El Gobierno prepara un real decreto ley para acelerar las devoluciones a Marruecos de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo trabaja con la intención de aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque el texto continúa negociándose entre los ministerios implicados y puede sufrir modificaciones antes de llegar a la mesa del Gobierno. La iniciativa, impulsada principalmente por Interior, pretende reducir los tiempos necesarios para resolver los expedientes de protección internacional y ejecutar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
La medida llega 57 días después de la entrada masiva en Ceuta y después de que el Gobierno declarase el pasado 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad autónoma. Aquella declaración estará inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre y reconoce oficialmente que la permanencia de un elevado número de migrantes ha superado las capacidades ordinarias de acogida, gestión administrativa y seguridad de Ceuta.
El principal cambio: acelerar los expedientes de asilo
Uno de los mayores obstáculos para ejecutar devoluciones es actualmente la propia solicitud de protección internacional. La Ley de Asilo establece que una persona que haya presentado una petición tiene derecho, mientras se tramita, a la suspensión de cualquier procedimiento de devolución, expulsión o extradición que pueda afectarle. El borrador del Gobierno pretende introducir excepciones extraordinarias mientras continúe vigente la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, de manera que determinados migrantes puedan ser retornados antes de que finalicen todos los trámites y recursos relacionados con su petición de asilo.
Según la información publicada por El País, la norma afectaría a las solicitudes registradas en Ceuta desde el 30 de julio y permitiría aplicar procedimientos más rápidos a nacionales de países considerados seguros por la Unión Europea, entre ellos Marruecos, así como a personas que hayan presentado solicitudes sucesivas o a quienes sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. El expediente de protección internacional continuaría tramitándose en algunos de estos supuestos aunque la persona ya hubiera sido devuelta.
Interior quiere eliminar un trámite y reducir los recursos a cinco días
El borrador también plantea cambios dentro de la propia Administración. Actualmente determinados expedientes pasan por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) antes de su resolución definitiva. La propuesta en elaboración permitiría prescindir de ese filtro en los procedimientos afectados por el régimen extraordinario, dando a Interior capacidad para avanzar directamente hacia una resolución. El objetivo declarado es evitar que los expedientes se prolonguen durante semanas o meses mientras miles de personas continúan en una ciudad con los recursos de acogida tensionados.
El Gobierno pretende igualmente acelerar la vía judicial. El texto que se está estudiando fija cinco días naturales para recurrir determinadas denegaciones de asilo y establece que estos procedimientos sean tratados con carácter preferente por los tribunales. La intención es evitar que una sucesión de recursos termine paralizando durante meses una orden de devolución, aunque será necesario comprobar cómo queda redactado finalmente el decreto y qué garantías procesales mantiene una vez aprobado.
Más de 7.000 personas ya han regresado a Marruecos
La nueva norma se prepara mientras el Gobierno continúa con los procedimientos ordinarios de retorno. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó el pasado martes de que desde el 10 de agosto habían regresado a Marruecos más de 7.000 personas: 6.791 mediante retorno voluntario y 318 a través de expulsiones. El Ejecutivo había completado además el triaje de 2.546 adultos y tenía identificados a 2.321 menores, aunque calculaba que todavía permanecían entre 500 y 700 menores en las calles sin cobertura institucional.
Torres explicó que la mayoría de quienes están solicitando protección internacional son ciudadanos marroquíes y sostuvo que muchos terminan regresando voluntariamente una vez que se les comunica que, si no reúnen los requisitos para obtener protección, se abrirá un procedimiento de devolución. El Gobierno ha venido defendiendo durante las últimas semanas que la prioridad consiste primero en identificar y filiar a quienes permanecen en Ceuta, porque sin ese paso previo no es posible tramitar legalmente su retorno.
Las estimaciones sobre cuántas personas continúan en la ciudad, sin embargo, no son idénticas. Fuentes gubernamentales han manejado cifras cercanas a 18.000 migrantes, mientras el Ejecutivo ceutí situó recientemente el número en alrededor de 13.000, utilizando lo que calificó como una estimación "muy conservadora". Las diferencias reflejan la dificultad de conocer con precisión cuántas personas permanecen en Ceuta después de los retornos voluntarios, expulsiones y movimientos no registrados.
La opción de archivar solicitudes si abandonan los centros
Otro de los puntos que Interior estudia incorporar resulta especialmente sensible. El departamento quiere que, en determinadas circunstancias, la solicitud de asilo pueda archivarse si el migrante abandona los centros de acogida en los que está alojado, lo que permitiría iniciar posteriormente el procedimiento de expulsión. Este aspecto todavía está siendo discutido dentro del Gobierno y no puede darse por cerrado.
El asunto tiene especial relevancia porque miles de personas continúan repartidas entre instalaciones temporales, espacios habilitados por el Estado y zonas de la ciudad. El Gobierno informó esta semana de que más de 6.000 adultos se encuentran ya alojados en recursos estatales y ha anunciado nuevos dispositivos con el objetivo de que nadie tenga que dormir en calles o playas. También ha aprobado 88 millones de euros para reforzar los recursos de acogida de Ceuta.
El Gobierno ya había pedido ayuda a Bruselas
El decreto no aparece de forma aislada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió el pasado 17 de septiembre a la Comisión Europea mecanismos que permitan "acelerar los procedimientos de retorno en crisis migratorias" como la que atraviesa Ceuta. La posición expresada por el Ejecutivo es que deben ser devueltas las personas que no tengan derecho a permanecer en España, mientras quienes cumplan los requisitos de protección internacional deben conservar las garantías previstas por la legislación.
La Moncloa lleva semanas anunciando además cambios normativos para acelerar los expedientes. El propio Torres afirmó el 22 de septiembre que el Gobierno estaba dispuesto a "modificar la normativa necesaria" para ganar velocidad en los procedimientos migratorios. El decreto que ahora está en preparación sería la concreción más importante de esa estrategia.
El encaje jurídico será una de las claves
La redacción definitiva deberá superar un obstáculo relevante: el derecho de asilo cuenta con garantías reconocidas legalmente y el Gobierno pretende modificar algunas de sus consecuencias mediante un real decreto ley. La Constitución permite al Ejecutivo aprobar este tipo de normas cuando existe una situación de "extraordinaria y urgente necesidad", pero establece límites materiales y señala que no pueden afectar al régimen general de los derechos, deberes y libertades recogidos en el Título I.
Eso no significa que cualquier modificación relacionada con derechos quede automáticamente prohibida. La jurisprudencia constitucional permite a los decretos leyes incidir sobre determinadas materias siempre que no alteren el régimen general o el contenido esencial de esos derechos. Precisamente por ello, las fuentes conocedoras de la elaboración del decreto señalan que los diferentes ministerios están trabajando para blindar jurídicamente el texto y reducir el riesgo de que las devoluciones sean suspendidas posteriormente por los tribunales.
Además, cualquier real decreto ley tendrá que pasar por el Congreso. La Constitución obliga a que la Cámara vote su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación, por lo que el Ejecutivo necesitará también reunir suficientes apoyos parlamentarios para mantenerlo vigente.
Los menores quedan en un procedimiento diferente
El decreto que se prepara está centrado principalmente en los adultos y los procedimientos de protección internacionaly no implica que los menores no acompañados puedan ser devueltos automáticamente. En su caso, el Gobierno afirma que la prioridad es la reagrupación familiar, pero cada expediente exige comprobar las circunstancias individuales, localizar a la familia y garantizar las condiciones necesarias para el retorno.
Torres explicó esta semana que Marruecos ha manifestado su disposición a recibir menores, pero recordó que el procedimiento incluye varias fases y que el propio menor debe ser escuchado. Cuando la reagrupación no sea posible, deberán continuar bajo protección en Ceuta o ser trasladados a otras comunidades mediante los mecanismos previstos legalmente.
El segundo decreto extraordinario por la crisis de Ceuta
Si el Consejo de Ministros termina aprobándolo el martes, este será el segundo gran paquete normativo extraordinario ligado directamente a la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno ya aprobó a principios de septiembre un real decreto ley con medidas sociales y económicas para la ciudad, después de haber declarado previamente la situación de interés para la Seguridad Nacional. Aquella primera respuesta movilizó recursos para la acogida, la seguridad y la gestión administrativa; la nueva pretende concentrarse en acelerar las salidas de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
El cambio puede ser sustancial si mantiene la redacción adelantada hasta ahora: determinados solicitantes de asilo podrían ser devueltos a Marruecos sin esperar a que hayan terminado todos los recursos administrativos y judiciales, aunque sus expedientes de protección continúen estudiándose. Ese es precisamente el punto que previsiblemente concentrará el mayor debate jurídico y político.
Por ahora, sin embargo, se trata de un decreto en elaboración. El texto definitivo no ha sido publicado y las medidas pueden cambiar antes del Consejo de Ministros. La decisión del martes permitirá saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para reducir los tiempos de devolución y cómo pretende compatibilizar ese objetivo con las garantías del derecho de asilo.