El presidente de la Audiencia Nacional reivindica que allí no se hace política, “como en ningún tribunal español”

Juan Manuel Fernández defiende la independencia de la Audiencia Nacional y rechaza que en el tribunal se haga política o se actúe por presiones externas.

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El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha reconocido este miércoles que los casos que llegan al órgano que encabeza tienen una gran “trascendencia” y eso provoca “una crítica” y que se “hable de politización”. No obstante, ha subrayado que en la Audiencia Nacional, “como en ningún tribunal español”, “no se hace política”.

“Nosotros investigamos hechos, juzgamos conductas, pero bajo la única vinculación que tenemos, que es la Constitución y la ley, sin atender a ningún otro tipo de influencia”, ha remarcado el presidente de la Audiencia Nacional antes de impartir la ponencia “La audiencia nacional, garante del Estado de derecho”, en el XIII foro de economía de Castilla La Mancha organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

En la antesala del 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, efeméride que se conmemorará en 2027, Fernández ha señalado que “las críticas al Poder Judicial son legítimas siempre y cuando se centren en el contenido de la sentencia”.

Críticas sin legitimidad

En este sentido, ha advertido de que “las críticas hechas por responsables políticos cuando trascienden ese marco y van a terrenos, digamos, extra jurisdiccionales invocando razones espurias como ideológicas o de querer producir un cambio político. Todo esto acuñado en ese termino novedoso de ‘lawfare’. Cuando estas críticas son hechas por responsables políticas carecen de esa legitimidad”.

Fernández ha recordado que “el poder judicial que se configura además en la Constitución de 1978, es un poder judicial que debe ser independiente y lo es realmente. A lo largo de estos años hemos dado muestras de ello, y todo esto además en un sistema de plenas garantías constitucionales y procesales”.

Por ello, ha insistido en “esa independencia”. “No tenemos otra sujeción que la Constitución --que es de la que deriva nuestra legitimidad democrática-- y no actuamos nunca movidos por ninguna otra influencia político-partidista, económica o social”.

Finalmente, ha recalcado que “nuestro deber es ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, contribuir a que la vida de los españoles sea mejor, más pacífica y a eso nos dedicamos, conscientes de este rol constitucional que llevamos a cabo”.

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¿Cuáles son las competencias y funciones del presidente de la Audiencia Nacional según la legislación española?

El presidente de la Audiencia Nacional ejerce principalmente funciones de gobierno interno, organización y representación institucional. Su cargo no le permite dirigir el contenido de las sentencias ni revisar personalmente las decisiones de los demás magistrados. La regulación básica se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que distingue sus atribuciones de las correspondientes a la Sala de Gobierno y a las salas jurisdiccionales.

1. Posición institucional

El artículo 63.2 de la LOPJ establece que tiene la consideración de presidente de Sala del Tribunal Supremo y que es el presidente nato de todas las salas de la Audiencia Nacional: Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. Esa consideración no significa que sea miembro del Tribunal Supremo ni vocal nato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Representa institucionalmente a la Audiencia Nacional y mantiene las relaciones de gobierno judicial con el CGPJ. Debe diferenciarse esta representación de la representación general del Poder Judicial, que corresponde al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo.

2. Gobierno interno y organización

La presidencia dirige el funcionamiento gubernativo del tribunal, sin sustituir las competencias colegiadas de su Sala de Gobierno. En este ámbito le corresponde:

  • Convocar y presidir la Sala de Gobierno, fijar el orden del día y dirigir sus deliberaciones.
  • Impulsar la ejecución de sus acuerdos y el cumplimiento de las decisiones de los órganos de gobierno judicial.
  • Velar por el correcto funcionamiento de las salas y secciones y promover las medidas organizativas pertinentes.
  • Canalizar quejas sobre el funcionamiento del tribunal y trasladar al CGPJ necesidades de personal, medios y organización.
  • Ejercer las facultades de inspección y disciplina que le atribuya la legislación, dentro de sus límites.

La aprobación de las normas de reparto corresponde a la Sala de Gobierno: presidirla no autoriza a distribuir libremente los procedimientos. Tampoco puede asumir unilateralmente decisiones para las que la ley exige un acuerdo colegiado.

Existe, además, una facultad organizativa específica en el artículo 64 bis.2: ante diferencias sensibles y continuadas de carga de trabajo, puede proponer la adscripción de magistrados de la Sala de Apelación a otra sala de distinto orden jurisdiccional. Requiere acuerdo favorable de la Sala de Gobierno y decisión del CGPJ; no es una adscripción que pueda ordenar por sí solo.

