El caso Adamuz da un vuelco: Un empleado despedido denuncia el uso de balasto de mala calidad sobre las vías

Un exempleado denuncia ante la jueza que el balasto del tramo de Adamuz es defectuoso, pide ser testigo protegido y reclama frenar los trenes mientras se analiza.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan la vía del tren donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) GUARDIA CIVIL

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Una persona que trabajó para la empresa proveedora del balasto de las vías de tren a Adif ha remitido un escrito a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, responsable de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el domingo 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas más de 120. En su comunicación sostiene que el balasto colocado en el tramo afectado es “defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación” y que “incumple la normativa técnica de Adif”, y solicita que se le considere testigo protegido, proponiendo como medida preventiva “la suspensión temporal del paso de trenes mientras se realizan comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno”.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que ya ha sido incorporado al sumario, el extrabajador explica que, “a la vista del desarrollo de las investigaciones que se instruyen por el accidente y observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema”, se siente en “la obligación moral y deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria”.

El denunciante detalla que cuenta con más de 30 años de experiencia en fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto para líneas ferroviarias, con formación específica en normativa de Adif, caracterización petrográfica y ensayos mecánicos. Relata que fue despedido tras su “negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos”, un cese que se encuentra impugnado ante los tribunales.

En su escrito recalca que está poniendo en manos de la jueza “datos cruciales de trascendencia penal e interés público” derivados de su relación laboral y reclama ser reconocido formalmente como testigo, acogiéndose a las garantías de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, incluida la prohibición de represalias, la reserva de identidad y la protección integral del informante. También pide que, si se aprecia riesgo para su seguridad o la de su entorno, se apliquen las medidas de protección contempladas en la Ley Orgánica 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

Balasto “incumplidor de la normativa técnica de Adif”

El exempleado sostiene que el balasto colocado en el tramo de Adamuz, “incumplidor de la normativa técnica de Adif”, procede de la cantera en la que trabajaba. Asegura que “dicho material es defectuoso por exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía”, y que, “por estricta prudencia técnica, responsabilidad en materia de seguridad ferroviaria y para comprobar de inmediato la veracidad de estos hechos”, traslada estos datos al Juzgado para que se adopten las medidas preventivas que se estimen oportunas.

Afirma igualmente que conoce “la ubicación exacta y puntos kilométricos donde fue instalado el balasto defectuoso”. Para “velar por la integridad de la prueba, garantizar la estricta cadena de custodia, evitar cualquier alteración del material y asegurar máxima transparencia procesal”, se ofrece a “revelar dichos puntos únicamente de manera presencial, solicitando formalmente estar físicamente presente tanto en la inspección sobre el terreno para señalamiento y toma de muestras junto a la fuerza instructora/peritos, como posteriormente en el laboratorio designado”.

Subraya además que “la realización de análisis y comprobaciones que se solicitan no constituye medida excepcional ni arbitraria, sino que está plenamente contemplada y reglamentada en la Normativa Técnica de Adif”, y añade que “es un procedimiento totalmente legal, factible, técnicamente accesible y ejecutable en cualquier momento, resultando además de obligada e ineludible práctica en un contexto de investigación judicial por un accidente ferroviario”.

En este sentido precisa que “la identificación científica del material es categórica: la piedra de la cantera suministradora posee una firma mineralógica y petrográfica única, por lo que la realización de análisis por lámina delgada y Difracción de Rayos X permite diferenciar fehacientemente el balasto vertido” procediendo de su antigua cantera del preexistente.

Rastreo del material y documentación de los envíos

El extrabajador indica que, tras la toma de muestras e inspección de la vía y “una vez que los análisis analíticos y ensayos mecánicos confirmen de forma fehaciente que el balasto incumple la normativa técnica exigida”, está dispuesto a “de inmediato a señalar e identificar ante investigadores o Juzgado el lugar exacto, frente de cantera o acopio de donde procede el material defectuoso dentro de la cantera, así como la ubicación del resto de vías ferroviarias y suministros afectados, facilitando la plena trazabilidad con documentación y albaranes de entrega”.

