El juez que abrió el caso Leire Díez en Madrid remite la causa a la Audiencia Nacional, que asumirá toda la investigación

El juez que abrió el caso Leire Díez en Madrid se inhibe y envía toda la causa a la Audiencia Nacional, que asumirá la investigación completa.

La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. MATIAS CHIOFALO

La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. MATIAS CHIOFALO

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El magistrado que inició en Madrid las diligencias del 'caso Leire Díez' ha decidido enviar a la Audiencia Nacional la causa sobre las supuestas maniobras de la exmilitante socialista contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, de forma que será a partir de ahora el juez Santiago Pedraz quien lleve la investigación en su totalidad.

Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de instrucción Arturo Zamarriego atiende el requerimiento de inhibición planteado por Pedraz y le remite las actuaciones. De esta manera, el instructor de la Audiencia Nacional continuará con las pesquisas sobre una presunta trama dirigida a desbaratar procedimientos judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno, que habría estado supuestamente encabezada por el ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez.

Zamarriego, titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, había llegado a imputar a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por su posible implicación en una trama “coordinada” para “recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción”.

El temor a anular las investigaciones judiciales

El instructor apreció indicios de que Díez, Dolset y Rusiñol perseguían, mediante esa “información comprometida”, la opción de “anular o malbaratar” investigaciones judiciales en “casos relevantes” que podrían salpicar a cargos políticos y empresariales, a raíz de dos denuncias formuladas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. Con estos últimos, Díez se habría reunido para solicitar datos a cambio de una contraprestación económica.

El procedimiento abierto por Zamarriego se originó tras una denuncia de Hazte Oír sobre una reunión en la que Díez presuntamente habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

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¿En qué estado procesal se encuentra ahora la investigación del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional y cuáles son los próximos pasos previstos?

La investigación del llamado caso Leire Díez en la Audiencia Nacional se encuentra en una fase de instrucción avanzada, todavía sin apertura de juicio oral. El juez Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto, ha ampliado de forma notable el número de investigados y está practicando declaraciones clave de testigos y cargos públicos. De cara a las próximas semanas, destacan las comparecencias ya señaladas, en particular la del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el 10 de septiembre, y las decisiones pendientes sobre la acumulación de causas y sobre los recursos de la defensa de Díez. Aún no hay resolución definitiva sobre si se dictará auto de procesamiento ni sobre el cierre de la instrucción.

Situación procesal actual en la Audiencia Nacional

El procedimiento principal se tramita en la Audiencia Nacional como una causa sobre una presunta trama para obtener información o interferir en procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno, encabezada según la investigación por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez, con derivadas en contratos de la SEPI y otras empresas públicas. Demócrata detalla que la causa permanece abierta desde diciembre de 2025, tras detenciones y registros coordinados por la UCO, y que el secreto se ha ido prorrogando y modulando en función del avance de las diligencias, tal y como se recoge en piezas como el análisis sobre el registro en Ferraz vinculado al caso (origen del registro en Ferraz) y en la noticia sobre la trama para frenar causas contra el PSOE (trama para frenar causas).

Un hito clave ha sido el levantamiento parcial del secreto de sumario, acordado por Pedraz el 1 de junio de 2026, que permite a las partes acceder a una parte sustancial de las actuaciones según explica Demócrata en esta información. Posteriormente, el juez ha desclasificado una pieza sobre el rescate de SEPI a Tubos Reunidos, al entender que ya se han practicado “las principales diligencias de investigación”, como recoge esta crónica.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional ha solicitado acumular y asumir la otra causa ligada a las presuntas maniobras de Díez contra jueces, fiscales y la UCO que se instruía en Plaza de Castilla, petición explicada en detalle en este artículo. Esa acumulación está recurrida por la defensa de Santos Cerdán, que cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional, como expone esta información. Además, Demócrata recuerda que la propia Díez ha pedido la nulidad del procedimiento por entender que su detención no fue legítima, cuestionando registros y la incautación de dispositivos electrónicos (petición de nulidad).

