El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF) han alertado este lunes de que los ataques contra centros de salud, medios de transporte sanitario y personal médico continúan y, en numerosos escenarios de conflicto, "se ha intensificado" una década después de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que reclamaba su protección.
"La situación es aún peor que hace 10 años", han subrayado las tres entidades en una nota conjunta, en la que remarcan que las agresiones contra profesionales sanitarios y pacientes, que provocan muertes y heridas, "no son un fracaso de la ley, sino una falta de voluntad política" y, por ello, reclaman a los dirigentes internacionales que adopten medidas decididas para poner fin a esta violencia.
La OMS, MSF y la Cruz Roja detallan que sus equipos observan a diario, en primera línea de guerra, las "catastróficas consecuencias" de impedir o atacar la atención médica: hospitales reducidos a ruinas, ambulancias que no pueden llegar a tiempo, personal sanitario alcanzado en pleno ataque y enfermos que fallecen por lesiones que habrían podido tratarse.
"Cuando los hospitales y quienes brindan atención médica son atacados, nos enfrentamos no solo a una crisis humanitaria, sino a una crisis de humanidad", han recalcado, insistiendo en que "la atención sanitaria jamás debe ser una víctima de la guerra" y remarcando que los equipos del CICR, la OMS y MSF "están preparados" para ayudar a los Estados a poner en marcha medidas que permitan "prevenir otra década de deterioro de las normas y violencia injustificable".
En este contexto, las tres organizaciones han reclamado a los gobiernos que conviertan sus compromisos en pasos tangibles para aplicar la Resolución 2286 y reforzar las iniciativas ya en marcha, entre ellas el trabajo del grupo de la iniciativa mundial sobre derecho internacional humanitario que estudia cómo garantizar una protección efectiva de los hospitales.
Igualmente, han pedido que la salvaguarda de la asistencia sanitaria se incorpore a la doctrina, las reglas de enfrentamiento y las directrices operativas de las fuerzas armadas y de seguridad, de forma que se materialicen las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario.
Al mismo tiempo, han instado a revisar, aprobar y reforzar las normas internas que amparan la atención médica en situaciones de conflicto armado; destinar recursos financieros, técnicos y operativos suficientes para ello; y utilizar todos los instrumentos diplomáticos y políticos disponibles para influir en las demás partes enfrentadas y que estas respeten su deber de proteger la asistencia sanitaria.
También han reclamado investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre los ataques contra la atención médica y ofrecer apoyo para asegurar la rendición de cuentas según los marcos jurídicos vigentes; así como informar de forma periódica y clara sobre la ejecución de la Resolución 2286, detallando progresos, obstáculos, buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el objetivo de favorecer su cumplimiento íntegro.