Agrega también que, “con carácter meramente secundario y para conocimiento de la investigación una vez comprobado lo relativo al balasto en la vía principal”, hace constar que “en la citada cantera/planta se fabrica y suministra piedra para mezcla bituminosa -aglomerado asfáltico- fuera de la normativa técnica aplicable -incumpliendo la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme del Ministerio de Transportes y la norma UNE-EN 13043-, aspecto sobre el cual se ampliarán datos en fase correspondiente si la instrucción lo estima oportuno”.

Por todo ello, solicita a la magistrada que admita su escrito, ordene su unión a las diligencias y le reconozca la condición de testigo, asegurando la confidencialidad de su identidad, “la reserva de datos personales y protección legal frente a cualquier represalia, conforme a la Ley 2/2023 y, en su caso, la adscripción al régimen legal de la Ley Orgánica 19/1994 de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales”.

Revisión urgente de la vía y decisión de la jueza

Como actuación “prioritaria e inmediata” sobre la infraestructura, el denunciante reclama que se estudien y adopten medidas cautelares relativas a la recomendación técnica de parada preventiva del tráfico ferroviario en el tramo afectado, “al objeto de garantizar la seguridad vial e inspeccionar el estado real del balasto”.

Requiere igualmente ser citado y autorizado para asistir tanto a la inspección técnico-ocular ‘in situ’ en los puntos kilométricos señalados, donde se realizará el marcaje y la recogida de muestras, como a la sesión en el laboratorio donde se recepcionen y desempaquen dichas muestras, “garantizando la correcta cadena de custodia”, y que el material extraído sea sometido a los ensayos previstos en la normativa de Adif.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza ha acordado incorporar el escrito a la causa y, para preservar la intimidad del denunciante, en las notificaciones a las partes proceder “a la anonimización de sus datos personales identificativos o que permitan su identificación, manteniéndose íntegros en las actuaciones”. La magistrada decidirá sobre la conveniencia y el momento de tomar declaración al exempleado una vez se disponga de los resultados de los análisis y peritajes pendientes sobre el balasto cuestionado.

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¿En qué estado se encuentra la investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz y cuáles son los próximos pasos procesales?

La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz sigue en fase de instrucción, es decir, de recogida y análisis de pruebas, y a 17 de noviembre de 2026 no hay personas formalmente encausadas. La jueza Cristina Pastor, del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, debe determinar las causas del siniestro y si existen responsabilidades penales. Los próximos pasos se concentran en completar las periciales y contrastarlas con los datos de los trenes y de la infraestructura, según la información publicada por El Correo y las últimas diligencias conocidas.

Qué se ha esclarecido y qué falta

El accidente del 18 de enero dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos. Un informe técnico de la CIAF remitido al juzgado en abril señaló una rotura del carril como causa del descarrilamiento y no detectó anomalías previas en los trenes en los datos analizados. Esa conclusión técnica no equivale a una atribución judicial de responsabilidad: queda esclarecer por qué se produjo la fractura, si podía detectarse y qué actuaciones u omisiones pudieron contribuir al resultado, como recoge Demócrata.

Ya se ha completado el acceso, descifrado e interpretación de las cajas negras del Iryo y del Alvia. Sin embargo, siguen pendientes pruebas relevantes sobre carriles, soldaduras y material rodante. La jueza está impulsando estas actuaciones mediante nuevos requerimientos, sin que ello suponga que la instrucción esté próxima a cerrarse.

Próximas actuaciones acordadas o pendientes
  • Recibir los registros de Adif. El requerimiento conocido el 17 de noviembre concede dos días para entregar los eventos del enclavamiento —el sistema que controla señales y movimientos— y del telemando, incluido el videográfico de los cinco minutos anteriores al accidente. También se han solicitado datos adicionales a ILSA, Hitachi y CAF, según Europa Press.
  • Analizar la vía en laboratorio. Deben examinarse el desgaste y las características del metal de los raíles y las soldaduras. La jueza ha autorizado mediciones, exigiendo documentar herramientas, participantes e incidencias para preservar la trazabilidad de las pruebas, informa El País.
  • Revisar los informes de avance. Una providencia del 6 de noviembre dio diez días a la Guardia Civil, los peritos judiciales y la AITAT para comunicar actuaciones realizadas, resultados preliminares y trabajos pendientes. Ese plazo es para informar del progreso, no para concluir la causa. La resolución permitirá decidir nuevas diligencias, según Demócrata.
  • Resolver inspecciones y traslados. La Fiscalía debe pronunciarse sobre el movimiento de los bogies —conjuntos de ruedas y suspensión— precintados en Villanueva de Córdoba, así como sobre la inspección y eventual traslado de los vagones más dañados.
  • Valorar nuevas declaraciones. La jueza esperará a los resultados periciales antes de decidir si cita formalmente a un extrabajador de la cantera de balasto que ha aportado información sobre posibles defectos del material, según El País.
Qué puede ocurrir después

