Regularización de Migrantes 2026 y lo que nos enseña el precedente de 2005: ni efecto llamada ni aumento del gasto público

Mientras España debate sobre la actual regularización de migrantes, tres estudios del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", IESE y Esade revisan el precedente de 2005 y desvelan su verdadero impacto en la economía y en la sociedad

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 La regularización de inmigrantes comenzó el 16 de abril. Carlos Luján/Europa Press.

La regularización de inmigrantes comenzó el 16 de abril. Carlos Luján/Europa Press.

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La actual regularización extraordinaria de migrantes –cuyo plazo de solicitud comenzó el 16 de abril y finalizará el 30 de junio– no es la primera que se lleva a cabo en España. Durante la Presidencia de Felipe González se regularizó a 174.011 personas (1986, 1991-92 y 1996), con Aznar fueron 503.327 (2000 y 2001) los beneficiados y con Zapatero, 576.506 (2005). Varios informes centrados en los efectos de esta última concluyen que ni provocó un efecto llamada ni aumentó el gasto público.

La regularización de Zapatero (denominada ‘Proceso de normalización’) tuvo lugar en 2005, requería un contrato de trabajo por parte de quienes optaban a la misma y llevar empadronado en España, al menos, seis meses. El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, IESE Business School y ESADE han hecho estudios al respecto de sus repercusiones. 

Efecto llamada

Todos los informes coinciden en una misma idea: la regularización de 2005 no provocó un efecto llamada.

En Esade destacan que un estudio de 2025 (en el que participaron), publicado en Journal of Labor Economics, concluye que no hubo un incremento significativo de la inmigración tras la medida, ya que los flujos siguieron respondiendo principalmente a factores económicos como la demanda de trabajo o la situación de los países de origen.

En la misma línea, el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” señaló en 2021 que el proceso no se tradujo en un aumento de la llegada de inmigrantes. Para analizarlo, comparó países afectados por la regularización con otros que no lo estuvieron y no detectaron diferencias relevantes en los flujos migratorios ni en el stock de población inmigrante.

Por su parte, Joan Monràs, profesor visitante de Economía en el IESE y profesor de Economía en la Universitat Pompeu Fabra, apunta en una entrevista publicada en la web de IESE en enero de este mismo año, que no se observó un aumento ni en el número total de inmigrantes ni en el de los procedentes de los mismos países de origen de quienes se beneficiaron de la medida.

Gasto público y recaudación

De nuevo los tres análisis coinciden en que la regularización incrementó los ingresos públicos sin provocar un aumento significativo del gasto.

Según el estudio de Esade, cada inmigrante regularizado generó en torno a 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social, además de otros ingresos fiscales como el IRPF, sin que se registrara un incremento relevante del gasto en servicios públicos como sanidad o educación.

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” también resalta el aumento de la recaudación fiscal, cifrando en 4.189 euros por persona regularizada el incremento de los ingresos por impuestos sobre la renta. En algunas provincias con alta presencia de inmigrantes, la recaudación en este ámbito creció un 50% en 2005 y un 100% en 2006.

Mientras que el profesor Monràs comenta que las retenciones en nómina aumentaron en más de 4.000 euros por inmigrante y año y recalca que no hay evidencia de un incremento del gasto público asociado a la medida.

Empleo formal y condiciones laborales

Otro de los puntos en los que coinciden los informes es en el impacto positivo sobre el empleo formal y las condiciones laborales de los inmigrantes.

El análisis de Esade indica que la regularización permitió que muchos trabajadores pasaran de la economía informal a la formal, lo que mejoró su estabilidad laboral, facilitó la movilidad entre sectores y redujo la segmentación del mercado de trabajo.

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” aporta datos concretos: el peso de los inmigrantes en la afiliación a la Seguridad Social pasó del 6% al 9% en los primeros meses del proceso. En sectores como el empleo doméstico, los afiliados pasaron de 60.000 a 160.000. Además, un año después, aproximadamente la mitad de los regularizados en este ámbito habían accedido a empleos en otros sectores con mejores condiciones.

Desde IESE, Monràs detalla que muchos inmigrantes comenzaron en trabajos domésticos con contratos temporales, pero posteriormente pasaron a empleos en hoteles, restaurantes y empresas más grandes, con salarios más altos, lo que evidencia que la situación irregular limitaba sus oportunidades laborales.

No obstante, tanto Esade como IESE apuntan que no todos los trabajadores se mantuvieron en la economía formal y que algunos regresaron a situaciones de informalidad.

Salarios de los trabajadores nativos

En relación con el impacto sobre los trabajadores españoles, los estudios sobre la regularización de inmigrantes de 2005 descartan efectos negativos generalizados sobre los salarios, aunque sí identifican impactos diferenciados.

El estudio de Esade refleja un ligero aumento los salarios de los trabajadores nativos, especialmente, entre aquellos con mayor nivel educativo, en un contexto de mayor transparencia en el mercado laboral.

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” también sostiene que se produjo un incremento cercano al 3% en el salario medio de los trabajadores autóctonos, tanto de baja como de alta cualificación. Sin embargo, advierte de efectos distintos según el perfil: los trabajadores con menor nivel educativo se vieron más afectados en términos de empleo. En concreto, durante los dos años posteriores a la reforma, por cada 10 inmigrantes regularizados, en torno a cuatro trabajadores autóctonos con baja cualificación perdieron su empleo, en gran medida por el refuerzo de las inspecciones laborales, que aumentaron un 132%.

En esta línea, Monràs hace hincapié en que el descenso del empleo entre autóctonos poco cualificados también está vinculado a la intensificación de los controles contra la economía informal, más que a una mayor competencia directa con los inmigrantes regularizados.