La magistrada titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha llamado a declarar como investigadas a 15 personas en el procedimiento sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el complejo residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Entre las citadas figuran la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y responsable del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. Junto a ellas se encuentran varios empleados públicos del Ayuntamiento y de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, así como diez adjudicatarios de las viviendas y, en representación de Fraorgi, la sociedad que gestiona la cooperativa promotora, su administrador único.
Así consta en una providencia firmada el 21 de abril de 2026, a la que ha tenido acceso Europa Press. En la misma resolución, la jueza acuerda además la citación de otras siete personas para que comparezcan el 8 de mayo en calidad de testigos.
Entre estos testigos se encuentran tres profesionales del Ayuntamiento de Alicante: la responsable del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de esa unidad y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.
Desde la Conselleria de Vivienda se ha requerido la declaración de cuatro cargos y empleados: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, la jefa de la Sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra técnica de gestión de Administración General.
Gómez, exedil del PP en el Ayuntamiento de Alicante, formó parte del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala desde el inicio del actual mandato en 2023 hasta su dimisión, después de trascender que figuraba entre las beneficiarias de VPP en Les Naus.
En cuanto a Pérez-Hickman, actual jefa del Servicio de Contratación, dejó el puesto de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos al hacerse público que personas de su entorno familiar aparecían entre los adjudicatarios de estas viviendas.
Citaciones del 20 de mayo
La exconcejala y la exdirectora general deberán comparecer como investigadas el 20 de mayo. Ese mismo día están citados en la misma condición un arquitecto municipal que obtuvo una VPP en Les Naus, el administrador único de la empresa Fraorgi y el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria, sobre el que la Generalitat abrió un expediente y lo suspendió de empleo y sueldo por los visados de esta promoción.
Un alto cargo de Vivienda declaró como testigo ante la instructora la semana anterior que este técnico le trasladó: “lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades”. Según fuentes conocedoras de esa comparecencia, en la declaración, en la que intervinieron otros dos técnicos de la Conselleria, se señaló que dicho funcionario revisó personalmente y por iniciativa propia los expedientes relativos a estas viviendas.
Este empleado público ya se ha reincorporado a su puesto, dado que, al existir una “investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa”, si bien no volverá a asumir funciones relacionadas con el visado de inmuebles, tal como explicó recientemente el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Declaraciones del 5 de junio
Entre las personas que obtuvieron una de las VPP en el residencial de la Playa de San Juan figura la pareja del técnico expedientado, que trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante. La jueza también la ha citado como investigada para el 5 de junio.
Ese día deberán acudir igualmente a declarar, en calidad de investigados, los otros nueve beneficiarios de las adjudicaciones, según recoge la resolución judicial.
Todas estas diligencias se han acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En la misma providencia, la instructora desestima la petición de la acusación popular, ejercida por el partido Ciudadanos, que reclamaba que el jefe de la Sección de Vivienda Protegida declarase como testigo y no como investigado. La jueza sigue el criterio del Ministerio Público, que considera que este funcionario podría estar presuntamente implicado en los hechos que se analizan en la causa.