El artista Julio Iglesias ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por una presunta vulneración de su derecho al honor, y solicita una indemnización de 50.000 euros.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press señalan que el cantante ha decidido acudir a la vía judicial después de que la dirigente le atribuyera someter a sus empleadas a "abusos sexuales" y mantenerlas en una "situación de esclavitud".
Antes de llegar al Supremo, Iglesias, representado por el abogado José Antonio Choclán, había promovido un acto de conciliación para que la vicepresidenta del Gobierno rectificase públicamente un mensaje publicado en redes sociales. Al no producirse esa rectificación, y dado que Díaz está aforada ante el alto tribunal, el artista ha formalizado la demanda.
El 13 de enero, Díaz difundió en sus redes una información con el titular 'Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales'. Junto a la noticia añadió: "Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".
La defensa de Iglesias expuso en un escrito de febrero que, al día siguiente, la vicepresidenta fue entrevistada en un programa de televisión en el que se abordaba la denuncia presentada por varias extrabajadoras del cantante, una causa que la Fiscalía no admitió al entender que no era competente para investigarla.
En ese contexto, añaden, Díaz manifestó que las trabajadoras "estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias", y que "la investigación da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres".
El escrito subraya que, como "alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales".
Con aquella petición previa, Iglesias buscaba que Díaz "se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social" del cantante.