El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Vox contra la decisión de los magistrados de no paralizar el derecho al voto de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la 'ley de nietos', pese a la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
En un auto dictado este miércoles y recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que “si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar, la respuesta podría haber sido distinta”.
El pasado 9 de noviembre, el alto tribunal ya había rechazado suspender el sufragio de los hijos de los nacionalizados al amparo de esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, lo que permite que estos puedan participar en las próximas generales.
En aquella resolución, los magistrados rechazaron las solicitudes de Vox e Iustitia Europa, que pedían ampliar la suspensión del voto también a los hijos, mientras que la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opuso por “no resultar conformes y ajustadas a derecho”.
Los jueces recordaron que la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados se acordó el 10 de septiembre, “mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales”, y que dicha medida fue ratificada el 12 de octubre, “en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral”.
“Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados”, razonaron los magistrados.
El Supremo apreció que “iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.
“Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales”, concluyó la Sala.