Al integrar esas pruebas, la instructora podrá valorar si existen indicios contra personas concretas o si procede archivar alguna línea de investigación. No hay una fecha anunciada de juicio. Tampoco debe confundirse la causa penal con la investigación técnica de la AITAT, que prevé superar doce meses, ni con la investigación separada de la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades en fondos comunitarios, recogida por Demócrata.

¿Cuáles son las competencias y funciones de la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro según la legislación española?

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ejerce funciones civiles de primera instancia e investigación penal, además de resolver determinados procedimientos penales. Sus atribuciones dependen de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las leyes procesales y las reglas de especialización y reparto: no comprende automáticamente cualquier asunto relacionado con Montoro.

Ámbito territorial y reparto

Su ámbito ordinario es el partido judicial de Montoro, no toda la provincia de Córdoba. La competencia concreta depende también de las reglas territoriales: por ejemplo, domicilio del demandado, situación del inmueble o lugar de comisión del delito.

Si existen varias plazas judiciales, los asuntos se asignan conforme a reglas objetivas de reparto. La denominación «Tribunal de Instancia» no significa que todos sus integrantes resuelvan conjuntamente cada procedimiento: la jueza ejerce la potestad jurisdiccional sobre los asuntos que le correspondan.

Competencias civiles

Conoce, en primera instancia, de los asuntos civiles no atribuidos legalmente a otros órganos o secciones especializados. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), esto comprende principalmente:

  • Litigios civiles: reclamaciones de deudas, contratos, responsabilidad por daños, propiedad, posesión, arrendamientos y desahucios, mediante el procedimiento que corresponda.
  • Familia y protección personal: divorcios, separación, filiación, custodia, alimentos, visitas y medidas de apoyo a personas con discapacidad, siempre que no correspondan a una sección especializada o a la competente en violencia sobre la mujer.
  • Ejecución: ordenar el cumplimiento forzoso de sentencias y otros títulos ejecutivos, resolver oposiciones y adoptar las decisiones judiciales necesarias.
  • Medidas cautelares y actuaciones preparatorias: asegurar provisionalmente derechos o pruebas mientras se resuelve el litigio.
  • Jurisdicción voluntaria: resolver autorizaciones y expedientes que la Ley 15/2015 reserve a la autoridad judicial.

No todas las actuaciones corresponden personalmente a la jueza. La admisión de escritos, la tramitación, determinados actos ejecutivos y algunos expedientes corresponden al letrado de la Administración de Justicia; otros expedientes pueden corresponder a notarios.

Competencias penales

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), su función principal es instruir causas penales: investigar los hechos, sus posibles responsables y las circunstancias relevantes, tanto incriminatorias como exculpatorias. Puede recibir declaraciones, ordenar peritajes y autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, con los requisitos legales.

  • Decisiones durante la investigación: acordar libertad o prisión provisional, fianzas, embargos y medidas de protección; también resolver el archivo o la continuación del procedimiento cuando proceda.
  • Enjuiciamiento limitado: celebrar juicios y dictar sentencia por delitos leves de su competencia. No juzga normalmente los delitos que ha investigado: el juicio corresponde a la sección penal o a la Audiencia Provincial, según el caso.
  • Juicios rápidos: tramitar diligencias urgentes durante la guardia y, en los supuestos legales, dictar sentencia de conformidad —aceptación de la acusación con los requisitos exigidos—.
  • Protección urgente: resolver órdenes de protección y adoptar prohibiciones de aproximación o comunicación y otras medidas legalmente previstas.

La violencia sobre la mujer exige comprobar la atribución especializada aplicable. La ausencia de una sección separada no permite presumir que cualquier jueza asuma esos asuntos: pueden estar asignados específicamente a una plaza judicial.