En paralelo, Pedraz ha ampliado de forma importante el perímetro de la causa. Ha imputado a la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza de contratos públicos (imputaciones en SEPI), y ha ordenado registros en domicilios y sedes vinculadas al PSOE y a Gaspar Zarrías, como detalla esta noticia y el análisis sobre Cerdán, la gerente del PSOE y Zarrías (investigación a Cerdán y Zarrías).

La instrucción también se ha dirigido hacia la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil. Anticorrupción ha pedido investigar reuniones de la trama en la sede de la Fiscalía (diligencias sobre reuniones en Fiscalía) y la Fiscalía ha reconocido dos encuentros de un excargo de García Ortiz con Díez y el abogado de Cerdán (reuniones admitidas). Pedraz ha citado como testigos a los excargos de la Fiscalía Diego Villafañe y Beatriz López, y ha ido ajustando el calendario, según informan esta pieza y esta otra. También se han practicado o previsto testificales de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, recogidas en petición de citación, aplazamiento y fijación de fecha.

En el ámbito de la Guardia Civil, el PP, personado como acusación popular, ha reclamado la imputación de la directora del cuerpo, Mercedes González, y de los mandos Leonardo Marcos y Manuel Llamas, según este escrito. Pedraz ha terminado imputando a González y al DAO Llamas (imputación de Mercedes González y DAO), y más tarde al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, cuya citación como investigado ha fijado para el 10 de septiembre, como explica esta información. La defensa institucional del DAO por parte de la Abogacía del Estado se detalla en este artículo.

Próximos pasos previsibles

Con la información disponible, los siguientes hitos procesales claros son:

  • La declaración como investigado de Leonardo Marcos el 10 de septiembre en la Audiencia Nacional (detalle de la citación).
  • Las declaraciones pendientes o complementarias de los mandos de la Guardia Civil imputados y de otros investigados en las piezas de SEPI y contratos públicos (imputaciones SEPI, diligencias Fiscalía).
  • La resolución de los recursos de competencia y de nulidad (oposición de Cerdán a la acumulación de causas y petición de nulidad de la detención de Díez), que condicionarán el alcance final del sumario (recurso de Cerdán, nulidad solicitada).

A partir de estas diligencias, las crónicas judiciales señalan que Pedraz deberá decidir si mantiene abiertas todas las líneas de investigación, si acuerda nuevas pruebas (incluida, eventualmente, la citación del exfiscal general Álvaro García Ortiz, que el juez ha dejado en suspenso) o si empieza a delimitar el cierre de la instrucción con vistas a un futuro auto de procesamiento o, en su caso, archivos parciales. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre plazos concretos para esa fase final.

Contexto político y parlamentario vinculado

En paralelo a la instrucción penal, el caso ha tenido una derivada política intensa. Demócrata ha seguido las iniciativas del PP para llevar a Leire Díez a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado (primera solicitud, listado de comparecientes, citación del 8 de septiembre), mientras que el propio PSOE ha tratado de marcar distancias, como cuando admitió pagos a Díez como periodista pero negó cargos internos (posición del PSOE). Todo ello se combina con la intensa campaña del PP en su propia web, donde se han sucedido notas como las peticiones de imputación de Díez y otros por un supuesto puesto a medida en Correos (nota del PP sobre Correos) y el relato político de las “cloacas del sanchismo” (“Comando de las Cloacas”, declaraciones de Gamarra).

En resumen, a 12 de agosto de 2026 el caso Leire Díez sigue en plena fase de instrucción penal en la Audiencia Nacional, con secreto parcialmente alzado, múltiples imputados en varias piezas y un calendario judicial que se proyecta ya después del verano, sin que aún se haya decidido el cierre del sumario ni el eventual envío a juicio oral.

¿Qué cargos concretos y posibles delitos se están investigando contra Leire Díez y el resto de imputados en cada una de las piezas del caso? ¿Qué declaró finalmente Cristina Narbona y los excargos de la Fiscalía ante el juez Pedraz en sus comparecencias de julio? ¿Cómo está reaccionando el PSOE internamente y en el Parlamento ante la ampliación de imputaciones en el caso Leire Díez?

