La defensa de Víctor de Aldama, considerado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', ha sostenido ante el Tribunal Supremo que el empresario no puso en marcha ninguna red corrupta propia, sino que se incorporó a una ya existente y “plenamente asentada”, en la que “se le capta”. Al mismo tiempo, ha subrayado su “colaboración” para sacar a la luz esos hechos frente “al aparato estatal”.
Su letrado, José Antonio Choclán, ha expuesto este miércoles en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, que su cliente ha admitido los delitos que se le atribuyen: organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.
Según ha argumentado Choclán, “Aldama no constituye, no crea, no es el jefe”, sino que “se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015” y, cuando entra, “entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos, no los corrompe”.
El abogado ha insistido en que “la organización criminal está plenamente asentada antes de que entre en escena Aldama”: “Se le capta, y efectivamente se deja captar, porque ciertamente era una persona que podía proporcionar negocios, y desde el Ministerio se le proporcionaban, él los proporcionaba y al final se repartían”.
Ha destacado que, en noviembre de 2024, cuando Aldama estaba en prisión provisional por el 'caso hidrocarburos', decidió “iniciar una colaboración con la justicia”, algo que, a juicio de la defensa, “muy trascendente porque implica la renuncia a la propia defensa”, además de “la autoincriminación y la entrega a los brazos de la acusación”.
“Eso requiere un premio”, ha reclamado Choclán, que ha descrito que Aldama asumió “un rol difícil no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal”.
Comisiones y financiación del PSOE
En otro momento de su informe, el letrado ha afirmado que “el pago de comisiones a Ábalos y Koldo ha quedado absolutamente acreditado” y que Aldama “era la persona encargada de proporcionar fondos”.
“Víctor es la persona que llama a la puerta para decirles, 'oye, si quieres una obra pública, vas a tener que pagar una comisión'. Era un recaudador de fondos, fondos entregados a Koldo y a Ábalos”, ha subrayado.
Ese dinero, de acuerdo con lo que declaró Aldama y ha recordado su abogado, se habría destinado “a financiar al Partido Socialista a través de un sistema de donaciones nominativas, que ya se encargaría Koldo de buscar a los donantes”.
Choclán ha agradecido al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que haya dejado “la puerta abierta, aunque no lo haya hecho formalmente en su calificación, a los postulados de la acusación popular y de la defensa” sobre la atenuante de confesión, que consideran más ventajosa para Aldama que la planteada por el Ministerio Público.
Ha explicado que la red delictiva en la que sitúa a su cliente “no es solo a nivel vertical”, sino que “es transversal, es horizontal”.
“El señor Aldama es un instrumento”, ha enfatizado, “pero no del exministro, es un instrumento mucho más grande, precisamente para satisfacer los fines de esta estructura ya creada con anterioridad”.
En esa línea, ha resaltado que en uno de los audios incorporados a la causa, de 2019, “se habla ya de la implicación de otros altos cargos”, entre ellos Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras.
Ha recordado igualmente la carta que Aldama envió al expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó, a la que ha descrito como otro de los “instrumentos para obtener financiación”.
Sin pacto con la Fiscalía y petición de atenuante
El defensor ha querido dejar claro que “no se ha firmado” un acuerdo de conformidad con la Fiscalía: “Pero desde luego, la importancia de la colaboración no solo ha sido destacada por el Ministerio Fiscal, sino creo que es de justicia reconocer” la aportación de Aldama.
Ha defendido que los hechos revelados “no se conocían antes de que debutara la declaración” de su cliente, motivo por el cual considera que procede aplicar la atenuante de confesión muy cualificada.
Ha aludido a la doctrina del Supremo: “Sabemos de la jurisprudencia de la Sala, no la ignoramos, que para rebajar adicionalmente y considerarse muy cualificada, debe valorarse la intensidad de la colaboración”. A su entender, esa intensidad, “la que le era exigible” a Aldama, “se ha completado extraordinariamente”.
Incluso ha sostenido que esa colaboración “ha ido mucho más allá de lo debido”, porque “hubiera bastado una confesión, un reconocimiento” de los hechos.
Y ha añadido: “Aquí lo que estamos hablando es si por razones de utilidad pública, de coadyuvar a la Administración de la Justicia, de ayudar a este tribunal a fijar con certeza o mayor certeza un hecho probado, tiene sentido”.
“Ciertamente el Ministerio Fiscal nos ha reconocido que no solo existe una posibilidad legal, es que aparte es frecuente pactar una rebaja de uno o dos grados, que es lo que a juicio del tribunal tendrá que establecerse y es lo que demanda esta parte”, ha rematado.
Confesión frente a un “aparato estatal”
Choclán ha defendido que el “mérito es mucho mayor” en el caso de Aldama, dado que “esa colaboración es en solitario de un ciudadano contra un aparato estatal en el que ya aparecía implementada una organización criminal antes de que él llegara”. Y ha señalado que “esta Sala tiene la oportunidad precisamente de sentar doctrina sobre esta situación”.
Como ejemplo de las consecuencias de esa actitud, ha recordado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interpuso “una demanda de juicio ordinario” tras la declaración de Aldama como acusado el 29 de abril.
“Tiene su lectura, como también la tiene el que el PSOE pidiera la prisión de Aldama en la causa que se sigue en el Juzgado Central Número 5”, ha apuntado.
Estos movimientos, según el letrado, “tienen un sentido de represalia por una actuación procesal y tiene un sentido de desincentivar a Aldama para la colaboración”.
Señalamientos a Cerdán y otras derivadas
El abogado ha reiterado que Aldama ha colaborado “aportando información veraz, complementando los informes” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y “abriendo nuevas líneas de investigación”.
De acuerdo con su versión, esa cooperación ha permitido que “se ha demostrado la existencia de hechos mucho más graves” y “se han identificado a otros miembros” vinculados al PSOE y al Gobierno, entre ellos el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
En este contexto, ha denunciado que a su cliente “se le llama delincuente desde el Gobierno” después de que señalara una supuesta trama de amaños de obra pública en la que Cerdán está imputado y que habría afectado a contratos de Transportes.
“Después, cuando se abren los dispositivos, seis meses después se verifica que lo que dijo Aldama del cupo vasco era real, que los papeles que ya entregó Aldama señalando con colores la obra pública era real”, ha precisado.
En cuanto a las peticiones de pena, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama, al tener en cuenta su confesión.
Por otro lado, las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras que para el empresario interesan en torno a cinco años de prisión, aplicándole la atenuante muy cualificada de confesión.