La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido incrementar de 24 años y medio a 26 años y medio de prisión la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al hombre condenado por matar y robar a un varón de 37 años en febrero de 2024, en las cercanías del mercadillo del Parque Alcosa de la capital, tras dispararle con un arma de fuego para la que no tenía licencia, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.
Según la resolución, difundida por la oficina de comunicación del TSJA, el Alto Tribunal estima de forma parcial el recurso de apelación formulado por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que había condenado al procesado a 20 años de prisión por un delito de asesinato; a 18 meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas; a otros 18 meses por hurto y a 18 meses más por falsedad documental, apreciando la agravante de reincidencia --ya contaba con una condena previa por homicidio, entre otras-- y la atenuante de drogodependencia, además de fijar una indemnización de 395.000 euros para los familiares de la víctima.
La Audiencia también impuso a una mujer una pena de cuatro meses de prisión por un delito de encubrimiento, con las atenuantes de drogodependencia, incompleta de miedo insuperable y colaboración en el esclarecimiento de los hechos, y la obligación de abonar 3.000 euros a los parientes del fallecido por los daños morales causados. Asimismo, absolvió al otro varón juzgado por un delito de tenencia ilícita de armas, después de que el jurado popular lo declarase no culpable.
El TSJA modifica ahora parcialmente el fallo de la Audiencia únicamente en el punto relativo al delito patrimonial, dejando sin efecto la condena de 18 meses de prisión por hurto y sustituyéndola por una pena de tres años y seis meses de cárcel por un delito de robo con violencia. Así se recoge en la sentencia de 16 de noviembre, frente a la que todavía cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El jurado consideró acreditado que los hechos ocurrieron sobre las 16,00 horas del 18 de febrero de 2024, cuando el principal acusado se desplazó en su coche hasta la calle de Sevilla donde residía la víctima, "con quien habitualmente colaboraba, trasladándolo en su vehículo para realizar operaciones relacionadas con las drogas, portes por los que recibía una cantidad de efectivo y en los que de forma habitual les acompañaba" la mujer condenada.
De acuerdo con la sentencia de la Audiencia, el principal condenado, "por razones desconocidas, tenía tomada la decisión de terminar con la vida" de la víctima ese 18 de febrero de 2024 y, "a tal efecto disponía --pese a no tener licencia de armas-- de un arma de fuego tipo pistola (...) que había adquirido previamente, y al recoger" al fallecido en su domicilio "dispuso la forma de sentarse en el vehículo para facilitar después su propósito".
Así, ordenó que la víctima ocupara el asiento del copiloto y que la acusada se situara justo detrás del conductor "y no en el lado derecho como solía ser habitual, pues en ese lugar había ocultado bajo un chaquetón el arma de fuego que iba a utilizar".
Robo tras el disparo mortal
El jurado declaró probado que la muerte de la víctima "la causó" el principal acusado, quien detuvo el vehículo en las inmediaciones del mercadillo "y con la excusa de que se había encendido una luz del coche, se bajó del mismo, lo rodeó, abrió la puerta trasera derecha y disparó por detrás" en la cabeza a la víctima "con la intención de terminar con su vida". Después volvió a subirse al coche, avanzó unos metros y volvió a parar, "abriendo la puerta delantera derecha y sacando el cuerpo" del fallecido, "que colocó en el suelo y dejó allí tras quitarle con ánimo de enriquecerse todos los efectos que llevaba encima en un bolso que portaba, llegando a vaciarle los bolsillos del pantalón".
Conforme al veredicto, el acusado arrojó a la vía pública el bolso vacío de la víctima, "apropiándose de los aproximadamente 1.050 euros en efectivo que se encontraban en su interior", y se dirigió a una gasolinera, "donde intentó limpiar el vehículo de las manchas de sangre que tenía en su interior (...)". Posteriormente dejó a la acusada en la barriada de las Tres Mil Viviendas, "dándole 50 euros en efectivo y diciéndole que no contara nada de lo sucedido".
El hombre agredido, que seguía con vida cuando fue abandonado, murió sobre las 16,45 horas del 18 de febrero de 2024 por el impacto del proyectil, "habiéndose realizado el disparo" por el condenado "a corta distancia (...), de forma sorpresiva y sin que tuviese ocasión de defenderse; siendo casi inmediatamente localizado por varios transeúntes que paseaban por la zona y avisaron a urgencias pero no pudieron salvarle".
En relación con la mujer acusada, el jurado estimó probado que "era ajena al propósito" del condenado de matar a la víctima cuando los tres subieron al coche "para ir a realizar una transacción, pero después de que le sorprendiese el disparo, no dio inmediatamente parte a las autoridades, ni a los familiares" del fallecido, "sino que guardó silencio durante las primeras horas callando lo sucedido por temor y ocultando la responsabilidad" del principal investigado.
Fundamentos jurídicos del cambio de hurto a robo
La Fiscalía recurrió el fallo de la Audiencia ante el TSJA y reclamó que el acusado fuera condenado a cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia. En este punto, el TSJA señala que, conforme a los hechos probados, "el móvil del robo como propiciador del asesinato no ha quedado acreditado ni se discute", de modo que "consideramos deL factum descrito que la sustracción ilícita y con ánimo de lucro se produce de forma secundaria al asesinato, y con ocasión del mismo, aprovechando el estado moribundo" de la víctima.
"La violencia admite continuidad y que modificar la dirección inicial (de lo sexual --o del ataque contra la vida en este caso-- a lo patrimonial) no impide la calificación de robo, pues la violencia fue el medio facilitador", razonan los magistrados, que citan además una segunda sentencia del Supremo que "subraya que lo que diferencia al hurto del robo es la desaparición de la capacidad de reacción de la víctima para defender sus bienes debido a la violencia previa".
El TSJA detalla que, para que el aprovechamiento de una violencia anterior se califique como robo, deben darse dos requisitos: "el primero se refiere a la inmediatez y así se dice que debe existir una proximidad temporal y espacial clara entre el acto violento y la sustracción. Si hay una ruptura temporal significativa, la relación de causalidad se pierde". El segundo es "la funcionalidad, de tal modo que el autor debe ser consciente de que la situación de la víctima le permite robar sin oposición".
Además, en cuanto a "sobre si la muerte de la víctima antes de la sustracción convertía el acto en un simple hurto", partiendo de la idea de que no cabe ejercer violencia "contra" quien ya no tiene voluntad, el Tribunal Supremo descarta esta tesis porque el Código Penal no define el robo como una acción "contra" la voluntad, sino como el acto de "emplear" violencia, y también "porque el robo existe con independencia del estado de la víctima, o lo que es lo mismo, resulta irrelevante si la violencia neutralizó totalmente la defensa (muerte) o solo la minoró".