La consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha explicado este lunes que el proyecto de ley de bibliotecas y fomento de la lectura se apoya en una planificación económica diseñada para ir desplegando de manera progresiva las actuaciones contempladas en la norma.
Gutiérrez ha comparecido en una comisión parlamentaria para detallar el contenido del texto legal que el Ejecutivo autonómico está tramitando. En su intervención, ha remarcado que las leyes deben juzgarse por su capacidad de transformación y no solo por su estructura formal, puesto que, ha dicho, "dentro de unos años, quizás nadie va a recordar el número de artículos que contienen, ni la denominación exacta de los órganos o instrumentos de planificación", pero sí "su impacto en la vida cotidiana de miles de personas".
Según ha señalado, la finalidad esencial del proyecto es "dotar a Asturias de un marco normativo integral para las bibliotecas y para las políticas públicas de fomento de la lectura", adaptándose a un contexto marcado por los cambios tecnológicos y por nuevas necesidades de la ciudadanía.
La responsable de Cultura ha resaltado que el texto parte de "una concepción moderna de las bibliotecas entendidas como servicios culturales esenciales orientados a garantizar el acceso libre y universal al conocimiento, la información, la educación, la lectura y la cultura".
Ha precisado que la ley ordena el sistema bibliotecario asturiano mediante la definición de centros, servicios e instituciones, con la finalidad de "avanzar hacia una red bibliotecaria auténtica que permita compartir recursos, conocimientos y buenas prácticas", y que reconoce el papel nuclear de las bibliotecas públicas junto a otras modalidades como las universitarias, especializadas o patrimoniales.
El proyecto incorpora herramientas básicas de planificación como el mapa de bibliotecas de Asturias, concebido para detectar carencias y prioridades; el directorio de bibliotecas, que ofrecerá información actualizada sobre los centros ya existentes, y el Plan de Actuación Bibliotecaria de Fomento de la Lectura, que servirá para fijar objetivos y líneas de trabajo. Además, la norma prevé "mecanismos estables de participación y gobernanza compartida" en la gestión de estas políticas públicas.
Críticas de la oposición a la memoria económica
Los grupos de la oposición han rechazado las explicaciones de la consejera, poniendo el foco especialmente en la vertiente presupuestaria. El diputado del PP José Luis Costillas ha expresado sus reservas respecto al impacto económico de la futura ley.
Ha recordado que los antrepoyectos de ley o propuestas de disposición de carácter general que se tramiten no podrán comportar crecimiento del gasto público presupuestado, salvo que al mismo tiempo se propongan los recursos adicionales necesarios, por lo que ha advertido que "ustedes van a aumentar dos millones de euros el gasto y no han dispuesto los recursos".
Costillas ha añadido que existe un problema añadido ligado al Plan Económico Financiero remitido al Ministerio de Economía, en el que "se constata que para el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes conforme al Plan Fiscal y Estructural de medio plazo del Reino de España y ante el incremento del gasto estructural, el margen para la ejecución de nuevas actuaciones se verá reducido", concluyendo que "si ustedes quieren aplicar esta ley, tienen que poner en su presupuesto dos millones de euros".
Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha calificado la iniciativa como una norma "totalmente innecesaria", al sostener que la red de bibliotecas públicas en Asturias "lleva funcionando desde el siglo XIX".
Jové ha cargado contra lo que ha llamado "diarrea legislativa" del Gobierno y ha reiterado que "toda ley implica restricciones, son corsés y no hace falta", enfatizando que su partido defiende "la desregulación" porque "España y Asturias necesitan menos leyes".
El representante de Vox ha sostenido que todas las actuaciones que contempla el texto "se pueden hacer a través de vía presupuestaria o a través de decretos o distintos instrumentos normativos", y ha puesto como ejemplo que "el funcionamiento normal de las bibliotecas en Asturias en los últimos 40 años, desde que iba en vigor el decreto del 86" evidenciaría, a su juicio, que la nueva ley no es necesaria.