La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido archivar la denuncia presentada por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por un supuesto trato de favor a Ribera Salud relacionado, entre otros aspectos, con la prórroga de cinco años de la concesión del hospital del Vinalopó, según adelantó Las Provincias y ratificó posteriormente el ministerio público.
Al tratarse de un cargo aforado, la Fiscalía Superior, competente en este asunto, ha acordado cerrar las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de la denuncia socialista contra Gómez “sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial”, de acuerdo con la comunicación del propio ministerio fiscal.
Tal como recogió en su momento elDiario.es, el PSPV llevó ante la Fiscalía a Marciano Gómez atribuyéndole siete posibles delitos: negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana.
La actuación del PSPV se dirigía tanto contra el conseller como contra la directora financiera de Ribera Salud, familiar de Gómez, y contra su hermano, gerente de Clínica Benidorm, a quienes vinculaba con las decisiones cuestionadas.
Según la información difundida, la denuncia sostenía que se habría producido un trato de favor a Ribera Salud mediante la aprobación de la prórroga de cinco años en la gestión del hospital del Vinalopó y a través de las liquidaciones “en condiciones económicas ventajosas” que facilitaron la adquisición de Clínica Benidorm.
Paralelamente, Gómez anunció la interposición de una querella contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, después de que esta le acusara de “lucrarse con la privatización de la sanidad pública”. El conseller manifestó que mantendría esta acción judicial tras la incomparecencia de la dirigente socialista y de su representación legal al acto de conciliación previo fijado para el 2 de abril.
Al mismo tiempo, este fin de semana, el PSPV, por medio de la portavoz de Sanidad en Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, comunicó la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de un recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales, a raíz de la “negativa” de Gómez “a informar al Parlamento autonómico de los pagos realizados a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025”.