El Gobierno ha defendido ante el Tribunal Supremo que una suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha implicaría una “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”.
Este argumento figura en un escrito de la Abogacía del Estado presentado en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Con este documento, los servicios jurídicos del Estado contestan a la solicitud de Hazte Oír ante el Supremo para que se deje en suspenso de forma cautelar la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de abril.
En el escrito, el Gobierno expresa su “oposición a la medida cautelar” y pide que se rechace el recurso “por falta de legitimación de la recurrente o, subsidiariamente, acuerde su denegación”.
Según se expone, “existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto”.
La Abogacía del Estado sostiene que la argumentación de Hazte Oír “se construye exclusivamente sobre la enumeración de fines estatuarios de carácter amplio y genérico”, entre ellos los “valores constitucionales, familia o legalidad”, junto con “consideraciones abstractas sobre el impacto de la norma en la política migratoria”.
En esta línea, remarca que “no se identifica qué beneficio real y propio obtendría la asociación con la eventual anulación del real decreto”, ni tampoco “qué perjuicio cierto y específico se le evitaría”.
Recuerda además que “el Tribunal Supremo ha subrayado que no vale como razón legitimadora el mero interés abstracto en defensa de la legalidad ni su encaje implícito en una supuesta acción popular inexistente en el ámbito del artículo”.