llegó al trámite de enmiendas, cuyo plazo terminó el 30 de septiembre, según la información de Demócrata. No llegó a aprobarse definitivamente antes de la disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026 y caducó con esa disolución. Esa caducidad afecta a la propuesta de reforma, no a la ley vigente de 2021.

Los recursos constitucionales tampoco son una fase parlamentaria

La ley también fue objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional. Ambos fueron desestimados mediante la Sentencia 19/2023, de 22 de marzo, y la Sentencia 94/2023, de 12 de septiembre. Se trata de procedimientos judiciales de control de constitucionalidad, no de trámites legislativos pendientes.

En conclusión, la descripción precisa es: tramitación parlamentaria concluida y ley vigente. Su aplicación sanitaria y administrativa continúa, pero no equivale a una nueva fase de aprobación parlamentaria.

¿Qué competencias y funciones tiene el presidente del Partido Popular según la legislación española?

El presidente nacional del Partido Popular tiene funciones de dirección política, representación y coordinación interna, pero no ejerce potestades públicas por ocupar ese cargo. La precisión principal es que sus atribuciones concretas no las enumera la legislación española: proceden fundamentalmente de los Estatutos del PP, sujetos al marco legal de los partidos políticos.

Qué establece la legislación española

La Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, establece el marco de organización y funcionamiento de estas formaciones. Exige que sus estatutos regulen los órganos de gobierno y representación, sus competencias, los procedimientos de elección y los mecanismos de control democrático.

Por tanto, la ley no atribuye al presidente del PP facultades para dictar normas, dirigir administraciones o adoptar decisiones vinculantes para la ciudadanía. Es un cargo interno del partido. Si su titular desempeña también una responsabilidad parlamentaria o institucional, las competencias de esta última proceden de sus propias normas, no de la presidencia del PP.

Cuáles son sus funciones dentro del partido

Los Estatutos y la documentación organizativa del PP sitúan a la presidencia nacional al frente de la responsabilidad política y de la representación de la formación. Sus principales funciones comprenden:

  • Representar al partido. Asume su representación política y legal ante terceros, instituciones y tribunales, en el ámbito correspondiente.
  • Dirigir la actuación política. Es el máximo responsable de la orientación general y de la actuación política nacional del PP.
  • Presidir los principales órganos ejecutivos. Preside la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, y dispone de voto de calidad para resolver empates.
  • Ejecutar los acuerdos. Adopta las medidas necesarias para cumplir y desarrollar las decisiones del Congreso Nacional y de los órganos estatutariamente competentes.
  • Coordinar la organización territorial. Coordina la actividad política del partido en sus distintos niveles, dentro del reparto de responsabilidades establecido por sus normas internas.
  • Autorizar declaraciones. Interviene en la autorización de declaraciones realizadas en nombre del PP o que puedan comprometer políticamente a la organización.

Estas funciones se recogen en la documentación organizativa del PP. Conviene distinguir esta fuente partidaria de la ley: describe atribuciones internas, no competencias de una autoridad estatal.

Nombramientos, organización y grupos parlamentarios

La presidencia tiene también una capacidad relevante de propuesta. Propone al Comité Ejecutivo Nacional nombramientos como los de la Secretaría General, vicesecretarías, coordinaciones, secretarías y la responsabilidad de Finanzas y Administración. Asimismo, participa mediante propuestas ante los órganos competentes en la designación de responsables de órganos electorales y de garantías.

Proponer no equivale a nombrar unilateralmente: cuando la decisión corresponde al Comité Ejecutivo u otro órgano colegiado, este debe adoptar el acuerdo. La presidencia puede también someter al Comité Ejecutivo cambios en la distribución de competencias entre áreas del partido.

Además, preside los grupos parlamentarios nacionales del PP en el Congreso y el Senado, así como el grupo popular en el Parlamento Europeo, conforme a sus reglamentos específicos. Esta función debe distinguirse de la portavocía y de las atribuciones propias de cada cámara.

