La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Promoción de la Salud (CPS), y la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) han acogido favorablemente el reciente informe del grupo de expertos de la Comisión Europea destinado a reforzar la seguridad de la infancia en el mundo digital, aunque subrayan que debe entenderse como un “punto de partida” sobre el que seguir construyendo para lograr la máxima protección posible.
“Que la Comisión Europea sitúe la protección de la infancia en el centro de la futura regulación digital supone un avance muy importante”, ha señalado el coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la AEP, Julio Álvarez Pitti. No obstante, ambas sociedades científicas esperan que la futura normativa incorpore la evidencia más reciente en materia de salud infantil y adolescente.
Entre los elementos positivos del documento, la AEP y la SEMA resaltan las iniciativas para reforzar los sistemas de verificación de edad, promover un diseño más seguro de las plataformas digitales y fijar medidas específicas frente a contenidos y funciones potencialmente dañinas para los menores.
En cambio, consideran que las medidas propuestas siguen siendo “todavía modestas” si se comparan con las recogidas por la AEP en su Plan Digital Familiar (PDF), una guía de recomendaciones para el uso de tecnología en niños y adolescentes presentada en 2023 y actualizada de forma periódica según avanza la evidencia científica.
Como ejemplo de las limitaciones del informe europeo, las sociedades científicas señalan la ausencia de pautas concretas sobre tiempos de uso a partir de los tres años. El documento de la AEP, por el contrario, aporta “amplia evidencia científica” que defiende una protección reforzada en las primeras etapas del desarrollo.
En este sentido, se plantea evitar cualquier exposición a pantallas entre los cero y los seis años, salvo situaciones puntuales de contacto social y siempre bajo supervisión adulta. Para la franja de siete a 12 años, se aconseja no superar una hora diaria, con independencia del dispositivo o plataforma, y entre los 13 y los 16 años, limitar el uso a menos de dos horas, incluyendo el tiempo escolar y las tareas.
Proteger el inicio de la adolescencia
Respecto a las redes sociales, la propuesta europea fija la restricción de acceso hasta los 13 años y, a partir de esa edad, un margen creciente de autonomía. Los pediatras españoles, sin embargo, recomiendan demorar todo lo posible desde los 13 años la adquisición del primer teléfono inteligente con conexión a internet y el inicio en redes sociales.
Con ello, los especialistas pretenden salvaguardar también los primeros años de la adolescencia, dado que, como ha recordado la presidenta de SEMA, María Angustias Salmerón, esta etapa continúa siendo “especialmente vulnerable” para el neurodesarrollo.
Durante esos años, las áreas cerebrales vinculadas a la recompensa, la búsqueda de aceptación social y la respuesta emocional maduran antes que las encargadas del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones. Esta desincronía incrementa la susceptibilidad a los mecanismos de diseño persuasivo de muchas plataformas, en especial aquellos orientados a prolongar el tiempo de conexión y la interacción.
Consecuencias sobre la salud
AEP y SEMA recalcan que sus indicaciones se apoyan en la evidencia científica, que relaciona el uso inadecuado de pantallas y redes sociales con efectos negativos para la salud, como alteraciones en la calidad y duración del sueño, aumento del sedentarismo y mayor riesgo de sobrepeso y trastornos cardio metabólicos.
También se ha observado asociación con fatiga visual y progresión de la miopía, así como con repercusiones en el aprendizaje, la atención y el neurodesarrollo. La literatura científica describe, además, un incremento de síntomas de ansiedad y depresión, problemas de autoestima, dificultades en la regulación emocional y conductas de uso problemático, especialmente en la adolescencia.
Por este motivo, ambas entidades defienden que la protección de la infancia en el entorno digital debe abordarse como un reto de salud pública, combinando la regulación con la educación digital y el acompañamiento por parte de las familias y los centros educativos.
“No se trata de demonizar la tecnología, sino de conseguir que se diseñen servicios que permitan que se pueda aprovechar el potencial en entornos que por defecto protejan su salud, su bienestar y su desarrollo”, ha concluido Álvarez Pitti.