Podemos exige en el Congreso la activación urgente del registro de objetores al aborto

En una reciente iniciativa en el Congreso de los Diputados, Podemos ha impulsado una Proposición no de Ley (PNL) solicitando al Gobierno la implementación “de inmediato” de registros para los sanitarios que objetan conciencia frente a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el territorio nacional.

La formación política argumenta en su propuesta que “el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental para la autonomía de las mujeres”, un derecho que se estableció con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y que se reforzó con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.

“Sin embargo, a pesar de la legislación vigente, 15 años después, este derecho sigue estando condicionado según el territorio y siendo inaccesible en muchas ocasiones”, indica Podemos, citando datos del Ministerio de Sanidad de 2023 que muestran que 103.097 IVE se llevaron a cabo y el 81,45 por ciento de estas se realizaron en instalaciones privadas.

“Esta situación no refleja una preferencia de las mujeres, sino una consecuencia de la falta de garantías en el sistema público de salud, donde la objeción de conciencia colectiva de los equipos sanitarios actúa como una barrera estructural”, explica la propuesta.

Además, señala que aunque la creación de dichos registros está contemplada en la Ley Orgánica 1/2023 para asegurar suficientes recursos humanos y evitar vetos colectivos por objeción individual, no se han activado dos años después de su aprobación.

Ante esta “inacción institucional” que vulnera la ley y constituye una “grave irresponsabilidad” en un contexto de ataques internacionales a los derechos sexuales y reproductivos, Podemos insta a establecer los registros en cada comunidad autónoma y en el INGESA, asegurando su funcionalidad y actualización permanente.

Finalmente, propone establecer coordinaciones y supervisión con las comunidades autónomas mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y exige informes de seguimiento al Congreso sobre la implementación de los registros, los retos enfrentados y las acciones realizadas para superarlos.