¿Cuáles son las competencias concretas del juez Santiago Pedraz dentro de la Audiencia Nacional?

Santiago Pedraz ejerce como magistrado instructor en la Audiencia Nacional y, de acuerdo con las informaciones disponibles, es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Sus competencias son las propias de un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional: dirigir la fase de investigación penal en causas que, por su materia, corresponden a este órgano central (terrorismo, grandes tramas económico‑financieras, delitos contra instituciones del Estado, etc.). En esta fase adopta decisiones como incoar diligencias previas, ordenar registros, bloqueos de cuentas, prisiones provisionales o dictar autos de procesamiento. En las fuentes consultadas no aparece que desempeñe el cargo de decano de los Juzgados Centrales ni otro puesto gubernativo interno en la Audiencia Nacional.

Órgano concreto: Juzgado Central de Instrucción nº 5

Las noticias de Demócrata y de otros medios sitúan reiteradamente a Santiago Pedraz como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, en el marco del llamado “caso Leire Díez”, se indica que “la causa en la Audiencia Nacional ha quedado finalmente en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz” tras el reparto interno de asuntos entre juzgados, antes asumida de guardia por el Juzgado Central nº 6, según recoge Demócrata en esta pieza.

Otras informaciones del periódico Demócrata insisten en que las diligencias del caso Leire Díez y de la presunta trama de comisiones vinculada a la SEPI están dirigidas por Pedraz desde esa “plaza número 5” del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, como se recuerda en esta crónica y en análisis posteriores sobre el mismo procedimiento, entre ellos el requerimiento íntegro al PSOE y la explicación política de la operación en esta información.

Fuera de Demócrata, medios como El País lo señalan igualmente como “titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional” en la causa sobre la guerra sucia policial contra Podemos, en la que reclamó a la Policía toda la documentación elaborada sobre esa formación, según la pieza de contexto de 2025 disponible en este reportaje.

Ámbito material de las causas que instruye

Macrotramas económico‑financieras

En cuanto a materias, las causas que actualmente instruye Pedraz muestran que el Juzgado Central nº 5 asume investigaciones penales de gran complejidad económica y relevancia política:

  • El denominado “caso hidrocarburos” o “caso Gaslow”, donde propone juzgar a 16 personas por un supuesto fraude de 148 millones de euros en IVA sobre hidrocarburos, con delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo, según detalla Demócrata en esta información.
  • La rama de presuntos amaños de contratos ligados a empresas de la SEPI en la que se investiga el cobro de 700.000 euros en comisiones y que fue asignada a Pedraz tras el reparto interno de la Audiencia Nacional, como explica este artículo.

Demócrata recuerda, además, que la propia Audiencia Nacional funciona como órgano especializado en “delitos de especial relevancia económica o institucional”, lo que contextualiza el tipo de asuntos que llegan a sus juzgados centrales, tal y como se explica en el análisis sobre el rescate de Plus Ultra y el cambio de órgano instructor en esta pieza.

Terrorismo y delitos contra la comunidad internacional

Pedraz instruye también investigaciones vinculadas con terrorismo y otros delitos graves de dimensión internacional, dentro de la competencia penal de la Audiencia Nacional. Entre los ejemplos recogidos por Demócrata:

  • El procedimiento por la financiación de ETA a través de las “Herriko Tabernas”, en el que dictó una orden europea de detención contra el exjefe de la banda “Josu Ternera” y acordó su busca, detención e ingreso en prisión, según relata esta información.
  • La causa en la que han sido citados el hijo de Teodoro Obiang y altos cargos de seguridad de Guinea Ecuatorial por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas, tramitada en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, conforme a esta noticia.
Delitos contra instituciones del Estado y espionaje político

Otra línea de competencias que se refleja en los casos que dirige Pedraz tiene que ver con delitos contra instituciones del Estado y actuaciones parapoliciales:

  • La investigación sobre presunto espionaje ilegal a dirigentes de Podemos desde la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa del PP, en la que ha imputado a un exjefe de la UDEF por indicios de organización criminal, revelación de secretos, prevaricación y falsedad documental, según detalla Demócrata en esta pieza.
  • Las diligencias sobre la supuesta trama Leire Díez para “desestabilizar procedimientos judiciales” que afectaban al PSOE y al Gobierno, en las que ordena registros en Ferraz, en domicilios de cargos socialistas y en la Dirección General de la Guardia Civil, y maneja delitos como revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones, conforme a este auto analizado, a la explicación política en esta pieza y a la cobertura sobre la acumulación de causas en este artículo.