3. Funciones jurisdiccionales y límites

La Presidencia es esencialmente un cargo gubernativo, como recoge el Auto del Tribunal Constitucional 119/2018. No posee una competencia general para resolver todos los asuntos de la Audiencia Nacional: estos corresponden a los órganos determinados por la ley y las reglas de composición y reparto.

Su condición de presidente nato debe ejercerse respetando esas reglas. No permite impartir instrucciones sobre cómo fallar un procedimiento ni corregir resoluciones al margen de los recursos legalmente previstos.

El artículo 69 contempla su participación en una sala especial que resuelve determinadas recusaciones, es decir, solicitudes para apartar a un magistrado por posibles causas de falta de imparcialidad. La integran también los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, con las sustituciones correspondientes. Si la recusación afecta al propio presidente, este no interviene en su resolución.

4. Nombramiento, mandato y cese

El artículo 335.2 dispone que el CGPJ provee la Presidencia entre magistrados con quince años de servicios en la categoría que reúnan condiciones idóneas. El mandato dura cinco años y puede renovarse una sola vez por otros cinco.

Según el artículo 338, cesa por expiración del mandato, salvo renovación; por dimisión aceptada por el CGPJ; o por resolución acordada en expediente disciplinario. Estas reglas completan un cargo de dirección institucional, no de superioridad sobre la independencia judicial.

¿Cuál ha sido la trayectoria profesional y política de Juan Manuel Fernández antes de presidir la Audiencia Nacional?

Juan Manuel Fernández Martínez llegó a la presidencia de la Audiencia Nacional con una trayectoria fundamentalmente judicial e institucional: había trabajado en distintos juzgados, presidido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ejercido durante más de una década como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No consta en las fuentes consultadas una carrera política partidista, ni cargos electivos o de gobierno anteriores a su nombramiento. Por tanto, conviene distinguir su participación en el gobierno de los jueces de una trayectoria propiamente política.

Formación y primeros destinos judiciales

Nació en Barquisimeto, Venezuela, en 1958, y se crio en Galicia. Posteriormente se trasladó a Pamplona para estudiar Derecho en la Universidad de Navarra, donde se licenció en 1980. Esa vinculación con Navarra terminaría marcando buena parte de su recorrido profesional.

Según la información oficial del CGPJ, ingresó en la carrera judicial en 1984. Sus primeros destinos estuvieron en Betanzos, Pamplona y Estella. En 1988 ascendió a magistrado y pasó al Juzgado de lo Social número 7 de Málaga; en 1989 regresó a Navarra para incorporarse al Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona.

Consolidación profesional en Navarra

Durante los años noventa combinó el trabajo jurisdiccional con responsabilidades de representación y organización judicial. Fue juez decano de Pamplona entre 1992 y 1996, una función de coordinación de los juzgados. Desde 1994 también fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En 1996 obtuvo plaza en la Audiencia Provincial de Navarra, donde ejerció en su Sección Tercera. En febrero de 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Esa presidencia constituyó su principal responsabilidad territorial antes de incorporarse al Consejo General del Poder Judicial.

Más de una década en el CGPJ

En 2013 fue elegido vocal del CGPJ por el Senado. Permaneció en el órgano de gobierno de los jueces hasta julio de 2024, durante una etapa prolongada por el retraso en su renovación. También participó en su Comisión Permanente durante parte de ese periodo.

Una de sus responsabilidades destacadas fue la presidencia del Foro Justicia y Discapacidad, dedicado a impulsar el acceso a la Justicia y la protección jurídica de las personas con discapacidad. Tras la renovación del Consejo en 2024, regresó al ejercicio jurisdiccional como magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Dimensión política y otras actividades

Su elección por el Senado tuvo una dimensión parlamentaria, pero no equivale a haber desempeñado un cargo de partido. Las fuentes consultadas no acreditan militancia partidista, responsabilidades ministeriales ni mandatos como diputado o senador. Algunas informaciones periodísticas lo han descrito como de tendencia conservadora; esa caracterización no demuestra una afiliación política formal.

Además, desarrolló actividad docente en la Universidad de Navarra y en la Escuela de Seguridad de Beriáin, coordinó un diccionario jurídico de Aranzadi y estuvo vinculado a iniciativas sociales como Proyecto Hombre de Navarra, según su currículum biográfico.

El recorrido culminó con su elección unánime por el CGPJ el 26 de febrero de 2025. Su nombramiento se formalizó mediante el Real Decreto 223/2025, de 25 de marzo, y tomó posesión el 3 de abril de 2025, sucediendo a José Ramón Navarro.

¿Qué requisitos establece la Constitución para garantizar la independencia del poder judicial en España?

La Constitución Española no tiene un único precepto que “liste” los requisitos de independencia judicial, pero sí establece un conjunto de principios y garantías que, en su conjunto, buscan asegurar que jueces y tribunales actúen libres de presiones externas. Estos elementos se encuentran sobre todo en los artículos 117 a 127 de la Constitución.

