El magistrado del Juzgado de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento abierto contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea Papaseit, en el que se investigaba la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Tras las diligencias practicadas, el juez concluye que no hay indicios racionales que permitan atribuirle participación alguna en los hechos denunciados.
En un auto dictado este miércoles, el instructor examina las imputaciones vinculadas tanto al presunto uso indebido de recursos municipales como a la contratación de servicios de asesoramiento jurídico con la mercantil Servicios Tributarios Administración Local SL (STAL).
Sobre los supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias, el magistrado subraya que no se ha hallado soporte documental que permita sostener que la regidora se valiera de su cargo para obtener un beneficio económico propio o ajeno, ni que realizara un empleo irregular del patrimonio del Ayuntamiento.
En particular, el auto señala que “no existe un solo documento, correo electrónico, mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones que dejen registro de la conversación, extractos bancarios o documentación financiera” que permita siquiera pensar que la alcaldesa hubiera empleado su autoridad para conseguir una participación lucrativa o beneficiarse del patrimonio público.
El contrato de asesoramiento jurídico con STAL
En cuanto al posible delito de prevaricación administrativa, la instrucción se centraba en la formalización de un contrato de asesoramiento jurídico con la empresa STAL, posteriormente declarado nulo por el Consejo Consultivo de Aragón el 19 de febrero de 2026.
No obstante, el juez entiende que esa declaración de nulidad no permite concluir que la alcaldesa actuara sabiendo que incurría en una ilegalidad al firmar dicho contrato. A la vista del resultado de las diligencias practicadas, sostiene que no puede apreciarse la existencia de indicios racionales de que la investigada fuera consciente de estar realizando un acto contrario al ordenamiento jurídico.
El auto indica que “no puedo entender que concurran indicios racionales que me lleven a pensar que la investigada, al tiempo de la firma del contrato de 7 de noviembre de 2026, entendiera que estaba realizando un acto ilegal y contrario al ordenamiento jurídico”.
La resolución también se refiere al asesor tributario del Ayuntamiento de Mosqueruela, Ignacio S. P., investigado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. En relación con él, el magistrado concluye que no hay indicios de que presionara o influyera en la alcaldesa para lograr un beneficio económico.
En esta línea, el instructor precisa que la relación comercial del asesor con el consistorio se circunscribía a la prestación de servicios vinculados a la implantación de proyectos de energías renovables, en concreto aerogeneradores.
Sobreseimiento provisional de la causa
A la luz de estos argumentos, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones en la causa seguida contra la alcaldesa y el asesor. La decisión no es firme, por lo que frente a ella cabe interponer recurso de reforma y/o recurso de apelación.