Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para “garantizar la expulsión” de los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en España. En el texto, la formación exige modificar el Código Penal, ejecutar todas las órdenes de expulsión que siguen pendientes y reforzar los acuerdos internacionales para que los condenados por tribunales españoles, cuando sean nacionales de otros estados, cumplan las penas en sus países de origen.
La iniciativa, recogida por Europa Press y registrada para su debate y votación en la Comisión de Interior, urge al Gobierno a reformar el artículo 89 del Código Penal con el fin de asegurar que “cualquier extranjero condenado a pena de prisión o varias penas menores sea expulsado del territorio nacional”.
Ejecución de las órdenes de expulsión
Vox reclama igualmente que se aplique de forma estricta la legislación penal y de extranjería y, en concreto, que se ejecuten todas las órdenes de expulsión que aún no se han llevado a cabo para garantizar “la seguridad de los españoles, la integridad de las fronteras y la aplicación íntegra del ordenamiento jurídico”.
La proposición no de ley, también difundida por Europa Press, plantea además ampliar el plazo de prescripción del régimen sancionador de la Ley de Extranjería, con el propósito de evitar que las infracciones queden sin castigo.
El partido propone, asimismo, que el Ministerio del Interior haga constar el país de procedencia de los infractores en los balances de criminalidad, con el objetivo de “garantizar la transparencia” y permitir que los ciudadanos conozcan “las consecuencias reales de la inmigración masiva”.
Por último, el texto insta a reforzar el marco jurídico de cooperación internacional en materia de ejecución de sentencias penales, de manera que las personas condenadas que sean nacionales de otros estados puedan cumplir las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen.
Datos de criminalidad y gasto en prisiones
En la exposición de motivos, Vox sostiene que España “es un país que se vuelve más inseguro cada año” y vincula los “aumentos agudos” de la criminalidad y de la sensación de inseguridad ciudadana con la “inmigración masiva” y el “efecto llamada” que, según afirma, “se han visto acelerados con el gobierno de Pedro Sánchez”.
La formación subraya que, en 2024, los extranjeros concentraron el 30,93% de las penas de prisión pese a suponer el 14,06% de la población. Añade que, en los delitos graves, representaron una mayoría con el 55,23% de los condenados.
Vox denuncia también que, tras la reforma del Código Penal de 2015 y la aplicación del concepto jurídico indeterminado de “arraigo”, las expulsiones acordadas por los jueces han disminuido “drásticamente”. De acuerdo con sus cifras, en 2024 se dictaron 1.338 condenas de expulsión frente a 22.977 casos proyectados en los que podría haberse aplicado esta medida, lo que supone menos de un 6%.
El partido liderado por Santiago Abascal afirma, asimismo, que en agosto de 2025 los extranjeros constituían el 33,2% de la población reclusa en España y calcula que el coste total aproximado de los no nacionales internos en centros penitenciarios españoles en 2025 asciende a 745.658.667,52 euros.