El magistrado de Tarragona que instruye el “caso Montoro” ha decidido extender por un periodo adicional de seis meses las diligencias de investigación. La causa analiza si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pudo servirse de su posición en el Gobierno para impulsar normas que favorecieran a compañías de gases industriales que figuraban entre la clientela del despacho de abogados Equipo Económico, creado por él antes de llegar al Ejecutivo y del que se desvinculó al asumir el cargo.
Así lo recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor subraya que las pesquisas han revelado la posible existencia de “una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”.
Las gasísticas contrataron a Equipo Económico para impulsar cambios normativos, según el juez
“En concreto, tal y como ha ido explicándose en los diversos atestados incorporados a la causa, las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico, de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales que satisficieran sus intereses, todo ello mediando precio”, recalca el juez.
El instructor recuerda que, antes de recurrir a Equipo Económico, “las gasísticas intentaron por otras vías conseguir tales reformas, todo ello sin éxito”. “Es la entrada de Equipo Económico la que, sin mediar aparentemente causa alguna, acabó no solo con las reformas pretendidas por las gasísticas, sino que incluso estas acabaron siendo quienes redactan las reformas legales conforme a sus intereses”.
Pendientes nuevas declaraciones e informes
El juez añade que todavía faltan por practicar declaraciones de investigados y por incorporar varios informes periciales y documentales, y que, “es previsible” que de ese material se derive la necesidad de acordar nuevas diligencias, incluidas aquellas que ahora mismo no pueden anticiparse. Por esta razón, considera imprescindible prorrogar la instrucción otros seis meses, computados desde el pasado 26 de julio.
En el procedimiento figuran como investigadas diversas personas físicas y jurídicas por posibles delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Una modificación "ad hoc" para beneficiar a las gasísticas
En otra resolución anterior, el magistrado ya apuntó que Equipo Económico habría podido ofrecer a empresas de distintos ámbitos económicos reformas normativas diseñadas para favorecer sus intereses “en menoscabo del sector público”.
Las diligencias, según ese auto, “ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores”