El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ya ha sacado a Audiencia Pública el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, aprobado el pasado martes 11 de marzo en Consejo de Ministros. El texto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el próximo 26 de marzo, dibuja el mapa de sanciones aplicable así como la gestión de la supervisión y los casos en que se permite la identificación biométrica remota ‘en tiempo real’.
Aterrizando el Reglamento
La IA se ha erguido como una pieza nuclear en la actual revolución tecnológica. Su potencial es abrumador, pero también conlleva riesgos; y precisamente por ello, Europa se ha centrado en regular esas amenazas.
El Reglamento europeo 2024/1689, de 13 de junio, sigue un enfoque basado en los riesgos y establece, en consecuencia, unos usos prohibidos de la IA; al tiempo que enumera una serie de medidas para garantizar que los sistemas de IA que sí pueden ser utilizados se usen de forma ética y responsable.
El Anteproyecto de Ley impulsado por el Gobierno de España pretende dar cumplimiento al marco sancionador, dibujando un esquema particular para las pymes y empresas emergentes con el objeto de equilibrar la balanza entre el cumplimiento de las obligaciones del Reglamento de la UE y la protección a la innovación científica y técnica.
Pero la iniciativa no solo aspira a aterrizar el marco de sanciones, sino la gobernanza. El Anteproyecto de Ley sitúa en lo alto de la cúspide a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que se encargará de supervisar el sector y coordinar la acción para que sea armonizada. Y tendrá la ayuda de otras autoridades administrativas en los sectores regulados, como son la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas de gestión de migraciones y asilo asociados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado); el CGPJ para sistemas de IA en administración de justicia y la Junta Electoral Central (para sistemas de procesos electorales); el Banco de España para sistemas de clasificación de solvencia crediticia; la Dirección General de Seguros (para sistemas de seguros) y la CNMV para sistemas de mercados de capitales.
Todas estas autoridades de vigilancia realizarán las actuaciones inspectoras que sean precisas para blindar la supervisión y el control. Para asegurar la uniformidad de criterios, se crea la Comisión mixta de coordinación de autoridades de vigilancia del mercado atribuyendo a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial su presidencia, la secretaría y su gestión.
