El Gobierno acelera el decreto de residuos textiles tras recibir el dictamen del Consejo de Estado y busca aprobarlo este viernes

El órgano consultivo ya ha examinado la norma que obligará a las empresas de moda y calzado a financiar la gestión de sus residuos

Maquinaria de Nueva Expresión Textil, S.A. (Nextil). NEXTIL

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El Gobierno busca aprobar este viernes el real decreto que regulará la gestión de los residuos textiles y de calzado en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes 20 de noviembre, según ha podido saber DEMÓCRATA. La intención del Ejecutivo es sacar adelante una de las principales normas pendientes en materia de economía circular antes de las elecciones generales del 29N, después de que el Consejo de Estado haya aprobado su dictamen sobre el proyecto.

Con este trámite, la norma, que supondrá un cambio relevante para la industria española de la moda, avanza hacia su aprobación definitiva. Su principal novedad será la implantación de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), que obligará a las empresas que comercializan productos textiles y de calzado a asumir los costes de la recogida y el tratamiento de los residuos derivados de sus productos.

Las empresas tendrán que financiar la gestión de la ropa usada

Hasta ahora, buena parte de los costes asociados a la recogida y el tratamiento de los residuos textiles ha recaído sobre las administraciones locales y las entidades dedicadas a la reutilización. El nuevo marco trasladará a los productores obligaciones económicas y organizativas para financiar la gestión de los productos que introducen en el mercado.

Según el proyecto remitido a Bruselas el pasado 27 de mayo, las empresas deberán inscribirse en el registro correspondiente y cumplir sus obligaciones a través de sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que podrán organizar colectivamente la recogida, clasificación, preparación para la reutilización y reciclaje.

El nuevo modelo afectará tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, aunque el borrador contempla plazos de adaptación más amplios para determinados operadores. La financiación deberá cubrir diferentes operaciones de gestión de los residuos y tendrá en cuenta criterios vinculados al diseño, la durabilidad y las posibilidades de reutilización y reciclaje de los productos.

La industria lleva meses preparando su adaptación. Entre los sistemas colectivos impulsados por el sector se encuentra Re-viste, promovido por empresas como Inditex, Mango y Tendam, que ha anunciado una tarifa media orientativa de 140,4 euros por tonelada de producto introducido en el mercado para 2027. El importe definitivo dependerá de la configuración del sistema y de las obligaciones que finalmente establezca la normativa.

Nuevos objetivos de recogida y reciclaje

Además de regular quién debe pagar por los residuos, el proyecto incorpora objetivos para reducir su generación y aumentar la cantidad de ropa y calzado que se recupera.

En la versión remitida a la Comisión Europea, el Gobierno propone reducir un 5% el peso de los residuos textiles y de calzado en 2030 respecto a 2027, con una reducción del 10% para 2035.

También establece una implantación progresiva de la recogida separada, con objetivos del 30% en 2030, el 50% en 2035 y el 70% en 2040. En materia de reciclaje, los porcentajes previstos son del 25%, 30% y 35%, respectivamente.

Para las empresas que superen una cuota del 2,5% del mercado nacional, el texto notificado a Bruselas contempla la obligación de elaborar planes empresariales de prevención y ecodiseño.

Estas previsiones corresponden a la versión del proyecto conocida públicamente y podrían haber sufrido modificaciones durante la última fase de tramitación.

Una tramitación con observaciones de Competencia y Bruselas

La aprobación del real decreto ha estado precedida por un prolongado procedimiento administrativo. El Ministerio para la Transición Ecológica sometió el proyecto a información pública en 2025 y posteriormente introdujo modificaciones en el texto antes de remitirlo a la Comisión Europea.

En abril de 2026, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que valoró favorablemente la iniciativa, aunque recomendó justificar mejor determinados umbrales, fechas y objetivos.

Entre sus observaciones, reclamó un análisis más detallado de la viabilidad de las obligaciones previstas, así como de la capacidad de las infraestructuras para gestionar los volúmenes de residuos. También pidió reforzar la seguridad jurídica de las empresas sobre el momento en que deberán comenzar a financiar el sistema.

El examen europeo añadió otra dificultad. La Comisión Europea emitió el 28 de agosto un dictamen razonado, al que España respondió el 11 de septiembre. Este procedimiento, regulado por la Directiva 2015/1535, permite a Bruselas examinar las normas técnicas nacionales que puedan afectar al funcionamiento del mercado interior.

La emisión de un dictamen de estas características puede ampliar hasta seis meses el periodo durante el que un Estado miembro debe aplazar la adopción de la normativa notificada. En el caso español, ese plazo podría extenderse hasta el 30 de noviembre, una circunstancia que deberá aclararse ante la intención del Ejecutivo de aprobar el real decreto este viernes.

El calendario electoral acelera la aprobación

La intención de llevar el texto al Consejo de Ministros extraordinario del viernes responde a un calendario especialmente ajustado. Las elecciones generales se celebrarán el próximo 29 de noviembre y el Ejecutivo pretende completar la tramitación de la norma antes de los comicios.

Su aprobación también permitiría avanzar en la adaptación española a la Directiva europea 2025/1892, que obliga a los Estados miembros a implantar regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los productos textiles y de calzado.

El calendario comunitario establece como fecha límite el 17 de abril de 2028 para la implantación de estos sistemas, mientras que la Ley española 7/2022 ya contemplaba el desarrollo reglamentario de las obligaciones de los productores de textiles.

El sector espera conocer especialmente los plazos definitivos para constituir y autorizar los sistemas colectivos, así como las fechas en que comenzarán a exigirse las aportaciones económicas de las empresas. En el informe publicado en mayo, la CNMC se refería al 1 de enero de 2029 como fecha prevista para determinadas obligaciones de financiación, aunque el calendario definitivo dependerá del texto que apruebe el Consejo de Ministros.