Fase del proceso penal y tipo de decisiones

Como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, las competencias de Pedraz se circunscriben a la fase de instrucción del proceso penal. Las noticias ilustran de forma práctica qué implica esto:

  • Incoar diligencias previas y admitir o rechazar querellas (como en la causa sobre espionaje a Podemos o en derivadas del caso Leire Díez).
  • Ordenar registros y requerimientos de documentación en sedes de partidos, domicilios particulares o dependencias oficiales, como se vio en los registros en Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil relatados en esta explicación y esta otra.
  • Adoptar medidas cautelares personales y reales, como la prisión provisional o el bloqueo de cuentas bancarias, acordado en la pieza de comisiones ligada a SEPI descrita en esta noticia.
  • Dictar autos de procesamiento u órdenes europeas de detención, como en el caso Herriko Tabernas frente a “Josu Ternera”, desarrollado en esta pieza y en el seguimiento internacional que recoge esta crónica.

Cargos gubernativos (decanato y otros)

En la documentación revisada (noticias de Demócrata, artículos de otros medios y referencias oficiales) no se menciona en ningún momento que Santiago Pedraz ostente el cargo de decano de los Juzgados Centrales de Instrucción ni otro puesto gubernativo en la Audiencia Nacional (presidencia de Sala, miembro de la Sala de Gobierno, etc.). Tampoco aparecen acuerdos del Consejo General del Poder Judicial que le atribuyan específicamente esos cometidos. No se dispone de más información en las fuentes consultadas, por lo que, con los datos disponibles, sólo puede afirmarse con seguridad su condición de juez instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 5 y las competencias materiales y funcionales derivadas de ese puesto.

¿Qué diferencias hay entre las competencias del Juzgado Central de Instrucción número 5 y las de otros juzgados centrales de la Audiencia Nacional? ¿En qué estado procesal concreto se encuentran ahora mismo el caso Leire Díez y el caso hidrocarburos que instruye el juez Pedraz? ¿Qué criterios utiliza la Audiencia Nacional para decidir si asume una causa o la deja en los juzgados ordinarios, y cómo ha afectado eso a las investigaciones llevadas por Pedraz?

¿Qué requisitos debe cumplir una causa judicial para que la Audiencia Nacional asuma la competencia sobre la misma en lugar de un tribunal ordinario?

La pregunta que planteas es claramente jurídica-técnica (sobre la competencia objetiva y territorial de la Audiencia Nacional frente a otros órganos jurisdiccionales) y, con la información disponible en las fuentes a las que tengo acceso, no es posible ofrecer una explicación fiable y detallada de los requisitos concretos que debe reunir una causa para que conozca de ella la Audiencia Nacional en lugar de un juzgado o tribunal ordinario. Dado que no aparece ninguna referencia específica a la Audiencia Nacional, a sus competencias ni a los tipos de asuntos que debe asumir, no puedo reconstruir esos criterios sin incurrir en información inventada o inexacta.

Por esa razón, no puedo responder de forma técnica y segura a tu cuestión sobre los requisitos materiales, territoriales o subjetivos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional. Sí puedo, en cambio, explicarte brevemente por qué existe esta limitación y orientarte sobre qué tipo de preguntas sí puedo responder con rigor, siempre dentro de mi ámbito, que es el análisis político, regulatorio e institucional, más que la dogmática jurídico-procesal detallada.

