El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado este lunes una diligencia informativa para analizar las quejas presentadas contra el magistrado David Maman, instructor de la querella contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de una presunta agresión sexual a una subordinada, por sus comentarios sobre violencia de género y custodia.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, el promotor de la acción disciplinaria ha acordado dar este paso después de recibir quejas por unas "manifestaciones" realizadas por el titular de la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid durante una ponencia en una actividad formativa organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Días antes, más de 100 organizaciones habían reclamado que se abriera una investigación sobre el juez a raíz de unas declaraciones públicas sobre violencia machista que consideran "incompatibles" con la exigida imparcialidad judicial.
El Ministerio de Igualdad también solicitó al CGPJ la apertura de diligencias al magistrado y la incoación de un expediente disciplinario por una posible "falta grave".
Igualdad expuso en su escrito que el juez "realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género, al ejercicio de sus derechos procesales y a la protección de las personas menores de edad, cuyo contenido resulta manifiestamente incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional".
De acuerdo con el documento remitido por el Ministerio de Igualdad al CGPJ, el magistrado atribuyó a las madres conductas de "manipulación" sobre sus hijos —a lo que se refirió como "lavado de coco"— y sostuvo que "la mujer es una enemiga acérrima" de la custodia compartida.
Por su parte, en el escrito presentado por las organizaciones se indica que el juez hizo afirmaciones que proyectan una visión "estereotipada" de las mujeres. Entre ellas, se subrayan alusiones a que algunas denunciantes buscan órdenes de protección de forma interesada —empleando expresiones como "la caza de la orden"—, que existirían "ventajas" para las mujeres al denunciar y que, en procedimientos con menores, las madres podrían influir en sus hijos mediante un supuesto "lavado de coco".