Seis personas acusadas de integrar una organización criminal que, desde 2014, explotó sexualmente a mujeres en el club de alterne San Lázaro II, en Santiago, y que además se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, han asumido este viernes penas de entre 5 y dos años y medio de prisión tras reconocer los hechos que se les atribuían.
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, tenía previsto celebrar el juicio de esta causa, en la que la Fiscalía reclamaba inicialmente para los encausados condenas que en conjunto superaban los 30 años de cárcel. Finalmente, la vista no ha llegado a iniciarse al alcanzarse un acuerdo de conformidad entre todas las partes.
De acuerdo con ese pacto, los dos principales acusados han sido condenados a un año y medio de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución forzada que se les imputaban, además de tres años menos un día de cárcel por un delito de tráfico de drogas. A ambos se les ha suspendido la ejecución de la pena durante 5 años siempre que no vuelvan a delinquir, sigan un tratamiento de deshabituación de las drogas y participen en un programa de reeducación sexual.
Por su parte, otros tres encausados han recibido una condena de un año de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución forzada. También en su caso la pena queda en suspenso, condicionada al pago de una multa y a su asistencia a un programa de reeducación sexual.
El sexto condenado ha aceptado una pena de dos años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas. No ingresará en la cárcel si en un plazo de cinco años no comete nuevos delitos y se somete a un tratamiento de deshabituación. El séptimo acusado, que actuaba como gestor del negocio, ha sido absuelto, si bien se ha ordenado el cierre definitivo del local de alterne.
Hechos probados de la explotación y el tráfico de drogas
Según se detalla en el escrito de acusación que los procesados han asumido en la sala, los dos principales acusados, un matrimonio que regentaba el prostíbulo, eran quienes seleccionaban a las mujeres que ejercían la prostitución en el club, supervisaban su actividad y controlaban los ingresos generados tanto por los servicios sexuales como por la venta de droga.
El documento subraya que el grupo se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica, administrativa y personal de las mujeres, algunas de ellas con adicciones a las drogas y con familiares a los que debían enviar dinero en sus países de origen.
Entre las condiciones impuestas, las mujeres estaban obligadas a abonar 30 euros por cada día que acudían al establecimiento y otros cinco euros por cada servicio realizado, en concepto de cambio de sábanas. Además, se les imponían sanciones económicas por llegar tarde, faltar a la jornada o abandonar el club con un cliente al terminar el horario de apertura.
Los acusados también han admitido que en el interior del local se llevaba a cabo la venta de estupefacientes. En distintos registros practicados en domicilios vinculados a la organización, los agentes intervinieron diversas cantidades de dinero que sumaban un total de 40.147,61 euros, procedentes tanto de la explotación sexual de las mujeres como del tráfico de drogas.
Las ganancias obtenidas mediante estas actividades ilícitas se blanqueaban introduciéndolas en el circuito económico legal a través de la compra de numerosas fincas rústicas en el entorno de Santiago, así como de inmuebles en Portugal y de distintos vehículos. Entre los bienes intervenidos figuran dos propiedades inmobiliarias en las localidades portuguesas de Oporto y Vilanova de Gaia, además de un tractor y un turismo de la marca Mercedes.