La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una pena de once años de prisión a un sacerdote por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2022 contra una mujer en situación de especial vulnerabilidad económica y social en el distrito de Puente de Vallecas.
Así se recoge en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se condena a Wooby O. JO como responsable de un delito continuado de agresión sexual.
El fallo declara probado que el condenado, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se valió de su posición en la parroquia para contactar con mujeres inmigrantes que precisaban ayuda económica y un lugar donde vivir.
De acuerdo con la resolución, la víctima principal, una ciudadana colombiana que llegó a España en febrero de 2022, acudió al templo en busca de apoyo tras quedarse sin alojamiento. El sacerdote le ofreció hospedaje en una vivienda anexa a la suya y, con el tiempo, comenzó a dirigirle insinuaciones de carácter sexual.
La Audiencia considera acreditado que el religioso entró en varias ocasiones en la casa utilizando sus propias llaves y la agredió sexualmente, llegando incluso a amenazarla con “darle un tiro” si relataba lo sucedido.
El tribunal concluye que el acusado se aprovechó de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que mantenía respecto a las ayudas tramitadas por una entidad religiosa. Tras los hechos, la víctima fue diagnosticada de trastorno por estrés postraumático.
La sentencia absuelve, no obstante, al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al entender que los episodios descritos —comentarios, insinuaciones o conductas inadecuadas— no alcanzaban entidad penal suficiente.
Junto a la pena de cárcel, la Audiencia fija para el condenado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante doce años, diez años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y dieciocho años de inhabilitación para desempeñar trabajos con menores. Asimismo, deberá abonar a la denunciante una indemnización de 40.000 euros por los daños morales causados.