Las exigencias de Vox en sus negociaciones con el PP para sacar adelante acuerdos de investidura en Extremadura y Aragón han dado resultado, pero ahora los de Abascal piden más. La "prioridad nacional", un principio repleto de ambigüedades sobre el que ambas formaciones parecen no ponerse de acuerdo en su significado, traza la hoja de ruta en esos pactos.
Pero ahora, Vox ha redoblado la presión sobre los 'populares' y pide que se posicionen en los parlamentos autonómicos sobre este concepto que, a partir de este momento, marcará la dirección en esas regiones para conceder ayudas y acceder a los servicios públicos.
Así lo hizo en el Congreso esta semana, donde Vox elevó una moción para aplicar este criterio en toda España. Una iniciativa que el Pleno tumbó con el voto en contra del Partido Popular, que enmendó la cuestión para que reproduciera literalmente lo firmado en Extremadura y Aragón, donde se habla exclusivamente de "arraigo".
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Nacionalidad, ¿sí o no?
De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que ese principio de “prioridad nacional” se fundamenta exclusivamente en el “arraigo” y sólo puede aplicarse dentro del marco legal, sin tener en cuenta la nacionalidad, como sí exige Vox.
Su líder, Santiago Abascal, sostiene que este criterio es imprescindible porque, a su juicio, los españoles sufren “discriminación” frente a las personas migrantes a la hora de optar a viviendas de protección oficial o ayudas sociales.
“Eso es lo ilegal”, ha replicado este viernes ante las reservas expresadas por el andaluz Juanma Moreno o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, Abascal aseguró el jueves que está “muy tranquilo” ante la posibilidad de que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) cualquier norma que desarrolle “la prioridad nacional”. “Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, vamos a tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance”, afirmó.
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Sobre su alcance, Vox lo tiene claro. "La inmensa mayoría de los españoles entienden que en su propio país deben tener prioridad frente a los que acaban de llegar", ha señalado este viernes Abascal tras advertir de que el concepto es "innegociable" en las negociaciones de su partido con el PP.
Para el portavoz en el Parlament de Cataluña de la formación, Joan Garriga, español es exclusivamente "el hijo de padre y madre española". Palabras que este viernes el secretario general del partido, Ignacio Garriga, se ha visto obligado a matizar atendiendo a la ley aunque ha reclamado reabrir un debate sobre la legislación actual, que contradice al dirigente catalán. "Durante demasiado tiempo la nacionalidad española se ha regalado", ha dicho Ignacio Garriga en una entrevista concedida a RTVE.
¿QUIÉN PUEDE OPTAR A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?
En España, quién es español y cómo se adquiere la nacionalidad española está regulado principalmente por el Código Civil, especialmente en los artículos 17 al 28, y por la Constitución Española (CE).
¿Quiénes son españoles de origen según la ley?
El artículo 17 del Código Civil establece quiénes son españoles de origen:
- Los nacidos de padre o madre españoles.
- Los nacidos en España de padres extranjeros cuando al menos uno haya nacido también en España.
- Los nacidos en España si sus padres no tienen nacionalidad o no pueden transmitirla.
- Los nacidos en España cuya filiación no esté determinada
¿Cómo pueden los extranjeros obtener la nacionalidad
La vía más habitual para extranjeros es a través de la residencia. Requiere vivir legalmente en España durante un tiempo determinado:
- 10 años como regla general.
- 5 años para refugiados.
- 2 años para ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes.
- 1 año en casos concretos (nacidos en España, casados con español, viudos, hijos o nietos de españoles, etc.).
Aunque no es tan sencillo. La concede el Ministerio de Justicia, tras un procedimiento administrativo en el que se analiza si la persona cumple varios requisitos legales:
- Residencia legal y continuada.
- Tiempo mínimo exigido.
- Buena conducta cívica.
- Integración en España.
- Ausencia de antecedentes penales graves.
Mociones en los parlamentos autonómicos
Este viernes, el partido ha presentado en la Asamblea Regional de Murcia una propuesta para instar al Gobierno regional a pedir al Ejecutivo central que garantice la “prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del Bienestar de los españoles”.
Y es que, la formación de Santiago Abascal ya había impulsado una iniciativa similar el jueves en la Comunidad Valenciana, que ha terminado de formalizarse con su registro en la Cámara autonómica. Allí lo hizo días después de aseverar que el principio de "prioridad nacional" ya forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca.
El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, defendió la proposición no de ley (PNL) registrada por su grupo ante la “inseguridad” en las calles y el “gran colapso” en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha dicho, por la inmigración “irregular masiva”.
Pérez Llorca calificó este debate de “estéril” porque, según señaló, “siempre” se ha priorizado al vecino empadronado y eso no implica “ser racista”. Por su parte, el presidente 'popular' de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha respondido subrayando que cualquier actuación debe ajustarse a la legalidad vigente.
“La prioridad es la legalidad. Todo lo que esté fuera del marco legal no se puede llevar a cabo, y en eso se fundamenta el Estado de Derecho”, ha señalado, tras recordar que el Ejecutivo autonómico está analizando si la condición planteada por Vox tiene encaje jurídico dentro de la futura Ley de Vivienda Asequible.
En el Parlamento de Baleares, Vox ha registrado otra PNL para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo. “Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, ha manifestado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que defiende que los españoles tengan preferencia “en el acceso a los servicios públicos”.
Extensión del pulso a comunidades del PSOE
Vox también ha trasladado el debate a comunidades gobernadas por el PSOE. En Navarra, el portavoz de la formación en el Parlamento, Emilio Jiménez, ha registrado una moción para que se prioricen las prestaciones sociales a los españoles.
En Castilla-La Mancha, Vox ha reclamado tanto al presidente socialista, Emiliano García-Page, como al líder ‘popular’ manchego, Paco Núñez, que asuman este principio. García-Page ha denunciado que los de Abascal pretenden “que en España se odie al diferente”, algo que, ha advertido, hoy se dirige contra los inmigrantes “y mañana hará con los de una tierra o de la contraria”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto PP-Vox en Extremadura y Aragón sobre la "prioridad nacional" y ha alertado de que puede dar lugar a ciudadanos de primera y de segunda. En la misma línea, el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha preguntado: “¿Cómo nos sentiríamos si hubieran aplicado prioridad nacional a nuestra emigración?”.
Diferencias con el PP
En Canarias, Vox ha registrado igualmente una proposición no de ley en el Parlamento autonómico, pese a que el presidente canario, Fernando Clavijo, ya se ha desmarcado del concepto de ‘prioridad nacional’.
El Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de Vox que defendía este criterio. La propuesta ha obtenido 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y sólo ha contado con el apoyo de la única parlamentaria de Vox. El PP optó por la abstención.
Y en esa cuerda floja se mantienen los 'populares'. El PP aclaró esta semana su interpretación vinculándolo al criterio de “arraigo real, duradero y verificable” como condición para el acceso a determinadas ayudas, tal y como consta en los acuerdos conocidos hasta ahora.
De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó dudas sobre su posible encaje legal mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno tomó directamente distancias con Vox. Conviene esperar para comprobar cómo se aterriza este concepto tras los choques entre ambas formaciones en próximos acuerdos autonómicos, con la mirada puesta ahora en un futuro pacto en Castilla y León.