La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha decidido este lunes suspender el inicio del juicio previsto contra el exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, el exconcejal de la misma localidad, Emilio Mañez, el propietario del grupo Avialsa, Vicente Huerta, y otros siete procesados por un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la trama del 'cártel del fuego'. La petición partió de la Fiscalía, que ha reclamado tiempo para examinar una nueva prueba pericial aportada por las defensas.
Tras este aplazamiento, la vista se reanudará en una fecha que no será anterior a 30 días. Antes de continuar con el juicio, el tribunal fijará otra sesión específica para resolver definitivamente las cuestiones previas planteadas por las partes.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene una acusación que contempla penas de entre siete y 22 años y cinco meses de prisión para los implicados, a los que atribuye delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución, por hechos que se habrían producido entre 2005 y 2016.
En su escrito provisional, el ministerio público sostiene que los dos cargos públicos habrían recibido diversas ventajas económicas como contrapartida a su actuación presuntamente ilícita, entre ellas descuentos en la adquisición de terrenos, fincas y viviendas, así como la utilización de vehículos de alta gama.
La defensa de Huguet ha incorporado al procedimiento un nuevo informe pericial con el que pretende rebatir el elaborado por la UDEF. En ese dictamen se alega, entre otros extremos, que habían “desaparecido” expedientes administrativos de Quartell y Alfara “custodiados” por la unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
La fiscal anticorrupción se ha opuesto a la admisión de esta prueba y, de forma subsidiaria, ha reclamado el aplazamiento de la vista para poder analizarla con detalle. Finalmente, la presidenta del tribunal ha acordado posponer el juicio para que todas las partes dispongan de tiempo suficiente para estudiar el contenido del informe.
El ministerio público ha solicitado además que se incorpore al procedimiento la sentencia de conformidad dictada por la Audiencia Nacional en la causa principal del denominado 'cartel del fuego', en la que el empresario reconoció el fraude en contratos públicos de aviones destinados a la extinción de incendios y fue condenado a diez penas de entre tres y seis meses de prisión. La Fiscalía entiende que esta resolución acredita “la forma de actuar” de los acusados.
Las defensas, por el contrario, han rechazado esta incorporación, argumentando que la acusación solo pretendía generar “un ambiente contra los acusados de que 'entre pillos anda el juego'”. El tribunal ha respaldado esta posición y ha descartado añadir dicha sentencia al no apreciar una fundamentación suficiente en la solicitud.
Los hechos objeto de enjuiciamiento se sitúan entre los años 2005 y 2016. Según la calificación de la Fiscalía, el presidente del Holding Empresarial Avialsa se habría servido de la capacidad de decisión e influencia de los dos responsables municipales para lograr la adjudicación de suelo de titularidad pública destinado a proyectos urbanísticos en varios municipios del Camp de Morvedre, en especial en Alfara de Algimia y Quartell. No obstante, el objetivo real habría sido ceder posteriormente la ejecución de esos desarrollos a otras empresas.
De acuerdo con el relato acusatorio, los dos cargos públicos habrían recibido diversas contraprestaciones por esta presunta actuación delictiva, consistentes en rebajas en la compra de parcelas, fincas y viviendas, además del uso de vehículos de alta gama. Por estos hechos, la Fiscalía reclama para Emilio Máñez una condena de 22 años y cinco meses de prisión: dos años por falsedad, siete por prevaricación administrativa, cuatro por cohecho, cinco años y seis meses por blanqueo de capitales y cuatro años por un delito de frustración de la ejecución.
Para Francisco Huguet, el ministerio público solicita 16 años y cinco meses de cárcel —siete por prevaricación, cuatro por cohecho y cinco años y seis meses por blanqueo—, mientras que para el empresario Vicente Huerta pide un total de siete años de prisión, repartidos en tres años por falsedad y cuatro por cohecho.
El escrito de acusación incluye también la petición de que los procesados indemnicen al Ayuntamiento de Quartell —personado como acusación particular— con una cantidad global cercana a 700.000 euros por los perjuicios ocasionados.
Huguet y su asesor y exteniente de alcalde Emilio Mañez (PP) ya fueron condenados en 2022 a dos años y medio de cárcel por su intervención en los denominados contratos zombies de la empresa pública Imelsa, como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.