Padilla advierte de que el mayor peso de la sanidad privada en el SNS evidencia falta de capacidad del sistema público

Padilla alerta de que el auge de la sanidad privada en el SNS evidencia carencias del sistema público y reabre el debate sobre una nueva Ley de Sanidad.

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Jornada de presentación del 'Observatorio del sector sanitario privado 2026'. FUNDACIÓN IDIS

Jornada de presentación del 'Observatorio del sector sanitario privado 2026'. FUNDACIÓN IDIS

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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha cuestionado este martes el creciente peso de la sanidad privada dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), al considerar que “refleja, entre otras cosas, la falta de capacidad del sistema público y de los proveedores públicos de dimensionar sus capacidades a las necesidades de la población”.

Padilla ha intervenido en la jornada de presentación del “Observatorio del sector sanitario privado 2026” de la Fundación Instituto para el Desarrrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), un informe que detalla cómo ha ido ganando terreno la sanidad privada en el conjunto del sistema asistencial.

En una mesa redonda en la que también han participado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar; y el exconsejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, se han analizado los desafíos de la sanidad española cuatro décadas después de la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986.

Padilla ha remarcado que, al revisar esta ley, hay que tener presente que la sociedad en la que se aprobó “no es la misma” que la actual, entre otros motivos porque los “valores imperantes” han cambiado. Ha recordado, además, que la Ley General de Sanidad “surgió sin consenso” y “con la oposición” de parte de los agentes sociales, económicos y sanitarios de entonces, pese a que hoy se haya “idealizado como si fuera la quinta esencia del consenso”.

En este marco, ha identificado cinco grandes retos del sistema sanitario. En primer lugar, la “crisis de profesionales”, que se produce en un contexto en el que “tenemos más profesionales que nunca”. A su juicio, la “gran pregunta” no es cuántos faltan, sino por qué “todos los países de Europa” atraviesan esta misma situación cuando “más profesionales sanitarios se forman, se contratan y existen”.

También ha aludido a la tensión entre vivir en un “mundo de incertidumbres” y “necesitar respuestas con inmediatez”. Según ha explicado, uno de los desafíos actuales es que el sistema sea capaz de prepararse para escenarios que todavía no se han producido y que “a lo mejor, de hecho, nunca ocurren”.

El tercer reto que ha mencionado se refiere a las fronteras “borrosas” entre lo social y lo sanitario. Junto a ello, ha situado la necesidad de integrar la innovación, ya que cada vez se generan avances con mayor rapidez y “no siempre” entran en el sistema con la “debida evaluación”.

Como quinto elemento, ha señalado “la legitimidad social del conjunto del sistema”. Ha insistido en que es imprescindible identificar “cuáles son los elementos que avanzan en esa legitimidad social” y ha citado, “como uno de ellos”, la incorporación de la sociedad en su conjunto y, especialmente, de los pacientes, a los procesos de decisión.

Debate sobre una nueva Ley de Sanidad

Por su parte, Juan Abarca ha defendido que la Ley General de Sanidad “se quedó corta hace años” y ha precisado que, desde que Ana Pastor fue ministra de Sanidad, únicamente se han impulsado la Ley General de Salud Pública de 2011, que ha censurado porque “no vale para nada”, y la creación de la Agencia Esatal de Salud Pública.

“Hoy hay un sistema absolutamente burocratizado, encorsetado”, ha denunciado, subrayando que este entramado “impide que se pueda implementar la innovación de una manera efectiva a nivel nacional”, mientras que la equidad que caracterizaba al sistema “es cada vez menos equitativa”.

En este sentido, ha pedido redactar una nueva ley de sanidad que recoja “con normalidad” la colaboración público-privada y que permita avanzar “de golpe” 40 años, en lugar de seguir recurriendo a “parches”, con los que, ha advertido, siempre se irá “por detrás” de las necesidades reales de la población.

Abarca ha mostrado su coincidencia con los cinco ejes planteados por el secretario de Estado, aunque ha matizado que él “no hablaría de línea difusa” entre el ámbito sanitario y el social. “Todo lo que tenga que ver son gastos sociales derivados de una enfermedad no se puede meter en el cajón de la dependencia y decir que estos son gastos que no tienen que ver con el sistema sanitario. Me parece que eso es un ejercicio de cinismo tremendo”, ha reprochado.

Desde la POP, Carina Escobar ha remarcado que la sociedad ha experimentado una profunda transformación en estos 40 años y que la innovación terapéutica y tecnológica ha incrementado la esperanza de vida. “Eso genera una carga asistencial diferente”, ha indicado, aludiendo a los pacientes pluripatológicos, que presentan necesidades sociosanitarias y se topan con un “sistema fragemntado”.

En esta línea, ha defendido que una atención centrada en los pacientes debe integrar respuestas sanitarias y sociales. También ha señalado que las personas con patologías han asumido un nuevo papel y ya no se limitan a recibir asistencia, sino que desempeñan un rol “activo” en su salud. Escobar ha recordado que la Ley General de Sanidad ya recogía la importancia de que los pacientes participasen en su propia salud y, cuatro décadas después, ha expresado su deseo de que se apruebe por fin la ley de organizaciones de pacientes, que da forma a esta participación.

Por último, Boi Ruiz ha lamentado que la Ley General de Sanidad “nació sin reglamento” y “sigue” sin él. Ha afirmado que el “gran reto” del sistema sanitario es la “solvencia”, ya que, tal y como está configurado en la actualidad, no dispone de la solidez suficiente para afrontar los desafíos que se le plantean.

Asimismo, ha manifestado que le gustaría que el Ministerio de Sanidad fuera “plenamente soberano” del sistema sanitario y ha precisado que, en su opinión, más que cambiar la Ley General de Sanidad, apostaría por una “importante reforma” de los reglamentos que desarrollan dicha norma.