La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido a la titular del Juzgado de Llíria que cite a declarar como investigado al exsubsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García, en la causa que indaga la filtración manipulada del audio del día de la dana, correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.
Esta solicitud, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha remitido al juzgado de Llíria que instruye las diligencias por la difusión del audio manipulado en febrero de 2025. El ministerio público, que respalda así la petición formulada por el PSPV, actúa tras la reciente declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y a la vista de los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia. Estos documentos apuntan a que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al archivo sonoro de la conversación, en concreto al fragmento en el que la empleada de Aemet hacía referencia a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.
Los informes detallan que, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, dos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, dirigida entonces por la también investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas, tuvieron acceso y grabaron la llamada objeto de investigación: Ricardo García García, subsecretario del departamento, y Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos habrían obtenido una copia de la conversación en un pendrive.
Suárez relató ante la jueza, a preguntas de las acusaciones populares ejercidas por PSPV y Podemos, que desde Presidencia se reclamó localizar una llamada en la que se mencionaba el desplazamiento del temporal a Cuenca. Inicialmente no se halló el registro hasta que se determinó que se había efectuado desde un teléfono fijo. Según su testimonio, fue Alberto Martín Moratilla quien, en un primer momento, pidió localizar la llamada y su transcripción.
El subdirector de Emergencias añadió que la transcripción finalmente no se llegó a realizar porque, el 2 de noviembre, Ricardo García reclamó con urgencia que se encontrara esa comunicación. Explicó que el propio García acudió con un técnico a un despacho para localizar el “trozo” de grabación y que se generó un archivo que se trasladó en un pendrive.
A partir de esta declaración, en la que Suárez afirmó que fue a García a quien entregó la grabación de la conversación “que acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado”, y que la actuación de Alberto Martín se limitó a solicitar su búsqueda, la Fiscalía considera que, por ahora, solo procede citar como investigado al exsubsecretario, “sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas a la vista del resultado de dicha declaración”.
La investigación judicial por la filtración del audio
La jueza de Llíria abrió diligencias el año pasado después de que la Fiscalía interpusiera una denuncia por la filtración del audio incompleto, al entender que los hechos podrían encajar en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, previsto en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.
El ministerio público sostiene que dicha conversación tiene “carácter reservado”, de acuerdo con la normativa vigente, al haberse producido en el marco de la gestión de una emergencia. El artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia atendido por el 112 se pondrá a disposición de los servicios esenciales implicados “a los estrictos fines de su gestión” y, una vez concluida esta, “únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.