La magistrada que dirige la investigación por el colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, tiene previsto dar por concluida la fase de instrucción en breve, aunque mantiene el procedimiento pendiente de la resolución que adopte la Audiencia Provincial sobre el recurso interpuesto por la Demarcación de Costas contra el auto en el que se ratificaba que este organismo era el encargado del mantenimiento de la estructura y no el Ayuntamiento de Santander, según ha podido conocer Europa Press de fuentes judiciales.
De acuerdo con estas fuentes, la respuesta de la Audiencia a dicho recurso se espera de forma inminente. En caso de que lo estime, podría implicar la práctica de nuevas diligencias y, en consecuencia, demorar el cierre de la instrucción.
La Abogacía del Estado, que actúa en nombre de la Demarcación de Costas en Cantabria, recurrió en apelación el auto de la jueza que confirmaba que este organismo era el responsable del mantenimiento de la pasarela de madera, cuya rotura el 3 de marzo de 2026 causó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra joven.
Paralelamente, la representación procesal del jefe de Obras y Proyectos de la Demarcación entre 2014, año en que se ejecutó la obra, y 2023, cuando se jubiló, presentó un recurso de reforma ante la propia magistrada, subsidiario de apelación ante la Audiencia.
Fuentes judiciales han añadido que otras partes personadas en el procedimiento se han adherido al recurso, entre ellas la representación de la única superviviente del hundimiento de la pasarela.
En el auto recurrido, la instructora reiteraba que Costas era la responsable del mantenimiento de la infraestructura de madera, cuya rotura originó el siniestro mortal.
En esa misma resolución, entre otros extremos, la jueza rechazó la documentación reclamada por Costas para intentar acreditar que el Ayuntamiento se ocupaba de la senda, al entender que ya se había declarado en un auto anterior, de fecha 23 de marzo, que la Demarcación era la competente en materia de conservación, sin que esa decisión fuese recurrida.
En concreto, la Abogacía del Estado que representa a Costas solicitaba que se pidiera el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines del Consistorio para delimitar su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, así como los proyectos municipales que habrían servido de base para trabajos de mantenimiento y conservación en otros puntos incluidos en el proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.
Declaración del jefe de obra de Dragados como investigado
En el marco de la instrucción, este viernes ha prestado declaración en calidad de investigado el jefe de obra de Dragados, la empresa contratista encargada de la ejecución del proyecto.
Este técnico, que anteriormente había intervenido en la causa como testigo perito, accedió al juzgado a las 9.35 horas y abandonó las dependencias algo más de una hora después, en torno a las 10.40.
El investigado ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación, tanto a su llegada como a la salida.
Su citación se produjo después de que la instructora apreciara un actuar "supuestamente negligente" al ejecutarse la pasarela "de forma distinta a lo proyectado", según se recogía en el auto en el que acordó dirigir la acción penal contra él, hecho público el 3 de noviembre.
En dicha resolución, la jueza entendía justificada su condición de investigado "al concurrir en su persona, presuntamente, indicios de comisión del ilícito penal objeto de la investigación en la presente causa".
En el mismo auto se señalaba que "debe responder en su condición de jefe de obra de la entidad Dragados en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado a la hora de ejecutar la indicada pasarela de forma distinta a lo proyectado", lo que, a juicio de la instructora, provocó "una merma en la robustez de la estructura" de la pasarela siniestrada, que, "en principio, si pudo tener incidencia en el resultado final".
Ocho personas investigadas y posibles responsables civiles
La instrucción por el accidente de El Bocal se inició el 3 de marzo de este año, el mismo día en que tuvo lugar el derrumbe.
Desde entonces, la magistrada ha practicado numerosas diligencias para aclarar lo sucedido y ha dirigido la acción penal contra ocho personas: la gestora del 112 que atendió la llamada de un vecino el día anterior alertando del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local que recibió ese aviso; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han ejercido como jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero de Fronda que redactó el proyecto de la pasarela de madera; el representante legal de Dragados, la constructora de la infraestructura, y el jefe de obra de la misma compañía que dirigió la ejecución del proyecto.
Asimismo, la jueza ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa Dragados.