La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción n.º 6 y ha rechazado los recursos interpuestos por el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía en relación con la ayuda concedida a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex "sin trámite ni control alguno", por un importe aproximado de 1,26 millones de euros, según adelantó ABC.
Tras esta resolución, se sentarán en el banquillo 14 antiguos responsables de la Administración autonómica y tres empresarios, investigados por su presunta implicación en hechos "susceptibles de constituir, de forma continuada, delitos de prevaricación administrativa y malversación por la irregular concesión y ejecución de la referida ayuda en forma de aval".
En dos autos fechados el pasado 10 de noviembre y difundidos por la Oficina de Comunicación del TSJA, los magistrados desestiman los recursos de apelación contra la resolución de 23 de julio de 2025 del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla. En el pronunciamiento referido a Vallejo, se indica que "era coherente concluir de modo provisional que, de forma probable y como miembro del Consejo Rector de IDEA, (Vallejo) tuvo participación activa en los hechos".
La Sección Primera también niega el archivo de la causa pedido por la defensa del exconsejero. "Comprobamos que el magistrado de instancia, después de practicar diligencias de investigación, ha concluido que existen indicios de la comisión de los hechos denunciados, de que estos pueden ser constitutivos de delito ejecutado por el recurrente. Hasta el momento, el relato de hechos que incorpora el auto impugnado es perfectamente compatible con los delitos imputados de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y no cabe pretender el sobreseimiento de la causa".
En la misma línea, se subraya que "los indicios de que el investigado permitió la concesión del aval citado mediante su participación en la decisión adoptada por el Consejo Rector, sin atención a razones de legalidad y no arbitrarias, resultan de la causa, por lo que no cabe un pronunciamiento de archivo".
Los magistrados añaden que, por ahora, cuentan con "indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena (...). La consecuencia es que habrá de ratificarse la continuación por los trámites del procedimiento abreviado respecto del recurrente".
El exconsejero andaluz, junto a otros 17 ex altos cargos, ya figuraba como procesado por prevaricación a raíz del rescate de una empresa en situación de quiebra. En septiembre, el juez José Ignacio Vilaplana, en la pieza relativa a los avales del Grupo TPM, Inversiones Plásticas TPM SL, dictó un auto en el que consideraba que no concurrían las condiciones para acordar un sobreseimiento que exige un elevado grado de certeza.
Desestimado también el recurso de otro ex responsable jurídico de la Junta
La Audiencia ha tumbado igualmente el recurso formulado por la defensa de F. R. M., quien estuvo al frente del Gabinete Jurídico de la Junta durante tres décadas en gobiernos socialistas, aplicando una argumentación semejante. En otro auto, también de 10 de noviembre, se remarca que "el relato de hechos que incorpora el auto impugnado es perfectamente compatible con los delitos imputados de prevaricación y de malversación de caudales públicos".
"Según el estado de la causa, a fecha del dictado del auto recurrido era coherente con lo actuado concluir provisoriamente que, de forma probable, F. R. M. tuvo participación activa en los hechos".
El auto recuerda la función del Consejo Rector en la autorización del aval concedido por IDEA y menciona al recurrente como integrante de dicho órgano colegiado "y por tanto en la conformación de la voluntad del órgano colegiado". En este punto, se precisa que "la decisión del Consejo fue adoptada sin que se concretara el objeto ni finalidad del crédito que se iba a garantizar, las garantías de devolución del préstamo por parte de Cofrutex o el informe de análisis por parte de la agencia del plan de negocio o plan de viabilidad".
Según el tribunal, con su voto en el Consejo Rector, el apelante "habría facilitado que se dispusiera de fondos públicos como garantía, mediante su vinculación a una operación de préstamo suscrita en beneficio exclusivo de la cooperativa". Esta cobertura, añaden los magistrados, "supuso la liberación de 1.180.000 euros más comisiones, vista la ausencia de abono por Cofrutex del préstamo que habia sido avalado".
El auto concluye destacando que persisten "indicios racionales de criminalidad bastantes que no permiten descartar la posibilidad de que recaiga finalmente una condena".