1. Principio general de independencia y sumisión a la ley

El núcleo está en el artículo 117.1, que proclama que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De aquí derivan varias garantías:

  • Independencia: los jueces no pueden recibir instrucciones de otros poderes del Estado ni de particulares sobre cómo resolver un caso concreto.
  • Sometimiento solo a la ley: no se deben a órdenes políticas o jerárquicas, sino al ordenamiento jurídico.
  • Responsabilidad: la independencia no significa impunidad; pueden responder disciplinaria, civil o penalmente en los supuestos legalmente previstos.

2. Potestad jurisdiccional exclusiva de los jueces

La Constitución reserva a jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3). Eso incluye juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ningún otro órgano puede sustituirlos en esa función:

  • Se excluye que órganos administrativos o políticos dicten resoluciones con valor de sentencia en conflictos entre partes.
  • Solo la ley puede crear órganos jurisdiccionales y fijar sus competencias, evitando estructuras “ad hoc” para casos concretos.

3. Prohibición de tribunales de excepción y juez predeterminado por la ley

Para evitar injerencias políticas en casos concretos, la Constitución:

  • Prohíbe los tribunales de excepción (art. 117.6): no se pueden crear órganos judiciales especiales para un asunto determinado o contra personas concretas.
  • Impone el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2, estrechamente ligado a la independencia): cada ciudadano debe ser juzgado por el órgano que la ley ha fijado anticipadamente, según reglas generales de competencia y reparto.

Esta predeterminación impide que el legislador o el Gobierno “escojan” el juez a medida para un caso concreto, lo que reforzaría una influencia indebida sobre el resultado.

4. Inamovilidad y estatuto profesional de jueces y magistrados

La inamovilidad (art. 117.2) es una garantía clave: los jueces no pueden ser destituidos, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías que la ley establezca. Esto reduce el riesgo de que su carrera dependa de agradar al poder político.

Además, la Constitución:

  • Reconoce un cuerpo único de jueces y magistrados, con acceso, promoción y situación regulados por la ley.
  • Remite a una ley orgánica del Poder Judicial (art. 122) la regulación detallada del estatuto profesional, incluidos derechos, deberes y régimen disciplinario.

5. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El artículo 122 crea el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de jueces y tribunales. Sus funciones (nombramientos, ascensos, inspección, disciplina…) se conciben como un escudo frente a la injerencia directa del Ejecutivo:

  • La Constitución exige que su composición y funciones se regulen por ley orgánica.
  • Su razón de ser es separar la gestión de la carrera judicial del Gobierno, reforzando la autonomía del Poder Judicial.

6. Incompatibilidades y dedicación exclusiva

Para proteger la imparcialidad personal, el artículo 127 establece que los jueces, magistrados y fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos y han de estar sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades. La finalidad es doble:

  • Evitar vínculos orgánicos que puedan comprometer su neutralidad.
  • Garantizar una dedicación exclusiva a la función jurisdiccional, reduciendo conflictos de interés (por ejemplo, incompatibilidad con ciertos cargos públicos o actividades profesionales).

7. Publicidad del proceso y garantías procesales

Aunque no se refieren solo a jueces, varias garantías procesales también contribuyen indirectamente a la independencia:

  • Publicidad de las actuaciones (con excepciones tasadas) permite un control social sobre la actuación judicial.
  • Derecho de defensa, a la prueba y a un proceso con todas las garantías (art. 24) hacen que la labor del juez esté sujeta al escrutinio de las partes y a posibles recursos.

8. Conclusión

En suma, la Constitución garantiza la independencia judicial mediante una combinación de principios (independencia, sumisión a la ley, exclusividad jurisdiccional), garantías estatutarias (inamovilidad, incompatibilidades, prohibición de pertenecer a partidos y sindicatos) y mecanismos institucionales (CGPJ, prohibición de tribunales de excepción, juez predeterminado por la ley). Todo ello configura un marco en el que los jueces pueden decidir con autonomía frente a los otros poderes del Estado y a los intereses privados, aunque su actuación siga sometida al control jurídico y democrático propio de un Estado de derecho.

¿Podrías explicarme con más detalle cuál es el papel del Consejo General del Poder Judicial en la independencia de los jueces? ¿Qué diferencias hay entre la independencia del poder judicial y la imparcialidad del juez en un caso concreto? ¿Cómo se compara el modelo constitucional español de independencia judicial con el de otros países europeos?

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¿Cuál es la posición de Juan Manuel Fernández sobre la supuesta politización en la Audiencia Nacional?

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¿Qué ha recalcado Juan Manuel Fernández como deber del poder judicial?

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