Guardia, garantías y organización

Durante la guardia puede atender detenidos, solicitudes de habeas corpus —control judicial de una posible detención ilegal— y actuaciones urgentes e inaplazables.

Debe garantizar defensa, contradicción, imparcialidad y resoluciones motivadas. Las funciones gubernativas adicionales dependen de que ostente un cargo de presidencia u otra responsabilidad; no derivan automáticamente de su destino. Tampoco sustituye las competencias organizativas del letrado de la Administración de Justicia ni puede recibir instrucciones sobre cómo resolver un caso.

¿Qué requisitos establece la normativa española para que un testigo pueda acogerse a las medidas de protección contempladas en la Ley Orgánica 19/1994?

Para acogerse a la Ley Orgánica 19/1994, el testigo debe intervenir en un proceso penal y la autoridad judicial debe apreciar racionalmente un peligro grave para él o para determinadas personas de su entorno. La protección no se obtiene automáticamente por solicitarla: exige una valoración judicial y la adopción de medidas adecuadas al riesgo. Estos requisitos se recogen principalmente en los artículos 1 y 2 de la ley publicada en el BOE.

1. Intervenir como testigo en un proceso penal

El artículo 1.1 establece: «Las medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos o peritos intervengan en procesos penales».

Por tanto, debe existir una intervención en esa condición dentro de una causa penal. No basta con ser una persona que tenga información sobre hechos ajenos a un procedimiento penal. La ley también protege a los peritos, aunque la pregunta se refiera a testigos.

El precepto no exige un delito concreto, una pena mínima ni que se investigue delincuencia organizada. Tampoco establece como requisito adicional que el testimonio sea decisivo o que el testigo haya celebrado un acuerdo de colaboración con la acusación.

2. Existir un peligro grave, apreciado racionalmente

El artículo 1.2 contiene el requisito central: «será necesario que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella» o de los familiares y personas vinculadas que enumera.

Esto significa que el temor del testigo no produce por sí solo la protección: el órgano judicial debe valorar las circunstancias que sustentan la existencia y gravedad del peligro. La ley no exige expresamente que ya se haya consumado una agresión ni limita la protección a amenazas contra la vida; también comprende riesgos graves para la libertad o los bienes.

El peligro puede afectar a:

  • El propio testigo.
  • Su cónyuge o la persona con quien mantenga una relación de afectividad análoga.
  • Sus ascendientes, descendientes o hermanos.

Por tanto, no es necesario que la amenaza recaiga directamente sobre quien declara.

3. Una decisión judicial motivada y proporcionada

Según el artículo 2, el juez instructor acordará las medidas «motivadamente, de oficio o a instancia de parte», cuando las estime necesarias atendiendo al grado de riesgo o peligro. Puede, por tanto, actuar por iniciativa propia: la solicitud del testigo no es imprescindible.

La resolución debe explicar la necesidad de protegerlo y seleccionar las medidas apropiadas. Entre ellas figuran omitir datos identificativos en las actuaciones, utilizar una clave, impedir su identificación visual normal o fijar el órgano judicial como domicilio para notificaciones.

4. Condiciones de las medidas adicionales y límites

El artículo 3.2 contempla protección policial a instancia del Ministerio Fiscal durante el proceso y, si persiste el peligro grave, después de finalizarlo. Solo en casos excepcionales prevé documentos de nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o trabajo. Estas posibilidades no se conceden automáticamente junto con cualquier medida protectora.

La protección debe respetar el derecho de defensa, incluida la posibilidad de discutir el testimonio. Además, el órgano encargado del juicio debe decidir motivadamente si mantiene, modifica o suprime las medidas o añade otras. Por ello, acogerse a la ley no garantiza anonimato absoluto ni protección invariable: su alcance depende del peligro y de las garantías del proceso.

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué motivo principal llevó al extrabajador a denunciar ante la jueza el uso de balasto en el tramo de Adamuz?

Pregunta 1 de 3

¿Qué experiencia profesional alegó tener el denunciante en su escrito?

Pregunta 2 de 3

¿Qué medida cautelar propone el denunciante para el tramo afectado mientras se realizan las comprobaciones técnicas?

Pregunta 3 de 3