Limitaciones de la información disponible

Las fuentes de información a las que tengo acceso para construir las respuestas se centran en:

  • Normativa y procesos legislativos: cómo se elaboran las leyes, qué trámites siguen, quién puede recurrirlas, y mecanismos como el recurso de inconstitucionalidad o la consulta pública previa.
  • Actividad política e institucional: funcionamiento general de las Cortes Generales, Gobierno, participación ciudadana en el proceso normativo, debates y reformas legislativas.
  • Actualidad política y social: noticias y análisis sobre decisiones políticas, reformas legales, conflictos institucionales, etc.

En las trazas consultadas relacionadas con tu pregunta, lo único que aparece con contenido relevante es, por ejemplo, cómo se impugnan leyes ante el Tribunal Constitucional o cómo se articula la participación ciudadana en el proceso legislativo, pero nada referido a la Audiencia Nacional, a sus competencias penales, contencioso‑administrativas o sociales, ni a la distribución de asuntos frente a otros órganos jurisdiccionales.

Las reglas que debo seguir me obligan expresamente a no “rellenar” lo que falta con conocimientos externos o con generalidades aprendidas de forma previa si no han sido verificadas en las fuentes concretas utilizadas. Es decir, aunque la cuestión sea conocida en la práctica jurídica, aquí no puedo reproducirla sin respaldo explícito en los materiales consultados.

Por qué no puedo entrar en el detalle que pides

Tu pregunta requiere, en realidad, un desglose bastante técnico de:

  • Los criterios materiales (tipo de delitos o asuntos) que dan lugar a la competencia de la Audiencia Nacional.
  • Los criterios territoriales (ámbito geográfico de los hechos) y su eventual proyección estatal o supraterritorial.
  • Los criterios subjetivos (quiénes son los sujetos implicados) si es que la ley los prevé como relevantes para la competencia.
  • La diferencia entre las distintas Salas de la Audiencia Nacional (Penal, Contencioso‑administrativo, Social) y qué asuntos se atribuyen a cada una frente a juzgados y tribunales ordinarios.

Todo esto remite directamente a normas procesales y orgánicas muy concretas (por ejemplo, la regulación de la planta y organización judicial) que aquí no aparecen citadas. Sin esa base documental en las fuentes, no se me permite elaborar un resumen, porque correría el riesgo de ofrecerte una explicación desactualizada o inexacta.

Ámbito en el que sí puedo ayudarte

Aunque no pueda desglosar los requisitos concretos de competencia de la Audiencia Nacional, sí puedo serte útil en cuestiones próximas pero de carácter más político e institucional, por ejemplo:

  • Explicar reformas legales o proyectos de ley que pretendan modificar la organización judicial o las competencias de determinados órganos, siempre que tales reformas aparezcan en las fuentes consultadas.
  • Analizar debates políticos en torno al papel de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional u otros órganos, si esos debates han sido recogidos en noticias o en la actividad parlamentaria.
  • Describir los mecanismos de control de las leyes y decisiones políticas (como el recurso de inconstitucionalidad o la participación ciudadana en la elaboración normativa) cuando esa información sí figura en las fuentes.

En resumen, no puedo darte una respuesta técnica completa sobre los requisitos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional frente a otros tribunales porque las fuentes manejadas no contienen esa regulación y debo evitar aportar datos no respaldados. Para obtener una explicación jurídica precisa, lo más adecuado sería consultar directamente la normativa procesal y orgánica correspondiente (por ejemplo, la regulación de la organización judicial) o materiales doctrinales específicos elaborados por juristas.

¿Qué papel político e institucional tiene hoy la Audiencia Nacional en el sistema judicial español según el debate público reciente? ¿Qué reformas o propuestas políticas se han planteado en los últimos años para cambiar las competencias de la Audiencia Nacional? ¿Cómo se articula políticamente el control de constitucionalidad de las leyes frente al control ordinario que ejercen los tribunales?

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¿Qué órgano judicial asumirá la investigación completa del 'caso Leire Díez'?

Pregunta 1 de 3

¿Quién es el juez que continuará la instrucción del caso tras la inhibición del magistrado Arturo Zamarriego?

Pregunta 2 de 3

¿Qué supuesta acción se investiga en el 'caso Leire Díez'?

Pregunta 3 de 3