El ingeniero que en 2014 firmó el proyecto de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que se vino abajo causando la muerte de seis jóvenes, prestará declaración como investigado el próximo 5 de junio, según han indicado a Europa Press fuentes personadas en el procedimiento.
Este técnico estaba citado para declarar este viernes como testigo-perito, junto a otras doce personas, pero la magistrada que instruye el caso decidió suspender su intervención y aplazarla, primero al 15 de mayo -fecha en la que están llamados tres funcionarios de Costas en calidad de investigados- y, finalmente, al 5 de junio.
Además, lo hará ya como investigado, de acuerdo con las mismas fuentes, después de que la jueza haya comunicado que estima el recurso del Ayuntamiento para que comparezca en esa condición y no como testigo.
La titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander optó por posponer la citación del ingeniero con el fin de resolver el recurso de reforma presentado por el Consistorio, que impugnaba la decisión inicial de rechazar su petición. Esa resolución deberá formalizarse por escrito y notificarse a las 16 partes personadas, ocho acusaciones y ocho defensas.
De esta forma, el ingeniero acudirá al juzgado el 5 de junio, mientras que el 15 de mayo declararán los tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, investigados por seis presuntos delitos de homicidio y uno de lesiones, ambos por imprudencia grave. Ese mismo día se practicará asimismo toda la prueba pericial prevista.
Protocolos del 112 y la Policía Local en el foco
Al margen de este cambio, este viernes sí se han desarrollado el resto de declaraciones fijadas para la jornada. Han comenzado a las 9.35 horas, conforme al horario estimado, y se han prolongado hasta pasadas las 14.00 horas.
La duración ha sido muy dispar: algunos de los operarios que participaron en las labores de mantenimiento de la pasarela en 2024 apenas han estado unos minutos ante la jueza, mientras que el superior jerárquico de la agente de la Policía Local investigada ha declarado cerca de una hora.
Esta agente está siendo investigada porque, el día anterior al siniestro, su superior recibió una llamada de la gestora del 112 tras el aviso de un vecino de Monte que alertó al Servicio de Emergencias Cantabria del mal estado de la estructura. La trabajadora del 112 que atendió el aviso también figura como investigada.
Al juzgado han acudido igualmente el jefe de Sala del 112, dos empleados que desempeñan la misma función que la gestora investigada y dos agentes de la Policía Local que realizan tareas similares a las de la policía encausada.
Según han explicado a los medios fuentes personadas en la causa, el núcleo de las testificales de hoy ha girado en torno a los protocolos de actuación del 112 y de la Policía Local, así como a la coordinación entre ambos servicios. Al parecer, cada parte sostiene su propia “versión” sobre la forma en que deben aplicarse esos procedimientos.
Los testigos del 112 han acudido acompañados de varios compañeros, entre ellos la gestora investigada y el jefe del Servicio de Emergencias, Samuel Ruiz, que ya estuvo presente en la anterior tanda de declaraciones celebrada el 27 de marzo.
Obras de mantenimiento centradas en la barandilla
En cuanto al bloque de testimonios relacionados con el mantenimiento de la pasarela realizado en 2024, uno de los obreros que participó en esos trabajos ha relatado que se limitó, según sus palabras, a atornillar las tablas de madera que estaban sueltas y a sustituir las barandillas, cumpliendo las órdenes recibidas.
Este trabajador, ya jubilado y que pertenecía a la empresa de Torrelavega responsable de la intervención, ha insistido en que no llevaron a cabo ninguna otra actuación y ha señalado que la parte inferior de la estructura que terminó cediendo ni siquiera fue revisada, llegando a comentar que en esas condiciones “podían haber caído ellos al mar”.
Su relato ha sido confirmado por otro de los operarios, actualmente empleado en otra compañía, que ha corroborado que únicamente cambiaron las barandillas y nada más. También ha indicado que repararon otra pasarela de la senda costera, en la zona de La Maruca, aunque la estructura y los trabajos allí realizados fueron distintos a los de El Bocal. El tercer obrero, que continúa en la misma empresa, apenas ha permanecido unos minutos en la sala de vistas.
Antes de los operarios declaró la ingeniera citada como jefa de obra del mantenimiento, que explicó a la instructora y a las partes que en la fecha de ejecución de esos trabajos no ostentaba ese cargo ni esa responsabilidad.
Testigos que pasaron por la pasarela el día del colapso
La sesión, celebrada a puerta cerrada en la sala de vistas n.º 2 del complejo judicial de Las Salesas, ha incluido también la declaración de dos ciudadanos que solían transitar por la zona y conocían bien la pasarela.
Ambos han manifestado que cruzaron la estructura el mismo día del siniestro -el desplome se produjo sobre las 16.30 horas del 3 de marzo-, uno caminando y otro en bicicleta, y que ninguno percibió que “cimbreara”, según han señalado fuentes conocedoras de su testimonio. Esta apreciación contrasta con la del vecino de Monte que llamó la víspera al 112.
Este vecino avisó al servicio de emergencias porque, a su juicio, la pasarela se movía, y advirtió del riesgo de que pudiera romperse y provocar que cualquier persona que pasara por encima cayera al mar y muriera, como finalmente ocurrió.
En el siniestro fallecieron seis jóvenes, procedentes del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica de Álava resultó gravemente herida. Todos formaban parte de un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que realizaban una ruta por la senda costera.
Corrosión en un herraje y falta de mantenimiento
De acuerdo con el informe pericial encargado por la jueza para esclarecer las causas del derrumbe, la pasarela cedió por un fallo en la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las principales, tras la rotura de un herraje afectado por la corrosión.
La magistrada considera que la ausencia de un mantenimiento adecuado del puente podría constituir una “negligencia grave” que justificaría la acción penal por la presunta comisión de seis delitos de homicidio y uno de lesiones, todos por imprudencia grave, contra los tres funcionarios de Costas que declararán el 15 de mayo.
Se trata del jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio -director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenecía la pasarela siniestrada-; del jefe de Servicio de Proyectos y Obras, Enrique Rodríguez Sánchez, y de su antecesor en el cargo desde la instalación de la infraestructura hasta su jubilación en mayo de 2023, que también figura ya personado en el procedimiento.