Qué límites tiene

Sus decisiones están limitadas por los Estatutos, los acuerdos del Congreso Nacional, las competencias de los órganos colegiados y los derechos de los afiliados. Las facultades disciplinarias y las decisiones provisionales ante circunstancias excepcionales deben ejercerse en los supuestos y con las garantías previstos internamente; no constituyen una autorización general para sustituir a los demás órganos.

En síntesis, el presidente del PP concentra el liderazgo político y representativo de la organización, pero no es una autoridad pública por ese solo cargo ni dispone de poderes ilimitados dentro del partido.

¿Qué requisitos legales exige la Constitución Española para aprobar una ley orgánica?

Para aprobar una ley orgánica, la Constitución Española exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. Además, esta forma de ley está reservada a determinadas materias: no basta con llamar orgánica a una norma para que lo sea. La regla central está en el artículo 81 de la Constitución.

1. Que regule una materia reservada

El artículo 81.1 establece cuatro ámbitos:

  • El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • La aprobación de los Estatutos de Autonomía.
  • El régimen electoral general.
  • Las demás materias para las que la Constitución exige expresamente ley orgánica.

Entre estas últimas figuran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad —artículo 104.2—, los estados de alarma, excepción y sitio —116.1—, el Poder Judicial —122— y el Tribunal Constitucional —165—.

La reserva debe interpretarse restrictivamente: no toda norma relacionada con un derecho fundamental necesita ser orgánica. Lo determinante es que regule su desarrollo directo o esencial.

2. Mayoría absoluta, no simplemente más síes que noes

El artículo 81.2 dispone literalmente:

«La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.»

La mayoría absoluta significa más de la mitad de los miembros de la Cámara, no solamente de quienes participen en la votación. Con un Congreso de 350 diputados, son necesarios al menos 176 votos favorables. Las ausencias y abstenciones no reducen ese umbral.

Además, debe votarse el texto completo al final: no basta con haber aprobado sus artículos por separado. Debe distinguirse esta mayoría decisoria del quórum, es decir, la asistencia mínima necesaria para adoptar acuerdos: la Cámara debe estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

3. Tramitación parlamentaria y participación del Senado

La iniciativa puede proceder del Gobierno o de los sujetos parlamentarios y autonómicos habilitados constitucionalmente. Sin embargo, el artículo 87.3 excluye expresamente la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica: reunir firmas no permite promoverla por esa vía.

Tras su aprobación en el Congreso, el texto pasa al Senado. Según el artículo 90, este dispone de dos meses para introducir enmiendas —cambios al texto— u oponer un veto motivado, aprobado por mayoría absoluta. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes.

La exigencia especial del artículo 81.2 corresponde al Congreso; no supone exigir idéntica mayoría para aprobar el texto en ambas Cámaras. El Reglamento del Congreso, artículos 131 y 132, concreta las garantías:

  • Si falla la primera votación final, el texto vuelve a comisión para un nuevo dictamen en un mes; si vuelve a faltar mayoría absoluta, queda rechazado.
  • Para levantar un veto del Senado se exige, en todo caso, mayoría absoluta del Congreso.
  • Si se aceptan enmiendas senatoriales, el conjunto modificado debe obtener mayoría absoluta. Si no la alcanza, se mantiene el texto inicial del Congreso y se rechazan esas enmiendas.
4. Sanción y cambios posteriores

Concluida la aprobación parlamentaria, el artículo 91 exige que el rey sancione la ley en quince días, la promulgue y ordene su inmediata publicación.

La modificación y derogación del contenido orgánico requieren la misma mayoría reforzada. No obstante, incluir disposiciones ordinarias conexas en una ley orgánica no convierte automáticamente todo su contenido en orgánico: debe distinguirse qué preceptos tienen esa naturaleza.

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¿Qué propone el Partido Popular en su programa electoral para el 29N respecto a la eutanasia?

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