El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha reconocido este miércoles que los casos que llegan al órgano que encabeza tienen una gran “trascendencia” y eso provoca “una crítica” y que se “hable de politización”. No obstante, ha subrayado que en la Audiencia Nacional, “como en ningún tribunal español”, “no se hace política”.
“Nosotros investigamos hechos, juzgamos conductas, pero bajo la única vinculación que tenemos, que es la Constitución y la ley, sin atender a ningún otro tipo de influencia”, ha remarcado el presidente de la Audiencia Nacional antes de impartir la ponencia “La audiencia nacional, garante del Estado de derecho”, en el XIII foro de economía de Castilla La Mancha organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).
En la antesala del 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, efeméride que se conmemorará en 2027, Fernández ha señalado que “las críticas al Poder Judicial son legítimas siempre y cuando se centren en el contenido de la sentencia”.
Críticas sin legitimidad
En este sentido, ha advertido de que “las críticas hechas por responsables políticos cuando trascienden ese marco y van a terrenos, digamos, extra jurisdiccionales invocando razones espurias como ideológicas o de querer producir un cambio político. Todo esto acuñado en ese termino novedoso de ‘lawfare’. Cuando estas críticas son hechas por responsables políticas carecen de esa legitimidad”.
Fernández ha recordado que “el poder judicial que se configura además en la Constitución de 1978, es un poder judicial que debe ser independiente y lo es realmente. A lo largo de estos años hemos dado muestras de ello, y todo esto además en un sistema de plenas garantías constitucionales y procesales”.
Por ello, ha insistido en “esa independencia”. “No tenemos otra sujeción que la Constitución --que es de la que deriva nuestra legitimidad democrática-- y no actuamos nunca movidos por ninguna otra influencia político-partidista, económica o social”.
Finalmente, ha recalcado que “nuestro deber es ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, contribuir a que la vida de los españoles sea mejor, más pacífica y a eso nos dedicamos, conscientes de este rol constitucional que llevamos a cabo”.